Por Irene Benito
06 Junio 2014
Nada impidió en ningún momento al vicepresidente declarar ante la prensa como si estuviese delante del juez o declarar ante el juez espontáneamente. Pero la pretensión de transmitir la indagatoria por la tele y en directo implica producir una situación procesal nueva, con consecuencias imprevisibles respecto de una de las pesquisas más sensibles para la política, la Justicia y la opinión pública.
Tan inédito como un vicepresidente acusado de la supuesta comisión de delitos cometidos durante su desempeño como ministro de este Gobierno es la propuesta de transformar la indagatoria en una transmisión de la cadena nacional. La petición del imputado encaja, sin embargo, con el relato sostenido por buena parte del oficialismo en el sentido de que la investigación del presunto tráfico de influencias es sólo una operación de los medios “dominantes” que apuran el final del kirchnerismo.
Si la causa promovida por un conglomerado empresarial resentido con el poder político llegó hasta la citación judicial de la segunda autoridad, entonces no parece descabellado que el citado dé su versión de los hechos mirando, no ya el juez o al representante del Ministerio Público, sino a la cámara de televisión. Pero ese razonamiento choca contra el artículo 295 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que a la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor y el fiscal, además del magistrado.
Una postura considera que aquella restricción, que procura resguardar la presunción de inocencia y el orden del proceso, no está sujeta a la voluntad del indagado. Otra posición considera que la renuncia al derecho a comparecer en un ámbito reservado es lícita y válida, en la creencia de que la regla debe ser la publicidad de los actos que ordena la magistratura. Si el juez deniega el pedido, el vice podrá decir que quien lo juzga sí tiene cosas que esconder. Si hace lugar, el vice “adelantará” el escenario del eventual juicio oral al permitir que la gran audiencia presencie una audiencia judicial sin parangón en la historia, cuyo resultado posiblemente incida en las carreras de todos los funcionarios involucrados en ella.
Tan inédito como un vicepresidente acusado de la supuesta comisión de delitos cometidos durante su desempeño como ministro de este Gobierno es la propuesta de transformar la indagatoria en una transmisión de la cadena nacional. La petición del imputado encaja, sin embargo, con el relato sostenido por buena parte del oficialismo en el sentido de que la investigación del presunto tráfico de influencias es sólo una operación de los medios “dominantes” que apuran el final del kirchnerismo.
Si la causa promovida por un conglomerado empresarial resentido con el poder político llegó hasta la citación judicial de la segunda autoridad, entonces no parece descabellado que el citado dé su versión de los hechos mirando, no ya el juez o al representante del Ministerio Público, sino a la cámara de televisión. Pero ese razonamiento choca contra el artículo 295 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que a la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor y el fiscal, además del magistrado.
Una postura considera que aquella restricción, que procura resguardar la presunción de inocencia y el orden del proceso, no está sujeta a la voluntad del indagado. Otra posición considera que la renuncia al derecho a comparecer en un ámbito reservado es lícita y válida, en la creencia de que la regla debe ser la publicidad de los actos que ordena la magistratura. Si el juez deniega el pedido, el vice podrá decir que quien lo juzga sí tiene cosas que esconder. Si hace lugar, el vice “adelantará” el escenario del eventual juicio oral al permitir que la gran audiencia presencie una audiencia judicial sin parangón en la historia, cuyo resultado posiblemente incida en las carreras de todos los funcionarios involucrados en ella.
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