04 Abril 2014
La ley N° 7.240, conocida como “Ley de Rinoscopías”, no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo (PE), pese a haber sido sancionada por la Cámara en 2001. Ante las insistencias de la oposición y de un legislador massista porque se aplique la norma, un grupo de parlamentarios decidió someterse a un examen de detección de droga en orina (DDO) en un centro público.
Se trata de los siete integrantes de la comisión de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones. “De forma voluntaria, todos los miembros nos realizaremos ese estudio. No hemos fijado fecha, porque queremos ir todos juntos, pero la idea es efectuarlo la próxima semana”, adelantó Graciela Suárez de Cano (PJ), presidenta del equipo parlamentario.
La propuesta surgió de la oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo, integrante del comité, durante una reunión celebrada ayer en la Legislatura con el secretario de Prevención de las Adicciones del Gobierno provincial, Lucas Haurigot Posse. Suárez de Cano destacó que durante la charla, el funcionario (reemplazó el mes pasado a Alfredo Miroli, quien había renunciado a ese puesto) expuso algunos de sus planes de trabajo. “Vino a presentar sus ideas, que me gustaron mucho. Contó que va a trabajar en los territorios; no se va a quedar en la oficina. Explicó que apuntará a las familias y a la comunidad, con una labor en etapas, muy interesante”, apuntó la esposa de Ramón Santiago Cano, presidente del Concejo Deliberante capitalino.
En esa charla, Bordinaro de Peluffo propuso que todos los miembros del comité se sometan al examen de DDO. El grupo de trabajo está integrado además por la alperovichista Sara Noemí Correa (vice); el radical Federico Romano Norri (secretario); los oficialistas Gregorio García Biagosch, Regino Racedo, y Ricardo Bussi (FR).
José Páez (DC) llevó a la Justicia el pedido para que el PE reglamente la ley N° 7.240, que condiciona el ejercicio de la función pública a un estudio antidrogas. Hasta ahora superaron el narcotest el propio Páez, el radical Ariel García y el titular subrogante del cuerpo, Regino Amado. El massista José Teri también anunció que lo concretará.
Se trata de los siete integrantes de la comisión de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones. “De forma voluntaria, todos los miembros nos realizaremos ese estudio. No hemos fijado fecha, porque queremos ir todos juntos, pero la idea es efectuarlo la próxima semana”, adelantó Graciela Suárez de Cano (PJ), presidenta del equipo parlamentario.
La propuesta surgió de la oficialista Beatriz Bordinaro de Peluffo, integrante del comité, durante una reunión celebrada ayer en la Legislatura con el secretario de Prevención de las Adicciones del Gobierno provincial, Lucas Haurigot Posse. Suárez de Cano destacó que durante la charla, el funcionario (reemplazó el mes pasado a Alfredo Miroli, quien había renunciado a ese puesto) expuso algunos de sus planes de trabajo. “Vino a presentar sus ideas, que me gustaron mucho. Contó que va a trabajar en los territorios; no se va a quedar en la oficina. Explicó que apuntará a las familias y a la comunidad, con una labor en etapas, muy interesante”, apuntó la esposa de Ramón Santiago Cano, presidente del Concejo Deliberante capitalino.
En esa charla, Bordinaro de Peluffo propuso que todos los miembros del comité se sometan al examen de DDO. El grupo de trabajo está integrado además por la alperovichista Sara Noemí Correa (vice); el radical Federico Romano Norri (secretario); los oficialistas Gregorio García Biagosch, Regino Racedo, y Ricardo Bussi (FR).
José Páez (DC) llevó a la Justicia el pedido para que el PE reglamente la ley N° 7.240, que condiciona el ejercicio de la función pública a un estudio antidrogas. Hasta ahora superaron el narcotest el propio Páez, el radical Ariel García y el titular subrogante del cuerpo, Regino Amado. El massista José Teri también anunció que lo concretará.
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