"La magistratura penal no puede ser un cargo político"

El mediodía se hace siesta en el patio de la renovada Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Atrás queda un debate encendido y prolongadísimo sobre medios de comunicación y libertad de prensa. Enrique Piñeyro (1956, Génova, Italia) participó de la actividad como un alumno más del posgrado dictado en actualización en investigación criminológica. El médico, piloto aerocomercial, actor y cineasta aportó a la discusión el conocimiento del sistema penal que acumuló a partir del estudio de causas emblemáticas en el país como el siniestro del avión de Lapa y "la masacre de Pompeya".

De ese último caso salió un documental, "El rati horror show" (2010), donde Piñeyro expone cómo un ciudadano común, Fernando Carreras, fue condenado a 30 años de prisión sin pruebas (los Tribunales, hace pocas semanas, redujeron la pena a la mitad, pero la causa aún está abierta).

La exposición a la historia de Carreras dejó en Piñeyro la convicción de que nadie puede sentirse a salvo mientras exista un aparato policial-judicial viciado y funcional a intereses espurios. "Para empezar, una magistratura penal no puede ser un cargo político", explica a LA GACETA mientras se encamina a la puerta de salida de la facultad.

- ¿Cuál es el defecto principal del sistema penal?

- El paso de la prueba tasada a la libre convicción de los jueces abrió una puerta a la arbitrariedad. Esto equivale, de algún modo, a autorizar a fabricar certezas de comisión de delito sin base objetiva que fundamente la conclusión. Aquello ocurrió en el caso de Fernando Carreras. No puede funcionar bien un sistema criminal con jueces que fallan por un corporativismo judicial y para protegerse a sí mismos. En la medida en que no mejoremos la calidad de los que firman las sentencias y sigamos pensando que una magistratura penal es un cargo político, estamos fritos.

- ¿Qué papel, entonces, juega la Policía dentro de ese esquema?

- La Policía es el brazo armado de este corporativismo judicial. Es la misma institución la que primero dispara y balea a un ciudadano, y, luego, produce las pruebas periciales y las custodia… Hay una conjunción de fuerzas que, hasta que no sea desarmada, nos expone a todos a terminar como Fernando Carreras. - ¿Por dónde pasa la solución?- La Policía primero tiene que profesionalizarse y estudiar. Debería existir una carrera terciaria que otorgue el título de policía. A mí, por ejemplo, para dejarme usar un bisturí, me obligaron a formarme muchísimo. Y resulta que hay policías que emplean armas aunque no hayan completado la escuela primaria. Segundo punto: la Policía que actúa en un hecho no puede ser la misma que lo investiga. Tiene que haber una institución judicial especializada. Tercer punto: los procesos de selección de magistrados deben ajustarse a Derecho. Uno no puede creer que algunos jueces escriban lo que escriben y no se explica cómo llegaron a sus cargos.

- ¿Qué opina de propuestas como el juicio por jurados?

- En principio estoy a favor, pero no es fácil siendo un hecho lo corrompible que es esta sociedad en todos sus estratos. Hay que ver quién puede ser absolutamente imparcial en circunstancias tan adversas. No sé si estamos preparados para dar ese salto. Me interesaría mucho más buscar magistrados que sean honestos, consecuentes y no respondan a ningún interés político o corporativo.

- ¿La sociedad es consciente de los problemas que usted denuncia?

- No, hasta que no "le pasa" no dimensiona la gravedad del asunto. Por eso martillo tanto, porque somos prevíctimas de una situación que no vivimos. Pero, guarda, porque está escrito en los genes. Con jueces así, tarde o temprano uno termina atrapado en decisiones arbitrarias. Más vale que empecemos a cambiar las cosas ya mismo.

- A 30 años del retorno de la democracia en la Argentina, ¿está en tela de juicio la idea de que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario?

- Esta es la parte más dura: uno puede estar convencido de que alguien es culpable de un hecho ilícito y, sin embargo, que no haya pruebas que sustenten esa responsabilidad. Es difícil tragarse un sapo así. La sociedad puede tolerar un culpable suelto, pero no puede tolerar un inocente preso. Si no hay prueba, no puede haber condena.