21 Septiembre 2013
POLÉMICA. Muchos edificios se habilitan con certificados provisorios. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI (ARCHIVO)
Un proyecto de ordenanza presentado hace días por el concejal José Luis Avignone (UCR) podría profundizar la marcada interna política entre alperovichistas y amayistas. La iniciativa propone ponerle fin a una usanza que durante años provocó dolores de cabeza a propietarios de departamentos. Concretamente, Avignone pretende que las empresas constructoras no puedan hacer entrega de los inmuebles a sus compradores mientras no cuenten con el certificado final de obra, expedido por la Municipalidad capitalina. La propuesta del edil ya cuenta con el aval de algunos concejales amayistas.
El artículo 1° de la iniciativa es contundente: "prohíbase en todo el territorio de San Miguel de Tucumán la entrega de la posesión y/o tenencia, o que por cualquier otro título implique la habitabilidad de los bienes inmuebles de propiedad horizontal que no cuenten con el respectivo certificado de final de obra".
El proyecto de ordenanza prevé también, en su artículo 2°, que las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y cloacas, electricidad, gas natural, telefonía fija, internet y video cable no podrán suministrar sus servicios en aquellos inmuebles que no acrediten la habilitación correspondiente.
"Expuestos"
Actualmente, las empresas constructoras comercializan y habilitan sus inmuebles mediante certificados provisorios. Así lo refleja Avignone en los fundamentos del proyecto.
"Todos sabemos de empresas y particulares que, aprovechando que el municipio no tiene el suficiente poder de policía, venden y permiten la ocupación de personas que no conocen la reglamentación. Quienes viven en departamentos están expuestos a que en cualquier momento ocurra una tragedia de imprevisibles consecuencias, si es que no adoptamos medidas que tiendan a brindar seguridad para aquellas personas que habitan en edificios de propiedad horizontal que no cuentan con el certificado final de obra", planteo el edil. Y agregó: "el estado municipal debe ser el garante de que no ocurra una tragedia. Hay un elevado número de personas que compraron sus departamentos sin el debido certificado final de obra y hoy no puede escriturar, porque quienes vendieron, violaron el Código de Planeamiento Urbano (CPU)".
La iniciativa del opositor ya fue analizada por algunos concejales amayistas, e incluso aseguraron que estarían dispuestos a acompañarla con su voto, una vez que llegue al recinto de sesiones.
Guiño
El presidente de la comisión de Obras Públicas, Oscar Cano, dijo que la idea de Avignone ya viene siendo analizada por una comisión de trabajo encargada de estudiar el tema.
"El proyecto que busca impulsar Avignone ya lo venimos trabajando. Incluso el martes tuve una reunión con el subsecretario de Planeamiento municipal (Luis) Lobo Chaklián, para trabajar en este sentido. Como presidente de la comisión de Obras Públicas formo parte de un grupo de trabajo que se encargará de ver edificio por edificio. Queremos ver si los casos (violaciones al CPU) son leves, graves o muy graves. Tengo desde hace un mes directivas precisas del intendente Domingo Amaya para que trabaje en este sentido. La prioridad es el vecino y no las empresas que, en algunos casos, estafaron a la gente", cuestionó Cano.
Otro amayista, Christian Rodríguez, también ve con buenos ojos el proyecto de ordenanza de su par radical. "Hay que analizarlo bien pero, a priori, no me parece mal el proyecto. Creo que debería contener una mínima salvedad y que es que la disposición no alcanza a sectores de bajos recursos que no tienen dinero para comprar un departamento pero que lograron hacerse una casita. La iniciativa de Avignone no está mal, porque busca prevenir futuros accidentes en edificios", opinó Rodríguez.
Si bien los ediles alperovichistas prefieren todavía no opinar abiertamente sobre la iniciativa, varios ya manifestaron extraoficialmente que el proyecto de ordenanza redundaría en beneficios para inquilinos y propietarios de departamentos. ¿Acompañarán con su voto?.
El artículo 1° de la iniciativa es contundente: "prohíbase en todo el territorio de San Miguel de Tucumán la entrega de la posesión y/o tenencia, o que por cualquier otro título implique la habitabilidad de los bienes inmuebles de propiedad horizontal que no cuenten con el respectivo certificado de final de obra".
El proyecto de ordenanza prevé también, en su artículo 2°, que las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y cloacas, electricidad, gas natural, telefonía fija, internet y video cable no podrán suministrar sus servicios en aquellos inmuebles que no acrediten la habilitación correspondiente.
"Expuestos"
Actualmente, las empresas constructoras comercializan y habilitan sus inmuebles mediante certificados provisorios. Así lo refleja Avignone en los fundamentos del proyecto.
"Todos sabemos de empresas y particulares que, aprovechando que el municipio no tiene el suficiente poder de policía, venden y permiten la ocupación de personas que no conocen la reglamentación. Quienes viven en departamentos están expuestos a que en cualquier momento ocurra una tragedia de imprevisibles consecuencias, si es que no adoptamos medidas que tiendan a brindar seguridad para aquellas personas que habitan en edificios de propiedad horizontal que no cuentan con el certificado final de obra", planteo el edil. Y agregó: "el estado municipal debe ser el garante de que no ocurra una tragedia. Hay un elevado número de personas que compraron sus departamentos sin el debido certificado final de obra y hoy no puede escriturar, porque quienes vendieron, violaron el Código de Planeamiento Urbano (CPU)".
La iniciativa del opositor ya fue analizada por algunos concejales amayistas, e incluso aseguraron que estarían dispuestos a acompañarla con su voto, una vez que llegue al recinto de sesiones.
Guiño
El presidente de la comisión de Obras Públicas, Oscar Cano, dijo que la idea de Avignone ya viene siendo analizada por una comisión de trabajo encargada de estudiar el tema.
"El proyecto que busca impulsar Avignone ya lo venimos trabajando. Incluso el martes tuve una reunión con el subsecretario de Planeamiento municipal (Luis) Lobo Chaklián, para trabajar en este sentido. Como presidente de la comisión de Obras Públicas formo parte de un grupo de trabajo que se encargará de ver edificio por edificio. Queremos ver si los casos (violaciones al CPU) son leves, graves o muy graves. Tengo desde hace un mes directivas precisas del intendente Domingo Amaya para que trabaje en este sentido. La prioridad es el vecino y no las empresas que, en algunos casos, estafaron a la gente", cuestionó Cano.
Otro amayista, Christian Rodríguez, también ve con buenos ojos el proyecto de ordenanza de su par radical. "Hay que analizarlo bien pero, a priori, no me parece mal el proyecto. Creo que debería contener una mínima salvedad y que es que la disposición no alcanza a sectores de bajos recursos que no tienen dinero para comprar un departamento pero que lograron hacerse una casita. La iniciativa de Avignone no está mal, porque busca prevenir futuros accidentes en edificios", opinó Rodríguez.
Si bien los ediles alperovichistas prefieren todavía no opinar abiertamente sobre la iniciativa, varios ya manifestaron extraoficialmente que el proyecto de ordenanza redundaría en beneficios para inquilinos y propietarios de departamentos. ¿Acompañarán con su voto?.
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