Por Fernando Stanich
09 Diciembre 2013
Temeroso como nunca se lo vio, el alperovichismo aspira a controlar 2014 para llegar con aire a 2015, el año que deparará una despedida armónica para José Alperovich o el colapso del oficialismo doméstico.
Como las revueltas policiales de la última semana, que saltaron de provincia en provincia, en Casa de Gobierno temen que los alzamientos dirigenciales en capital y el interior se reproduzcan uno tras otro. Por eso los alperovichistas más fanatizados comenzaron a pergeñar mecanismos que le aseguren al mandatario el dominio del poder territorial. En tiempos en los que cada vez le resulta más difícil imponer su voluntad, el gobernador echará mano a la herramienta sobre la que cimentó su doctrina política: la billetera. Sin independencia económica, no habrá margen de maniobra, razonan en el PE. En eso se basa el plan que el oficialismo de entrecasa diseña para mantener a raya a los 19 intendentes y los 93 delegados comunales.
El Gobierno no expulsará a ningún municipio del Pacto Social, ese sistema que le permitió al gobernador, a lo largo de una década, tener a los intendentes en un puño. Sin embargo, sí habrá un aggiornamiento del convenio, que seguramente aprobará la Legislatura en la última sesión del año. En un reconocimiento inédito de su estado de flaqueza política, el oficialismo diseña un modelo de renovación mensual y sujeto a revisión del Pacto Social. En estos 10 años, el acuerdo que firmaron los jefes municipales y el gobernador fue anual: en enero de cada período se fijaron los montos fijos de aportes que, cada 30 días, giró la Provincia a los gobiernos locales para el pago de sueldos. Esta vez, con la excusa de que en el PE desconocen cómo se presentará económicamente el 2014, gana terreno la idea de ajustar las clavijas del Pacto Social, por municipio, cada mes. Esto, en términos políticos, implica dotar al gobernador de un oído más para escuchar si los intendentes afinan o desafinan con su gestión.
Por supuesto, en el Gobierno sostienen que esta versión posmoderna del anticuado Pacto Social no tiene como fin sujetar a los intendentes díscolos, como el capitalino Domingo Amaya o el famaillense Juan Enrique Orellana. En el PE juran que sólo buscan -noblemente- el autofinanciamieno y la autonomía de los municipios. Pero este nuevo sistema, de imponerse, acrecentará la presencia del Ejecutivo en las intendencias: cada mes, los jefes municipales deberían renegociar las pautas del convenio con la Provincia, pasando por “ventanilla” de Casa de Gobierno.
Lo que se avecina es un año en el que Alperovich quiere ver, cara a cara, todos los meses, a los que intenten desafiar su poder.
El juego de las diferencias
A juzgar por los últimos comportamientos, se podría concluir que la diferencia más notoria entre los radicales y los peronistas tucumanos es la culpa. Porque las actitudes son similares, lo único que varía es que en el justicialismo no reniegan de sus fechorías, mientras que en el centenario partido se preocupan aún por mantener las formas.
Silvia Elías de Pérez se apresta a legitimar las candidaturas testimoniales en la provincia. Hasta aquí, esa burla al electorado era patrimonio exclusivo del alperovichismo. Pero la radical se irá de Diputados sin siquiera haber elegido oficina, para así cumplir con el compromiso de José Cano de mantener a Juan Casañas en la Cámara Baja. Como el oficialismo con Juan Manzur, ya devenido testimonial serial, el radicalismo priorizó los acuerdos entre cúpulas antes que el compromiso asumido con la sociedad. Al fin y al cabo, si al alperovichismo le fue bien durante 10 años con esa teoría, ¿por qué a ellos debería irles mal ahora?
Como las revueltas policiales de la última semana, que saltaron de provincia en provincia, en Casa de Gobierno temen que los alzamientos dirigenciales en capital y el interior se reproduzcan uno tras otro. Por eso los alperovichistas más fanatizados comenzaron a pergeñar mecanismos que le aseguren al mandatario el dominio del poder territorial. En tiempos en los que cada vez le resulta más difícil imponer su voluntad, el gobernador echará mano a la herramienta sobre la que cimentó su doctrina política: la billetera. Sin independencia económica, no habrá margen de maniobra, razonan en el PE. En eso se basa el plan que el oficialismo de entrecasa diseña para mantener a raya a los 19 intendentes y los 93 delegados comunales.
El Gobierno no expulsará a ningún municipio del Pacto Social, ese sistema que le permitió al gobernador, a lo largo de una década, tener a los intendentes en un puño. Sin embargo, sí habrá un aggiornamiento del convenio, que seguramente aprobará la Legislatura en la última sesión del año. En un reconocimiento inédito de su estado de flaqueza política, el oficialismo diseña un modelo de renovación mensual y sujeto a revisión del Pacto Social. En estos 10 años, el acuerdo que firmaron los jefes municipales y el gobernador fue anual: en enero de cada período se fijaron los montos fijos de aportes que, cada 30 días, giró la Provincia a los gobiernos locales para el pago de sueldos. Esta vez, con la excusa de que en el PE desconocen cómo se presentará económicamente el 2014, gana terreno la idea de ajustar las clavijas del Pacto Social, por municipio, cada mes. Esto, en términos políticos, implica dotar al gobernador de un oído más para escuchar si los intendentes afinan o desafinan con su gestión.
Por supuesto, en el Gobierno sostienen que esta versión posmoderna del anticuado Pacto Social no tiene como fin sujetar a los intendentes díscolos, como el capitalino Domingo Amaya o el famaillense Juan Enrique Orellana. En el PE juran que sólo buscan -noblemente- el autofinanciamieno y la autonomía de los municipios. Pero este nuevo sistema, de imponerse, acrecentará la presencia del Ejecutivo en las intendencias: cada mes, los jefes municipales deberían renegociar las pautas del convenio con la Provincia, pasando por “ventanilla” de Casa de Gobierno.
Lo que se avecina es un año en el que Alperovich quiere ver, cara a cara, todos los meses, a los que intenten desafiar su poder.
El juego de las diferencias
A juzgar por los últimos comportamientos, se podría concluir que la diferencia más notoria entre los radicales y los peronistas tucumanos es la culpa. Porque las actitudes son similares, lo único que varía es que en el justicialismo no reniegan de sus fechorías, mientras que en el centenario partido se preocupan aún por mantener las formas.
Silvia Elías de Pérez se apresta a legitimar las candidaturas testimoniales en la provincia. Hasta aquí, esa burla al electorado era patrimonio exclusivo del alperovichismo. Pero la radical se irá de Diputados sin siquiera haber elegido oficina, para así cumplir con el compromiso de José Cano de mantener a Juan Casañas en la Cámara Baja. Como el oficialismo con Juan Manzur, ya devenido testimonial serial, el radicalismo priorizó los acuerdos entre cúpulas antes que el compromiso asumido con la sociedad. Al fin y al cabo, si al alperovichismo le fue bien durante 10 años con esa teoría, ¿por qué a ellos debería irles mal ahora?
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