03 Junio 2013
Pese al compás de espera de 30 días que se acordó entre las autoridades del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) y los gremios (Atepyss y Seipyss) que representan, según afirmaron, al 60% de los empleados del Subsidio de Salud, el titular de Atepyss, Andrés Jaime, criticó algunas decisiones tomadas por la interventora Nelly Ganim.
El sindicalista afirmó que el robo que ocurrió el viernes en una sucursal que el Subsidio tiene en Tafí Viejo pudo haber sido evitado. "Hace seis meses la interventora hizo que se retiren de todas las sucursales de la obra social las guardias privadas y de la Policía. Cuando cuestionamos la medida, dijo que tomó esa decisión por una cuestión presupuestaria", puntualizó. El dirigente también señaló que están conformes con el acuerdo que el Ipsst firmó con el Colegio Médico, que propició un aumento de las prácticas médicas. Pero sostuvo que los incrementos que se dieron para el pago de prestaciones son muy superiores a los que valores que pagan otras obras sociales. "Hubo incrementos en las prestaciones de hasta un 6.000% y no se hizo un estudio detallado de cómo repercutirá esta nueva valoración de prestaciones en las finanzas del Instituto", remarcó.
Por último, se refirió a la objeción interpuesta por el Tribunal de Cuentas al convenio que el Ipsst iba a firmar con la empresa Soremer SA para la contratación del servicio de emergencias médicas para casi 270.000 beneficiarios del seguro escolar. "Deberían haber evaluado las quejas presentadas por lo beneficiarios. Esta empresa no está cumpliendo debidamente con el servicio y le quieren dar un contrato aún más caro", concluyó.
Luego de la reunión que los representantes de ambos gremios y Ganim tuvieron con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, para intentar destrabar una disputa que se originó por el reencasillamiento de 204 empleados del Ipsst, los sindicalistas esperan reunirse hoy o mañana con la interventora. La Secretaria de Trabajo, a cargo de Roberto Jiménez, ya había intervenido en la disputa, pero no consiguió resolver las diferencias.
El sindicalista afirmó que el robo que ocurrió el viernes en una sucursal que el Subsidio tiene en Tafí Viejo pudo haber sido evitado. "Hace seis meses la interventora hizo que se retiren de todas las sucursales de la obra social las guardias privadas y de la Policía. Cuando cuestionamos la medida, dijo que tomó esa decisión por una cuestión presupuestaria", puntualizó. El dirigente también señaló que están conformes con el acuerdo que el Ipsst firmó con el Colegio Médico, que propició un aumento de las prácticas médicas. Pero sostuvo que los incrementos que se dieron para el pago de prestaciones son muy superiores a los que valores que pagan otras obras sociales. "Hubo incrementos en las prestaciones de hasta un 6.000% y no se hizo un estudio detallado de cómo repercutirá esta nueva valoración de prestaciones en las finanzas del Instituto", remarcó.
Por último, se refirió a la objeción interpuesta por el Tribunal de Cuentas al convenio que el Ipsst iba a firmar con la empresa Soremer SA para la contratación del servicio de emergencias médicas para casi 270.000 beneficiarios del seguro escolar. "Deberían haber evaluado las quejas presentadas por lo beneficiarios. Esta empresa no está cumpliendo debidamente con el servicio y le quieren dar un contrato aún más caro", concluyó.
Luego de la reunión que los representantes de ambos gremios y Ganim tuvieron con el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, para intentar destrabar una disputa que se originó por el reencasillamiento de 204 empleados del Ipsst, los sindicalistas esperan reunirse hoy o mañana con la interventora. La Secretaria de Trabajo, a cargo de Roberto Jiménez, ya había intervenido en la disputa, pero no consiguió resolver las diferencias.
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