10 Abril 2013
El organismo Amnistía Internacional (AI) salió en apoyo de Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, al cuestionar el fallo que, en diciembre, absolvió a 13 acusados de privar de la libertad y promocionar la prostitución de Marita. Mediante la presentación de un amicus curiae ante la Corte Suprema, Amnistía Internacional señaló: "resulta cuanto menos preocupante que la investigación en el caso Marita Verón haya demorado 10 años y alarmante que, transcurrido ese tiempo, la Justicia no haya podido conocer el paradero de la víctima ni establecer responsabilidades por su desaparición".
El organismo internacional, creado en 1961 y con más de tres millones de adherentes en más de 100 países, realizó la presentación con dos objetivos, según el informe firmado por la letrada Jimena Cuadrado. El primero es "aportar al tribunal bajo cuyo examen se encuentra una disputa judicial de interés público argumentos u opiniones que puedan servir como elementos de juicio"; el segundo, "brindar carácter público a los argumentos empleados frente a una cuestión de interés general decidida por el Poder Judicial, identificando claramente la toma de posición de los grupos interesados".
Según el organismo, en el proceso hubo una serie de derechos vulnerados: el principio de la debida diligencia (el deber de Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos); el principio de la debida diligencia en casos de violencia de género; y aspectos vinculados al delito de trata de personas, general, y de mujeres, en particular. Además, se criticó que la Justicia haya restado valor a la declaración de víctimas-testigos que dijeron haber visto a Marita o escucharon sobre ella. "No deben de interpretarse como contradictorios hechos que en realidad son completamente comprensibles en el marco de testimonios de personas que han sido víctimas de trata, que se encuentran prestando declaración en el marco de un juicio por hechos que han transcurrido 10 años atrás y que, por medio de sus relatos, reviven situaciones traumáticas", afirmó el organismo.
El organismo internacional, creado en 1961 y con más de tres millones de adherentes en más de 100 países, realizó la presentación con dos objetivos, según el informe firmado por la letrada Jimena Cuadrado. El primero es "aportar al tribunal bajo cuyo examen se encuentra una disputa judicial de interés público argumentos u opiniones que puedan servir como elementos de juicio"; el segundo, "brindar carácter público a los argumentos empleados frente a una cuestión de interés general decidida por el Poder Judicial, identificando claramente la toma de posición de los grupos interesados".
Según el organismo, en el proceso hubo una serie de derechos vulnerados: el principio de la debida diligencia (el deber de Estado de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos); el principio de la debida diligencia en casos de violencia de género; y aspectos vinculados al delito de trata de personas, general, y de mujeres, en particular. Además, se criticó que la Justicia haya restado valor a la declaración de víctimas-testigos que dijeron haber visto a Marita o escucharon sobre ella. "No deben de interpretarse como contradictorios hechos que en realidad son completamente comprensibles en el marco de testimonios de personas que han sido víctimas de trata, que se encuentran prestando declaración en el marco de un juicio por hechos que han transcurrido 10 años atrás y que, por medio de sus relatos, reviven situaciones traumáticas", afirmó el organismo.
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