05 Abril 2014
La llamada “Ley de Rinoscopías”, sancionada en 2001 y promulgada en 2002, pero sin vigencia en la actualidad, continúa siendo objeto de polémicas. Ayer, el legislador José Manuel Páez (Democracia Cristiana) afirmó que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo emplazó al Poder Ejecutivo (PE) “a contestar el requerimiento de reglamentación de la ley 7.240 (Rinoscopías), en el marco del amparo judicial por la cuestión”. “Acudí a la Justicia ante la mora del gobernador, José Alperovich, ya que pasaron más de 12 años de aprobado ese texto”, apuntó el parlamentario opositor.
A pesar de que la normativa no se aplica, este tema generó controversia en el cuerpo colegiado. La ley 7.240 pone como condicionamiento para el ejercicio de la función pública en cargos de relevancia de los tres poderes del Estado un estudio antidrogas. Páez pidió a la Justicia que obligue al PE a reglamentar ese texto.
El opositor es uno de los tres parlamentarios que se realizaron, de manera particular -y sin necesidad de que se aplique la Ley de Rinoscopías- un estudio de detección de drogas en orina (DDO). Los otros dos son Regino Amado, titular subrogante de la Cámara, y el radical Ariel García. A los tres les dio resultado negativo, según indicaron.
Anuncio de una comisión
Esta semana, además, los parlamentarios de la comisión de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones anunciaron que se someterán al DDO. “De forma voluntaria, todos los miembros nos realizaremos ese estudio. No hemos fijado fecha, porque queremos ir todos juntos, pero la idea es efectuarlo la próxima semana”, adelantó Graciela Suárez de Cano (PJ), presidenta del equipo parlamentario. Integran ese equipo también Sara Noemí Correa (vice); el radical Federico Romano Norri (secretario); los oficialistas Beatriz Bordinaro de Peluffo, Gregorio García Biagosch, Regino Racedo, y Ricardo Bussi (FR).
El parlamentario massista José Teri había dicho que desafiaba a Amado a realizarse juntos la rinoscopía, pero todavía no dio a conocer si tuvo oportunidad de concretar el estudio.
El opositor Páez recordó, por otra parte, que ha presentado en febrero un proyecto de resolución “con idéntico sentido que la acción judicial iniciada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo”. “Si la iniciativa no es tratado por la comisión de Asuntos Constitucionales (a cargo del alperovichista Marcelo Caponio) lo someteré a debates sobre tablas en la próxima sesión que celebre la Legislatura”, manifestó el democristiano.
A pesar de que la normativa no se aplica, este tema generó controversia en el cuerpo colegiado. La ley 7.240 pone como condicionamiento para el ejercicio de la función pública en cargos de relevancia de los tres poderes del Estado un estudio antidrogas. Páez pidió a la Justicia que obligue al PE a reglamentar ese texto.
El opositor es uno de los tres parlamentarios que se realizaron, de manera particular -y sin necesidad de que se aplique la Ley de Rinoscopías- un estudio de detección de drogas en orina (DDO). Los otros dos son Regino Amado, titular subrogante de la Cámara, y el radical Ariel García. A los tres les dio resultado negativo, según indicaron.
Anuncio de una comisión
Esta semana, además, los parlamentarios de la comisión de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones anunciaron que se someterán al DDO. “De forma voluntaria, todos los miembros nos realizaremos ese estudio. No hemos fijado fecha, porque queremos ir todos juntos, pero la idea es efectuarlo la próxima semana”, adelantó Graciela Suárez de Cano (PJ), presidenta del equipo parlamentario. Integran ese equipo también Sara Noemí Correa (vice); el radical Federico Romano Norri (secretario); los oficialistas Beatriz Bordinaro de Peluffo, Gregorio García Biagosch, Regino Racedo, y Ricardo Bussi (FR).
El parlamentario massista José Teri había dicho que desafiaba a Amado a realizarse juntos la rinoscopía, pero todavía no dio a conocer si tuvo oportunidad de concretar el estudio.
El opositor Páez recordó, por otra parte, que ha presentado en febrero un proyecto de resolución “con idéntico sentido que la acción judicial iniciada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo”. “Si la iniciativa no es tratado por la comisión de Asuntos Constitucionales (a cargo del alperovichista Marcelo Caponio) lo someteré a debates sobre tablas en la próxima sesión que celebre la Legislatura”, manifestó el democristiano.
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