08 Diciembre 2013
La documentación que entregó a este diario Participación Cívica (PC) para justificar los $ 84.000 desembolsados por esa bancada -aliada al alperovichismo- en la reforma de 2006 indican que una integrante de ese sector, Cecilia Serra, habría tenido una doble función: por un lado, formó parte de la Convención Constituyente (CC) que habilitó -entre otros cambios- la reelección para cargos ejecutivos y parlamentarios locales; y, por otro, la ex dirigente firmó la recepción de dinero del titular de ese bloque, Carlos Courel, “por retribución (de) servicios de asesoramiento”.
Existen tres documentos que llevan el nombre y otros datos de Serra. En dos de ellos (uno por $ 4.000 del 25 de abril de 2006, y otro por idéntico monto del 12 de mayo de ese año) consta el motivo de la erogación: es decir, la presunta asesoría. En el restante, por un valor de $ 8.000 (de junio de 2006, mes en que finalizó la CC), el apartado donde se debe indicar el concepto del desembolso está en blanco.
Ayer, LA GACETA intentó comunicarse con Serra, que reside en Aguilares y tiene 61 años. Ella no respondió los llamados ni los SMS. En su casa, explicaron que había viajado a esta capital. “Ha ido a ver el torneo de hockey con las amigas, y quizás tiene el celular apagado”, señaló una mujer. Y agregó que hoy la ex dirigente está alejada de la política, y se dedica -sobre todo- a la administración de una empresa familiar en Aguilares.
Erogaciones operativas
En 2006, la CC reformó la Carta Magna que había modificado por última vez el bussismo en la década de los 90. Por impulso del alperovichismo, se sancionó la ley 7.469/04, que estableció los límites y características de la reforma constitucional. En cuanto a los costos, se estableció que el cargo de los convencionales sería ad honórem (es decir, la única retribución por su labor sería el honor de integrar el cuerpo). Se aclaró sin embargo que sí se habilitaban desembolsos para cubrir gastos de funcionamiento de la CC, como contratar asesores, alquilar oficinas, entre otros.
La única fuente de financiamiento oficial, según explicó el Tribunal de Cuentas (TC), era el Poder Ejecutivo (PE), a través del Ministerio de Gobierno y Justicia (MGyJ). En 2006, a través de dos decretos, se destinó un total de $ 1,8 millón. La CC, según explicó la ex convencional amayista Beatriz Ávila, aprobó la rendición de esas erogaciones en la última sesión, el 6 de junio de ese año, en “paquete” con otras resoluciones, y sin que se brindaran detalles. El encargado de la administración de los recursos para fines administrativos era el presidente de la Convención Constituyente, Juan Manzur, vicegobernador tucumano en uso de licencia y actual ministro de Salud de la Nación. En el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007, el gobernador, José Alperovich, avaló aquel trámite administrativo. El Tribunal de Cuentas (TC), al realizar los informes de las Cuentas de Inversión 2006 y 2007, no realizó observaciones al respecto. Los gastos, finalmente, fueron aprobados por la Legislatura, por el paso del tiempo sin tratamiento, en 2009 y 2010.
En las últimas semanas, salieron a la luz recibos de la CC. Entre ellos, aparecían comprobantes que llevaban el nombre de Courel y sumaban $ 84.000. El ex dirigente visitó LA GACETA para dar su versión y señaló que esos fondos se usaron para asesores de PC, bloque que integraba junto a Serra, Osvaldo Morelli y Roberto Martínez Zavalía. “Traigo los recibos que yo, como presidente del (bloque del) partido, hacía firmar a los miembros. Ahí (en el margen derecho inferior del papel) están las firmas de la persona (que se contrató), y abajo el nombre del convencional con el cual trabajaba”, describió Courel en esa ocasión.
Estos papeles permitieron conocer que José Enrique Salica, chofer de Morelli (ya era entonces intendente de Concepción) aparecía en recibos, con su nombre, firma y DNI, por brindar servicios de asesoramiento. En total, el monto llegaba a $ 32.000. “Yo, la verdad, no sabía de esta cosa”, dijo, preocupado, el chofer del jefe municipal.
Contrariamente a Salica, hasta ahora Serra no respondió los llamados y SMS de este diario. “Necesitamos realizarle una consulta sobre los gastos en la reforma. Hay recibos por $ 16.000. Esperamos su llamada”, fue el último mensaje que le envió un cronista a Serra, cerca de las 18, al número de teléfono que habían provisto desde su casa.
