27 Marzo 2013
AJENOS. Terán -a la cabecera- dijo que la comisión no fue notificada del fallo. PRENSA LEGISLATURA
Aunque la esperaban, la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo obligó a funcionarios y legisladores oficialistas a mantener reuniones informales durante la tarde. Incluso, el fallo tomó por sorpresa al fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, quien se encontraba en Buenos Aires y regresará hoy de urgencia para ponerse al frente de la estrategia judicial de la Provincia.
Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, el gobernador José Alperovich tomó anoche la decisión de recurrir en casación el fallo dictado ayer por los jueces Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek. Esto implicaría, según las previsiones de la Casa de Gobierno, que la comisión de Juicio Político de la Legislatura pueda continuar con el proceso en contra del magistrado Emilio Herrera Molina.
Durante la mañana, los integrantes de ese comité parlamentario se reunieron para analizar los planteos formulados por Eduardo Romero Lascano, otro de los jueces acusados por Susana Trimarco. El presidente de la sala II de la Cámara Penal había solicitado autorización para declarar ante la comisión; sin embargo, su pretensión fue rechazada por el cuerpo, al considerarla sobreabundante. "Estimamos, tanto para el caso de la señora Trimarco como de los acusados, que ya está todo dicho en los escritos. La investigación le corresponde a la comisión, y ya los hemos escuchado", afirmó el vicepresidente de Juicio Político, el legislador alperovichista Guillermo Gassenbauer.
La comisión, paralelamente, denegó un planteo de la Asociación de Magistrados de Tucumán. La presidenta del organismo, Liliana Vitar, pretendía presenciar las audiencias de la comisión legislativa.
El de ayer pudo haber sido el último cónclave del comité antes de reunirse para determinar si acusa a Herrera Molina, Romero Lascano y Alberto Piedrabuena ante el Jurado de Enjuiciamiento. Anoche, el presidente de la comisión, Sisto Terán, aclaró que la Legislatura no fue notificada de ningún incidente judicial. Por lo tanto, expresó, los parlamentarios continuarán con el procedimiento. "Como comisión de Juicio Político no nos corresponde hacer nada. Seguimos con el proceso tal cual estaba previsto", dijo Gassenbauer.
De ahí que, de no mediar alguna disposición judicial en contrario, los legisladores volverán a reunirse el miércoles 3 de abril, después de los feriados de Semana Santa. Ese día resolverían el planteo formulado por Trimarco. La comisión, integrada por 11 legisladores oficialistas y un opositor (Ricardo Bussi), tiene 20 días de plazo para resolver la denuncia, según la ley 8.199, que regula el proceso de remoción de los magistrados no sujetos a juicio político. Ese plazo vencerá, precisamente, el jueves el 4 de abril.
Se necesitan los dos tercios de los votos para elevar la acusación al Jury de Enjuiciamiento.
Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, el gobernador José Alperovich tomó anoche la decisión de recurrir en casación el fallo dictado ayer por los jueces Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek. Esto implicaría, según las previsiones de la Casa de Gobierno, que la comisión de Juicio Político de la Legislatura pueda continuar con el proceso en contra del magistrado Emilio Herrera Molina.
Durante la mañana, los integrantes de ese comité parlamentario se reunieron para analizar los planteos formulados por Eduardo Romero Lascano, otro de los jueces acusados por Susana Trimarco. El presidente de la sala II de la Cámara Penal había solicitado autorización para declarar ante la comisión; sin embargo, su pretensión fue rechazada por el cuerpo, al considerarla sobreabundante. "Estimamos, tanto para el caso de la señora Trimarco como de los acusados, que ya está todo dicho en los escritos. La investigación le corresponde a la comisión, y ya los hemos escuchado", afirmó el vicepresidente de Juicio Político, el legislador alperovichista Guillermo Gassenbauer.
La comisión, paralelamente, denegó un planteo de la Asociación de Magistrados de Tucumán. La presidenta del organismo, Liliana Vitar, pretendía presenciar las audiencias de la comisión legislativa.
El de ayer pudo haber sido el último cónclave del comité antes de reunirse para determinar si acusa a Herrera Molina, Romero Lascano y Alberto Piedrabuena ante el Jurado de Enjuiciamiento. Anoche, el presidente de la comisión, Sisto Terán, aclaró que la Legislatura no fue notificada de ningún incidente judicial. Por lo tanto, expresó, los parlamentarios continuarán con el procedimiento. "Como comisión de Juicio Político no nos corresponde hacer nada. Seguimos con el proceso tal cual estaba previsto", dijo Gassenbauer.
De ahí que, de no mediar alguna disposición judicial en contrario, los legisladores volverán a reunirse el miércoles 3 de abril, después de los feriados de Semana Santa. Ese día resolverían el planteo formulado por Trimarco. La comisión, integrada por 11 legisladores oficialistas y un opositor (Ricardo Bussi), tiene 20 días de plazo para resolver la denuncia, según la ley 8.199, que regula el proceso de remoción de los magistrados no sujetos a juicio político. Ese plazo vencerá, precisamente, el jueves el 4 de abril.
Se necesitan los dos tercios de los votos para elevar la acusación al Jury de Enjuiciamiento.
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