Denuncian vínculos políticos en una concesión

La firma se ocupa de la colocación de cepos

29 Mayo 2013
El conflicto que involucró al concejal macrista Pedro Albornoz Piossek, a personal municipal y a empleados de la empresa Marm Group SRL reavivó el debate en Yerba Buena sobre la concesión del servicio de cepos y traslado de vehículos en esa ciudad.

El lunes, el edil del PRO denunció que su esposa había estacionado el auto -un Fiat Uno decorado con imágenes y los colores del partido- sobre la avenida Aconquija 1.950, en un lugar permitido. "Hace dos semanas que le digo que tenga cuidado, ya que estoy investigando a la empresa Marm Group SRL, dueña de los cepos en Yerba Buena. Estaba seguro de que iba a sufrir alguna represalia por esto. Y así fue", afirmó el concejal. Según su versión, alguien empujó el rodado hacia un sector prohibido; luego, inspectores de Tránsito de la "Ciudad Jardín" le colocaron la traba en la rueda; y, aunque pagó la multa, sostiene que una grúa trató de llevarse el vehículo.

La empresa desembarcó en el municipio el 20 de octubre de 2011, cuando fue habilitada por el Concejo Deliberante -por medio de la Ordenanza Nº 1834- para firmar un contrato y hacerse cargo (por un plazo de 10 años) del reordenamiento del tránsito. Con este fin se la autorizó a colocar cepos y a retirar de la vía pública a los vehículos mal estacionados y, además, se le concedió el servicio de acarreo de los vehículos secuestrados en los controles de alcoholemia. También se facultó a la firma a señalizar la vía pública, previa consulta con la Dirección de Tránsito.

Según concejales opositores de Yerba Buena, lo que llama la atención son las vinculaciones políticas que tendrían socios fundadores de la concesionaria. En el Boletín Oficial de la Provincia Nº 27.337, publicado el 2 de agosto de 2010, se detalla que la sociedad está integrada por cuatro personas. Entre estos particulares figura Luis Enrique Marcoccia, familiar del concejal oficialista Mauricio Marcoccia.

El edil opositor Javier Jantus, (Por Yerba Buena) le dijo a LA GACETA que esta firma fue favorecida políticamente para hacerse cargo del trabajo. "Desde que esta empresa se hizo cargo del servicio se reiteraron los reclamos de los vecinos por la prepotencia con la que se manejan. Pero el municipio está entrampado, porque además de firmar un contrato de concesión por 10 años con esta empresa, se puso una cláusula que indica que el convenio se renueva automáticamente por otros 10 años. Además, si se rescinde el contrato el municipio tiene que pagarle una indemnización equivalente al monto obtenido por las multas que cobró desde que comenzó a prestar el servicio", explicó Jantus.

Además, en la ordenanza se detalló que el pago de las infracciones de tránsito que labre la firma se deben pagar en el Banco Nación. "Cuando te cobran una infracción ni siquiera te entregan una boleta con su correspondiente autorización fiscal. El primo de Marcoccia es uno de los socios de esta empresa y no podemos investigarla porque el Concejo ni siquiera nos recibió los pedidos de informes que solicitamos desde la oposición", concluyó Jantus.

Consultado por este diario, el edil Marcoccia (no era concejal cuando se concesionó el servicio) admitió que Luis Enrique Marcoccia es hijo de un hermano de su abuela. No obstante, negó cualquier vinculación con la empresa. "No tengo nada que ver con esa firma. Mi 'supuesto primo' figura en la formación de esa sociedad (Marm Group SRL) pero la vendió antes de que firmara el convenio con la Municipalidad. Además, pienso que está brindando un buen servicio", se excusó.

Comentarios