12 Diciembre 2013
CIUDAD DE MÉXICO- El Senado de México aprobó la reforma energética del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, uno de los principales proyectos de su gobierno, que permitirá contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. La reforma modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética y ahora deberá pasar a estudio de la Cámara de Diputados, donde el gobierno busca que sea aprobada antes del 15 de diciembre, cuando acaba el periodo legislativo.
El texto de la reforma indica que podrán realizarse “actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria”. La reforma mantiene lo establecido en el artículo 27 respecto a que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
Además, establece que dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, que deberán pagarse en efectivo; de utilidad o producción compartida, que deberán pagarse con un porcentaje de utilidad; o de licencia.
La reforma saca del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato y establece que éste deberá conformarse con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Energía, quien presidirá el órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco consejeros independientes.
Asimismo, crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la renta petrolera. La reforma prevé establecer la forma y plazos, que no podrán exceder dos años a partir de la publicación del decreto, para que los organismos descentralizados Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado.
En materia de energía busca el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la CFE y de particulares, además de fortaler las facultades del Estado para regular el desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de interconexión, tarifas, servicio universal y electrificación. Peña Nieto calificó como “trascendental” la decisión de Senado e indicó que la reforma “permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años”. “La reforma permitirá que el sector energético impulse el desarrollo industrial y regional del país”, señaló el mandatario.
El gobierno logró el respaldo del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), más allá de la oposición de la izquierda que la considera una iniciativa “privatizadora”. Durante la última sesión de discusiones, que tardó cerca de 20 horas, senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomaron en más de una ocasión la tribuna del Senado para evitar su aprobación. El PRD realiza desde el lunes una manifestación de 75 horas en el emblemático Monumento del Ángel de la Independencia con la que busca “concientizar” a la ciudadanía para unirse a su defensa del petróleo. La izquierda pide al gobierno que se realice una consulta popular en la que se pregunte a los mexicanos si están de acuerdo con la reforma energética. Los hidrocarburos fueron nacionalizados en 1938. (DPA)
El texto de la reforma indica que podrán realizarse “actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria”. La reforma mantiene lo establecido en el artículo 27 respecto a que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación.
Además, establece que dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, que deberán pagarse en efectivo; de utilidad o producción compartida, que deberán pagarse con un porcentaje de utilidad; o de licencia.
La reforma saca del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato y establece que éste deberá conformarse con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Energía, quien presidirá el órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco consejeros independientes.
Asimismo, crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la renta petrolera. La reforma prevé establecer la forma y plazos, que no podrán exceder dos años a partir de la publicación del decreto, para que los organismos descentralizados Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado.
En materia de energía busca el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la CFE y de particulares, además de fortaler las facultades del Estado para regular el desarrollo del sector e imponer a los participantes obligaciones de interconexión, tarifas, servicio universal y electrificación. Peña Nieto calificó como “trascendental” la decisión de Senado e indicó que la reforma “permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años”. “La reforma permitirá que el sector energético impulse el desarrollo industrial y regional del país”, señaló el mandatario.
El gobierno logró el respaldo del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), más allá de la oposición de la izquierda que la considera una iniciativa “privatizadora”. Durante la última sesión de discusiones, que tardó cerca de 20 horas, senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) tomaron en más de una ocasión la tribuna del Senado para evitar su aprobación. El PRD realiza desde el lunes una manifestación de 75 horas en el emblemático Monumento del Ángel de la Independencia con la que busca “concientizar” a la ciudadanía para unirse a su defensa del petróleo. La izquierda pide al gobierno que se realice una consulta popular en la que se pregunte a los mexicanos si están de acuerdo con la reforma energética. Los hidrocarburos fueron nacionalizados en 1938. (DPA)
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