El caso de la CC suma así un nuevo interrogante. Porque, según la documentación aportada por la propia bancada de PC, Serra firmó recibos por “retribución servicios de asesoramiento”. La suma es bastante más alta que los comprobantes firmados por otro asesor de esa bancada, Fernando Ganami, quien puso su rúbrica en tres papeles, por un total de $ 6.000, “en concepto de retribución por servicios de asesoramiento”, según los datos.
Existen tres documentos que llevan el nombre y otros datos de Serra. En dos de ellos (uno por $ 4.000 del 25 de abril de 2006, y otro por idéntico monto del 12 de mayo de ese año) consta el motivo de la erogación: es decir, la presunta asesoría. En el restante, por un valor de $ 8.000 (de junio de 2006, mes en que finalizó la CC), el apartado donde se debe indicar el concepto del desembolso está en blanco.
Ayer, LA GACETA intentó comunicarse con Serra, que reside en Aguilares y tiene 61 años. Ella no respondió los llamados ni los SMS. En su casa, explicaron que había viajado a esta capital. “Ha ido a ver el torneo de hockey con las amigas, y quizás tiene el celular apagado”, señaló una mujer. Y agregó que hoy la ex dirigente está alejada de la política, y se dedica -sobre todo- a la administración de una empresa familiar en Aguilares.
Erogaciones operativas
En 2006, la CC reformó la Carta Magna que había modificado por última vez el bussismo en la década de los 90. Por impulso del alperovichismo, se sancionó la ley 7.469/04, que estableció los límites y características de la reforma constitucional. En cuanto a los costos, se estableció que el cargo de los convencionales sería ad honórem (es decir, la única retribución por su labor sería el honor de integrar el cuerpo). Se aclaró sin embargo que sí se habilitaban desembolsos para cubrir gastos de funcionamiento de la CC, como contratar asesores, alquilar oficinas, entre otros.
La única fuente de financiamiento oficial, según explicó el Tribunal de Cuentas (TC), era el Poder Ejecutivo (PE), a través del Ministerio de Gobierno y Justicia (MGyJ). En 2006, a través de dos decretos, se destinó un total de $ 1,8 millón. La CC, según explicó la ex convencional amayista Beatriz Ávila, aprobó la rendición de esas erogaciones en la última sesión, el 6 de junio de ese año, en “paquete” con otras resoluciones, y sin que se brindaran detalles. El encargado de la administración de los recursos para fines administrativos era el presidente de la Convención Constituyente, Juan Manzur, vicegobernador tucumano en uso de licencia y actual ministro de Salud de la Nación. En el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007, el gobernador, José Alperovich, avaló aquel trámite administrativo. El Tribunal de Cuentas (TC), al realizar los informes de las Cuentas de Inversión 2006 y 2007, no realizó observaciones al respecto. Los gastos, finalmente, fueron aprobados por la Legislatura, por el paso del tiempo sin tratamiento, en 2009 y 2010.
En las últimas semanas, salieron a la luz recibos de la CC. Entre ellos, aparecían comprobantes que llevaban el nombre de Courel y sumaban $ 84.000. El ex dirigente visitó LA GACETA para dar su versión y señaló que esos fondos se usaron para asesores de PC, bloque que integraba junto a Serra, Osvaldo Morelli y Roberto Martínez Zavalía. “Traigo los recibos que yo, como presidente del (bloque del) partido, hacía firmar a los miembros. Ahí (en el margen derecho inferior del papel) están las firmas de la persona (que se contrató), y abajo el nombre del convencional con el cual trabajaba”, describió Courel en esa ocasión.
Estos papeles permitieron conocer que José Enrique Salica, chofer de Morelli (ya era entonces intendente de Concepción) aparecía en recibos, con su nombre, firma y DNI, por brindar servicios de asesoramiento. En total, el monto llegaba a $ 32.000. “Yo, la verdad, no sabía de esta cosa”, dijo, preocupado, el chofer del jefe municipal.
Contrariamente a Salica, hasta ahora Serra no respondió los llamados y SMS de este diario. “Necesitamos realizarle una consulta sobre los gastos en la reforma. Hay recibos por $ 16.000. Esperamos su llamada”, fue el último mensaje que le envió un cronista a Serra, cerca de las 18, al número de teléfono que habían provisto desde su casa.
El caso de la CC suma así un nuevo interrogante. Porque, según la documentación aportada por la propia bancada de PC, Serra firmó recibos por “retribución servicios de asesoramiento”. La suma es bastante más alta que los comprobantes firmados por otro asesor de esa bancada, Fernando Ganami, quien puso su rúbrica en tres papeles, por un total de $ 6.000, “en concepto de retribución por servicios de asesoramiento”, según los datos.
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