08 Abril 2014
EXPECTATIVA. La polémica podría formar parte de la reunión de hoy. FOTO TOMADA DE UNTNOTICIAS.UNT.EDU.AR
Un puñado de temas polémicos salpimentarán la última sesión de la actual conformación del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que se realizará desde las 17 de hoy. En todos los casos, llegarán al cuerpo, para su consideración directa, como asuntos entrados. El debate estará acompañado, además, de una movilización de estudiantes de Ciencias de las Comunicación.
El representante por la segunda minoría estudiantil, Víctor Amaya (Nueva Línea-Estudiantes Humanistas-Nuevo Encuentro -NL-EH-NE) presentó tres notas, para que se traten sobre tablas. En primer lugar, propone que los $ 24 millones que le corresponden a la UNT, por utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), sean administrados desde el Consejo de Decanos, y no desde el Rectorado. “Queremos evitar el manejo discrecional en el marco de un proceso electoral. Consideramos que lo más justo es que los decanos discutan el destino de los fondos, y que este dinero sirva para garantizar el funcionamiento de las unidades académicas”, explicó Amaya a LA GACETA.
El segundo tema también guarda relación con una cuestión dineraria. “Martín Cartés, militante reconocido de La Cámpora, dispuso y autorizó con su firma la erogación de gastos y distribución de partidas presupuestarias durante 2013. Solicito información respecto del cargo y/o función que cumple en el ámbito de la UNT, el destino de las partidas presupuestarias autorizadas bajo su firma y la rendición de cuentas correspondiente”, puntualizó Amaya.
Finalmente, Amaya pedirá el tratamiento de la creación del Profesorado de Ciencias de la Comunicación. El proyecto ya atravesó favorablemente varias instancias; y contaría con un guiño presupuestario desde la Nación. “Vamos a ver si los candidatos a rector, que tanto se llenan la boca hablando de la universidad inclusiva, científica y popular, apoyan la iniciativa. Invitamos a todos los compañeros de Comunicación y del resto de las carreras a bancar el proyecto de Profesorado”, dicen militantes del frente NL-EH-NE, en el sitio del evento que crearon en Facebook.
Denuncia
Más allá de estos tres puntos, algunos miembros de la comunidad universitaria esperan que el Superior trate el pedido de juicio académico presentado por el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Bernardo Lobo Bugeau. Este señaló que el vicedecano de la Facultad de Derecho, Miguel Marcotullio, y el secretario de Política Administrativa de esa unidad académica, Bernardo Carlino, ocuparon cargos jerárquicos durante la última dictadura. “El Superior deberá tratar la denuncia en la sesión siguiente en la que sea presentada”, dicen el artículo 3° de la resolución N° 1.255/987 -norma sobre la cual se basa la denuncia y el pedido de juicio académico-. Sobre este punto estriba Lobo Bugeau para reclamar el tratamiento de su pedido, que no figura en el orden del día. No obstante, existe la posibilidad de que algún consejero lo presente sobre tablas.
El representante por la segunda minoría estudiantil, Víctor Amaya (Nueva Línea-Estudiantes Humanistas-Nuevo Encuentro -NL-EH-NE) presentó tres notas, para que se traten sobre tablas. En primer lugar, propone que los $ 24 millones que le corresponden a la UNT, por utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), sean administrados desde el Consejo de Decanos, y no desde el Rectorado. “Queremos evitar el manejo discrecional en el marco de un proceso electoral. Consideramos que lo más justo es que los decanos discutan el destino de los fondos, y que este dinero sirva para garantizar el funcionamiento de las unidades académicas”, explicó Amaya a LA GACETA.
El segundo tema también guarda relación con una cuestión dineraria. “Martín Cartés, militante reconocido de La Cámpora, dispuso y autorizó con su firma la erogación de gastos y distribución de partidas presupuestarias durante 2013. Solicito información respecto del cargo y/o función que cumple en el ámbito de la UNT, el destino de las partidas presupuestarias autorizadas bajo su firma y la rendición de cuentas correspondiente”, puntualizó Amaya.
Finalmente, Amaya pedirá el tratamiento de la creación del Profesorado de Ciencias de la Comunicación. El proyecto ya atravesó favorablemente varias instancias; y contaría con un guiño presupuestario desde la Nación. “Vamos a ver si los candidatos a rector, que tanto se llenan la boca hablando de la universidad inclusiva, científica y popular, apoyan la iniciativa. Invitamos a todos los compañeros de Comunicación y del resto de las carreras a bancar el proyecto de Profesorado”, dicen militantes del frente NL-EH-NE, en el sitio del evento que crearon en Facebook.
Denuncia
Más allá de estos tres puntos, algunos miembros de la comunidad universitaria esperan que el Superior trate el pedido de juicio académico presentado por el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Bernardo Lobo Bugeau. Este señaló que el vicedecano de la Facultad de Derecho, Miguel Marcotullio, y el secretario de Política Administrativa de esa unidad académica, Bernardo Carlino, ocuparon cargos jerárquicos durante la última dictadura. “El Superior deberá tratar la denuncia en la sesión siguiente en la que sea presentada”, dicen el artículo 3° de la resolución N° 1.255/987 -norma sobre la cual se basa la denuncia y el pedido de juicio académico-. Sobre este punto estriba Lobo Bugeau para reclamar el tratamiento de su pedido, que no figura en el orden del día. No obstante, existe la posibilidad de que algún consejero lo presente sobre tablas.
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