07 Junio 2014
MADRID.- El gobierno de Mariano Rajoy confirmó que aprobará una ley para dar al rey Juan Carlos el aforamiento, es decir, el privilegio de responder ante un alto tribunal y no ante uno ordinario si alguna vez tiene responder ante la Justicia. “Estamos trabajando en ello. Y, en cuando tengamos la fórmula, el contenido y los plazos, lo comunicaremos”, dijo la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
La casa real española defendió el aforamiento del rey una vez traspase la corona a su hijo Felipe. “Lo razonable sería aforar al rey” cuando deje de serlo, manifestó un portavoz oficial.
La protección legal de Juan Carlos I, de 76 años, está generando un amplio debate y polémica en España desde que el lunes anunció su abdicación. Como rey, durante sus 39 años de reinado ha gozado de inviolabilidad porque así lo establece la Constitución. Es decir, no podía ser investigado ni imputado por ningún tribunal.
Al dejar el trono, perderá ese blindaje, aunque sin carácter retroactivo, y tendrá que responder como cualquier otro ciudadano ante la Justicia. El aforamiento supondría que lo haría ante el Tribunal Supremo y no ante un tribunal ordinario en caso de cometer algún delito a partir del momento en el que deje la Corona.
Del aforamiento gozan en España los altos cargos institucionales -entre ellos el presidente del gobierno- y los parlamentarios nacionales y regionales, entre otros funcionarios. En total, unas 10.000 personas.
“No es lógico”, sostuvo la vicepresidenta, que “haya un amplio número de aforados, mayor que en otros países” y la familia real quede fuera. El gobierno había iniciado hacía poco una reforma para aforar a la reina Sofía y a los príncipes Felipe y Letizia, que no gozan de inviolabilidad. El 19 de junio, Felipe de Borbón será proclamado como nuevo rey de España. (DPA)
La casa real española defendió el aforamiento del rey una vez traspase la corona a su hijo Felipe. “Lo razonable sería aforar al rey” cuando deje de serlo, manifestó un portavoz oficial.
La protección legal de Juan Carlos I, de 76 años, está generando un amplio debate y polémica en España desde que el lunes anunció su abdicación. Como rey, durante sus 39 años de reinado ha gozado de inviolabilidad porque así lo establece la Constitución. Es decir, no podía ser investigado ni imputado por ningún tribunal.
Al dejar el trono, perderá ese blindaje, aunque sin carácter retroactivo, y tendrá que responder como cualquier otro ciudadano ante la Justicia. El aforamiento supondría que lo haría ante el Tribunal Supremo y no ante un tribunal ordinario en caso de cometer algún delito a partir del momento en el que deje la Corona.
Del aforamiento gozan en España los altos cargos institucionales -entre ellos el presidente del gobierno- y los parlamentarios nacionales y regionales, entre otros funcionarios. En total, unas 10.000 personas.
“No es lógico”, sostuvo la vicepresidenta, que “haya un amplio número de aforados, mayor que en otros países” y la familia real quede fuera. El gobierno había iniciado hacía poco una reforma para aforar a la reina Sofía y a los príncipes Felipe y Letizia, que no gozan de inviolabilidad. El 19 de junio, Felipe de Borbón será proclamado como nuevo rey de España. (DPA)
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