29 Marzo 2014
BUENOS AIRES.- El juez federal Norberto Oyarbide y el subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, comenzarán a ser investigados judicialmente por el polémico allanamiento a una financiera, que el magistrado frenó luego de recibir un llamado del funcionario.
Según fuentes judiciales, el fiscal Ramiro González resolvió investigar a Oyarbide y a Liuzzi en el marco de una denuncia que presentaron diputados de la UCR por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento.
El fiscal le solicitó al juez Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa, entre ellas el organigrama de funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, y los teléfonos que cada uno tiene asignados.
Ocurre que Oyarbide reconoció que el 19 de diciembre Liuzzi lo llamó para decirle que se estaban cometiendo irregularidades en el allanamiento que había ordenado en la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi, tras lo cual suspendió el procedimiento.
Es que Greppi llamó a varias personas hasta dar con Liuzzi, amigo suyo, a quien le aseguró que en el procedimiento la Policía estaba maltratando al personal y pidiendo coimas. El juez dijo que lo hizo ante “tan confiable fuente”.
“Es llamativo que un magistrado reciba llamados telefónicos de funcionarios del Ejecutivo en donde se le hacen sugerencias sobre una causa judicial. La receptividad de Oyarbide presupone un trato previo ya que, de lo contrario, no se explica cómo confió en la veracidad del autor del llamado y no supuso que podría ser un impostor”, sostiene la denuncia que dio impulso a la investigación, presentada por los diputados radicales Manuel Garrido y Mario Negri y por el senador tucumano José Cano.
Oyarbide había tramitado en 2012 una causa contra Liuzzi por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública que archivó, la cual se negó a reabrir recientemente ante el pedido del fiscal Patricio Evers.
El fiscal González y el juez Rodríguez también tienen a su cargo la investigación de los oficiales de la Policía Federal que hicieron el allanamiento en Propyme, a los que Greppi acusó de pedir U$S 300.000 en nombre del juez para no hacer el procedimiento. En esa causa el fiscal amplió la investigación e imputó ayer a 19 oficiales de la DIFOC, y solicitó sus legajos . (DyN)
Según fuentes judiciales, el fiscal Ramiro González resolvió investigar a Oyarbide y a Liuzzi en el marco de una denuncia que presentaron diputados de la UCR por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento.
El fiscal le solicitó al juez Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa, entre ellas el organigrama de funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini, y los teléfonos que cada uno tiene asignados.
Ocurre que Oyarbide reconoció que el 19 de diciembre Liuzzi lo llamó para decirle que se estaban cometiendo irregularidades en el allanamiento que había ordenado en la mutual Propyme, propiedad de Guillermo Greppi, tras lo cual suspendió el procedimiento.
Es que Greppi llamó a varias personas hasta dar con Liuzzi, amigo suyo, a quien le aseguró que en el procedimiento la Policía estaba maltratando al personal y pidiendo coimas. El juez dijo que lo hizo ante “tan confiable fuente”.
“Es llamativo que un magistrado reciba llamados telefónicos de funcionarios del Ejecutivo en donde se le hacen sugerencias sobre una causa judicial. La receptividad de Oyarbide presupone un trato previo ya que, de lo contrario, no se explica cómo confió en la veracidad del autor del llamado y no supuso que podría ser un impostor”, sostiene la denuncia que dio impulso a la investigación, presentada por los diputados radicales Manuel Garrido y Mario Negri y por el senador tucumano José Cano.
Oyarbide había tramitado en 2012 una causa contra Liuzzi por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública que archivó, la cual se negó a reabrir recientemente ante el pedido del fiscal Patricio Evers.
El fiscal González y el juez Rodríguez también tienen a su cargo la investigación de los oficiales de la Policía Federal que hicieron el allanamiento en Propyme, a los que Greppi acusó de pedir U$S 300.000 en nombre del juez para no hacer el procedimiento. En esa causa el fiscal amplió la investigación e imputó ayer a 19 oficiales de la DIFOC, y solicitó sus legajos . (DyN)
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