20 Marzo 2014
El rechazo al proyecto de ley que promueve de manera personal el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, y que propicia beneficios fiscales a bebidas que utilicen mosto de la uva como endulzante, adquirió mayor magnitud ayer en Tucumán. Es más, hizo coincidir a los referentes políticos del oficialismo y de la oposición, aunque hubo además criticas al Gobierno ante el avance de la iniciativa cuyana.
También generó la reacción de un funcionario del gobierno mendocino, de un diputado nacional (FPV) de esa región que impulsa el proyecto oficial, y de los productores viñateros, quienes intentaron poner paños fríos al choque de intereses entre las provincias azucareras y las vitivinícola.
La puja se potenció con la intervención del gobernador tucumano, José Alperovich, quien el martes se reunió con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y le solicitó que “frene” el proyecto que ya tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados nacional.
“Vamos a defender con firmeza a la industria azucarera, pero la discusión no puede quedar limitada al archivo de un proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo desde Mendoza y San Juan. Es la oportunidad histórica para que José Alperovich se ponga al frente de un reclamo por cambios en una política económica que jaquea a las economías regionales”, dijo el diputado por Tucumán (UCR), José Cano.
El referente del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) le reclamó al gobernador que sostenga su compromiso para con toda la producción tucumana. “Hay que actuar con firmeza para empezar a revertir las distorsiones que genera un modelo económico en el que se castiga a las economías regionales. La Nación intentó apaciguar las crisis de los azucareros con subsidios que llegaron tarde y mal, pero siempre negó el origen del problema. Reclamamos un cambio de rumbo para frenar la caída económica de miles de productores”, concluyó.
Legisladores provinciales bajo la línea de Alperovich presentaron un proyecto de Declaración en el que calificaron de una “triste batalla de economías regionales” a la puja en el Congreso por la iniciativa tributaria. Solicitaron el rechazo y el pronunciamiento del Parlamento a favor de la agroindustria azucarera, requerimiento se extendió a los diputados y senadores nacionales por Tucumán.
En Mendoza, el diputado nacional por el FPV, Guillermo Carmona, hizo hincapié en que la polémica surgió porque, inicialmente, no estaba considerado el uso del azúcar como un endulzante (natural), según publicó el diario El Sol On Line.
El ministro de Agroindustria de esa provincia, Marcelo Barg, negó que el proyecto pueda causar perjuicio a las provincias azucareras. “No se trata de ir contra los intereses de ellos; no es en contra del azúcar, para nada; queremos consensuar para que noten que no se verán afectados por la ley, porque no es vestir un santo para desvestir a otro”, indicó.
La prensa cuyana también se hizo eco de la versión empresarial. El vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Angel Leotta, ratificó su respaldo al proyecto de ley y expresó que la normativa no perjudicaría a ninguna economía regional en caso de aprobarse. El empresario sostuvo que el proyecto habilita la posibilidad de edulcorar las gaseosas con jugos concentrados de frutas y que no prohibe que se continúe utilizando el jarabe de alta fructosa, que “elabora el ingenio Ledesma en Tucumán (-sic- esa fábrica está en Jujuy)”. “La mayoría de la producción que realiza esa empresa se vende al exterior”, comentó.
El proyecto establece la modificación del artículo 26 de la Ley de Impuestos Internos (24.674), con lo que se elevará de un 8% a un 28% el tributo sobre las bebidas analcohólicas, gaseosas o no, entre las que se encuentran las que se elaboran con azúcar, y reducir el gravamen para las que usen el subproducto de la uva o la manzana, del 4% al 2,8%. El texto fue modificado luego y fijó una reducción de ese 28% a un 26% para las bebidas analcohólicas, gasificadas o no, edulcoradas en un 9% (como mínimo) con jugos o zumos de frutas concentrados. Esa condición implicaría la salida del mercado de más de 100.000 toneladas de azúcar y el ingreso de 50.000 toneladas de mosto de uva.
También generó la reacción de un funcionario del gobierno mendocino, de un diputado nacional (FPV) de esa región que impulsa el proyecto oficial, y de los productores viñateros, quienes intentaron poner paños fríos al choque de intereses entre las provincias azucareras y las vitivinícola.
La puja se potenció con la intervención del gobernador tucumano, José Alperovich, quien el martes se reunió con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y le solicitó que “frene” el proyecto que ya tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados nacional.
“Vamos a defender con firmeza a la industria azucarera, pero la discusión no puede quedar limitada al archivo de un proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo desde Mendoza y San Juan. Es la oportunidad histórica para que José Alperovich se ponga al frente de un reclamo por cambios en una política económica que jaquea a las economías regionales”, dijo el diputado por Tucumán (UCR), José Cano.
El referente del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) le reclamó al gobernador que sostenga su compromiso para con toda la producción tucumana. “Hay que actuar con firmeza para empezar a revertir las distorsiones que genera un modelo económico en el que se castiga a las economías regionales. La Nación intentó apaciguar las crisis de los azucareros con subsidios que llegaron tarde y mal, pero siempre negó el origen del problema. Reclamamos un cambio de rumbo para frenar la caída económica de miles de productores”, concluyó.
Legisladores provinciales bajo la línea de Alperovich presentaron un proyecto de Declaración en el que calificaron de una “triste batalla de economías regionales” a la puja en el Congreso por la iniciativa tributaria. Solicitaron el rechazo y el pronunciamiento del Parlamento a favor de la agroindustria azucarera, requerimiento se extendió a los diputados y senadores nacionales por Tucumán.
En Mendoza, el diputado nacional por el FPV, Guillermo Carmona, hizo hincapié en que la polémica surgió porque, inicialmente, no estaba considerado el uso del azúcar como un endulzante (natural), según publicó el diario El Sol On Line.
El ministro de Agroindustria de esa provincia, Marcelo Barg, negó que el proyecto pueda causar perjuicio a las provincias azucareras. “No se trata de ir contra los intereses de ellos; no es en contra del azúcar, para nada; queremos consensuar para que noten que no se verán afectados por la ley, porque no es vestir un santo para desvestir a otro”, indicó.
La prensa cuyana también se hizo eco de la versión empresarial. El vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), Angel Leotta, ratificó su respaldo al proyecto de ley y expresó que la normativa no perjudicaría a ninguna economía regional en caso de aprobarse. El empresario sostuvo que el proyecto habilita la posibilidad de edulcorar las gaseosas con jugos concentrados de frutas y que no prohibe que se continúe utilizando el jarabe de alta fructosa, que “elabora el ingenio Ledesma en Tucumán (-sic- esa fábrica está en Jujuy)”. “La mayoría de la producción que realiza esa empresa se vende al exterior”, comentó.
El proyecto establece la modificación del artículo 26 de la Ley de Impuestos Internos (24.674), con lo que se elevará de un 8% a un 28% el tributo sobre las bebidas analcohólicas, gaseosas o no, entre las que se encuentran las que se elaboran con azúcar, y reducir el gravamen para las que usen el subproducto de la uva o la manzana, del 4% al 2,8%. El texto fue modificado luego y fijó una reducción de ese 28% a un 26% para las bebidas analcohólicas, gasificadas o no, edulcoradas en un 9% (como mínimo) con jugos o zumos de frutas concentrados. Esa condición implicaría la salida del mercado de más de 100.000 toneladas de azúcar y el ingreso de 50.000 toneladas de mosto de uva.
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