20 Septiembre 2013
El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Ese principio inherente a la democracia representativa fue escrutado por autoridades y ponentes de una de las muchas comisiones del XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional "Jorge Carpizo".
La denominación del comité ("Participación ciudadana. Representación y representatividad. Sistemas electorales. Clientelismo en Iberoamérica") presagiaba la lluvia de cuestionamientos y la catarata de propuestas que ayer "inundaron" el salón 9 de Julio del hotel Sheraton.
La intervención más filosa corrió por cuenta de Salvador Nava Gomar, presidente de la comisión y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana. "El clientelismo supone la instrumentalización de la participación política a partir de la permanencia de un estado de exclusión y dependencia", expresó el juez en la comunicación de diez páginas que preparó para el foro.
E insistió que esta práctica, si bien en general es intermitente, opera sobre y reclama para sí condiciones de desigualdad permanentes: "esas relaciones asimétricas generan presión sobre los electores, lo mismo que estímulos para su participación (en el comicio). De esta forma, el voto a cambio de la entrega de bienes, servicios o promesas de apoyos o favores de cualquier índole hace más difícil conocer la 'verdadera' motivación del elector al momento de sufragar". El jurista se animó a decir, inclusive, que los partidos políticos ponen más energía en afinar la práctica "patológica" del clientelismo que en combatirla, aún cuando frecuentemente la denuncien.
Más que un elector
Por ese y muchos otros motivos (entre ellos, la debilidad de los partidos políticos y su vaciamiento ideológico), el voto resulta una voz insuficiente en la democracia contemporánea. Esa conclusión impregnó en mayor o menor medida los discursos de los académicos que intervinieron en la comisión (los textos están disponibles en www.iberoconstitucional.com.ar).
El investigador César Astudillo Reyes, también mexicano, presentó a la candidatura independiente (de los partidos políticos) como alternativa de participación de la ciudadanía en los comicios. "Once países latinoamericanos, entre los que están Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, admiten la libre postulación de los ciudadanos". Astudillo Reyes comentó que el monopolio de los partidos políticos respecto de la presentación de candidaturas para la totalidad de cargos electivos está hoy atemperado, puesto que sólo subsiste en Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay. Y razonó: "la postulación independiente abre una válvula de oxigenación para el sistema democrático en un entorno en el que el ciudadano clama por mayores espacios para el ejercicio de sus derechos".
Una consecuencia del monopolio de candidaturas mencionado es el transfuguismo, fenómeno que fue abordado por María Alejandra Perícola, docente de la Universidad de Buenos Aires."Los representantes portan una representatividad configurada en las urnas sobre la base de la adscripción a un partido político de modo que, cuando el diputado o senador nacional decide unilateralmente no incorporarse al bloque parlamentario que se corresponde con el partido político con el que concurrió a la contienda electoral o, más frecuentemente, abandonar dicho bloque parlamentario e incorporarse a otro, se produce, entonces, una distorsión de aquella representatividad".
El transfuguismo (y la consiguiente proliferación de bloques unipersonales en los poderes legislativos) obliga, según Perícola, a distinguir entre representación y representatividad: "(el filósofo) Eduardo Rinesi explica que la representación consiste en un mecanismo por el cual el pueblo gobierna y delibera por medio de sus representantes mientras que la representatividad es la legitimidad del vínculo entre representante y representado. En función de esta explicación, no toda representación es representativa".
La constatación de las debilidades del voto exige pasar de una concepción estrecha de ciudadanía -asociada con la noción de alistamiento electoral (registro de votantes)- a una ciudadanía amplia fundada en el pleno disfrute de los derechos fundamentales en general, en un espacio público democrático. La reflexión pertenece al constitucionalista brasileño Adriano Sant'Ana Pedra. "El ciudadano no puede reducirse al elector", pregonó. Su colega mexicano Julio Cabrera Dircio completó aquella idea: "los gobernantes están sumergidos en una crisis de legitimidad". Y añadió que, si en algo habían coincidido todos los juristas presentes en el foro, es que la educación del pueblo resulta primordial para generar un orden democrático superador de la desconfianza entre representantes y representados.
