Un fiscal acusa a Gils Carbó de encubrir a Báez

BUENOS AIRES.- El fiscal federal Gerardo Di Masi acusó ayer a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; al juez federal Sebastián Casanello y a dos fiscales por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero. Di Masi impulsó una denuncia de la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) contra Gils Carbó, Casanello -el juez que tiene la causa contra Báez- y los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, titulares de la Procuraduría antilavado (Procelac), por tener "un accionar deliberado en el que se intenta frustrar la investigación en curso".

Fuentes judiciales informaron que Di Masi pidió como medidas de prueba copia de la causa contra Báez para determinar si hubo demoras en avanzar en la investigación, por ejemplo en los allanamientos o en el impulso a las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán. Este consideró que la causa se puede encuadrar en los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público y ahora las medidas deben ser resueltas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Carrió presentó una denuncia contra los acusados luego de que Casanello envió a Río Gallegos la causa contra Báez (es por el presunto desmantelamiento de una bóveda en su chacra), que se había iniciado por una presentación de la diputada. La legisladora consideró que con su accionar Casanello quiere "encubrir las conductas criminosas que como se sospecha vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, que incluyen a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández ".

También lo acusó de haber demorado los allanamientos a la financiera SGI, a la que se investiga sobre si realizó el lavado de dinero a favor de Báez, y de no ordenar un allanamiento a un guardamuebles o baulera en Tigre, pedido por Marijuán.

Sobre Gonella y Orsi, a cargo de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la legisladora sostuvo que cuando se inició la causa por lavado no imputaron a Báez y vinculó en esa decisión a Gils Carbó.

Otras irregularidades

La Cámara Federal ordenó reabrir la causa contra Gils Carbó por el presunto nombramiento irregular de fiscales. La Sala I del tribunal revocó la decisión de Casanello de archivar la denuncia contra Gils Carbó y dispuso que se reanude la causa. El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, había pedido reabrir la investigación contra su jefa. Moldes calificó la decisión de Casanello como "prematura". (DyN)

Se jubiló como docente y es dueña de una agencia de turismo

Entre las diversas empresas vinculadas a Lázaro Báez, se encuentra Escaltur, según publicó Clarín.com. La agencia de Turismo nació en 2005, pero tuvo una transferencia de las 200 acciones que la constituyen en el 2007. Las socias que figuran a partir de esa fecha son Andrea Cantín y Norma Calismonte. Ambas mujeres relacionadas con el empresario kirchnerista. Calismonte es la esposa de Báez, con quien tuvo sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Melina y Leandro). Oriunda de Río Gallegos, se jubiló como docente desempeñándome inicialmente como preceptora de un colegio céntrico de la capital de Santa Cruz.

Al igual que su esposo, Calismonte es fiel al perfil bajo que ha caracterizado a la familia. Según detalló el propio Báez, ella vive en la casa de Calle Villarino 126, mientras que él permanece en la chacra. La esposa del empresario figura únicamente como socia de la Agencia de Turismo, pero, según relataron empleados y asiduos clientes, no se la suele ver por allí. "Ojalá toda mi familia pudiera trabajar conmigo" fueron las palabras de Lázaro Báez cuando se le consultó sobre su hijo Martín, quien figura en diversos directorios -tanto de las empresas petroleras, como en algunas constructoras como Loscalzos y del Curto- y a la vez se desempeña como presidente del Club Boca de Río Gallegos. "Es mi hombre de mayor confianza, por supuesto", enfatizó su padre en la primera recorrida por su chacra el jueves pasado.

En cuanto a la empresa de turismo de los Báez, el 8 de marzo de 2007, Jorge Álvarez y su esposa María Josefina Gómez cedieron las acciones a Cantín y Calismonete. En la documentación se especificó que serían las "únicas gerentas, quienes actuarán en forma indistinta". El cambio de sociedad se publicó finalmente en el Boletín Oficial cuando Carlos Sancho llevaba un año a cargo de la gobernación tras la renuncia de Sergio Acevedo.