La denominación del comité ("Participación ciudadana. Representación y representatividad. Sistemas electorales. Clientelismo en Iberoamérica") presagiaba la lluvia de cuestionamientos y la catarata de propuestas que ayer "inundaron" el salón 9 de Julio del hotel Sheraton.
La intervención más filosa corrió por cuenta de Salvador Nava Gomar, presidente de la comisión y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana. "El clientelismo supone la instrumentalización de la participación política a partir de la permanencia de un estado de exclusión y dependencia", expresó el juez en la comunicación de diez páginas que preparó para el foro.
E insistió que esta práctica, si bien en general es intermitente, opera sobre y reclama para sí condiciones de desigualdad permanentes: "esas relaciones asimétricas generan presión sobre los electores, lo mismo que estímulos para su participación (en el comicio). De esta forma, el voto a cambio de la entrega de bienes, servicios o promesas de apoyos o favores de cualquier índole hace más difícil conocer la 'verdadera' motivación del elector al momento de sufragar". El jurista se animó a decir, inclusive, que los partidos políticos ponen más energía en afinar la práctica "patológica" del clientelismo que en combatirla, aún cuando frecuentemente la denuncien.
Más que un elector
Por ese y muchos otros motivos (entre ellos, la debilidad de los partidos políticos y su vaciamiento ideológico), el voto resulta una voz insuficiente en la democracia contemporánea. Esa conclusión impregnó en mayor o menor medida los discursos de los académicos que intervinieron en la comisión (los textos están disponibles en www.iberoconstitucional.com.ar).
El investigador César Astudillo Reyes, también mexicano, presentó a la candidatura independiente (de los partidos políticos) como alternativa de participación de la ciudadanía en los comicios. "Once países latinoamericanos, entre los que están Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, admiten la libre postulación de los ciudadanos". Astudillo Reyes comentó que el monopolio de los partidos políticos respecto de la presentación de candidaturas para la totalidad de cargos electivos está hoy atemperado, puesto que sólo subsiste en Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Uruguay. Y razonó: "la postulación independiente abre una válvula de oxigenación para el sistema democrático en un entorno en el que el ciudadano clama por mayores espacios para el ejercicio de sus derechos".
Una consecuencia del monopolio de candidaturas mencionado es el transfuguismo, fenómeno que fue abordado por María Alejandra Perícola, docente de la Universidad de Buenos Aires."Los representantes portan una representatividad configurada en las urnas sobre la base de la adscripción a un partido político de modo que, cuando el diputado o senador nacional decide unilateralmente no incorporarse al bloque parlamentario que se corresponde con el partido político con el que concurrió a la contienda electoral o, más frecuentemente, abandonar dicho bloque parlamentario e incorporarse a otro, se produce, entonces, una distorsión de aquella representatividad".
El transfuguismo (y la consiguiente proliferación de bloques unipersonales en los poderes legislativos) obliga, según Perícola, a distinguir entre representación y representatividad: "(el filósofo) Eduardo Rinesi explica que la representación consiste en un mecanismo por el cual el pueblo gobierna y delibera por medio de sus representantes mientras que la representatividad es la legitimidad del vínculo entre representante y representado. En función de esta explicación, no toda representación es representativa".
La constatación de las debilidades del voto exige pasar de una concepción estrecha de ciudadanía -asociada con la noción de alistamiento electoral (registro de votantes)- a una ciudadanía amplia fundada en el pleno disfrute de los derechos fundamentales en general, en un espacio público democrático. La reflexión pertenece al constitucionalista brasileño Adriano Sant'Ana Pedra. "El ciudadano no puede reducirse al elector", pregonó. Su colega mexicano Julio Cabrera Dircio completó aquella idea: "los gobernantes están sumergidos en una crisis de legitimidad". Y añadió que, si en algo habían coincidido todos los juristas presentes en el foro, es que la educación del pueblo resulta primordial para generar un orden democrático superador de la desconfianza entre representantes y representados.
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