25 Junio 2014
MOMENTO DE LA ABDICACIÓN. A partir de esta decisión, el ex rey Juan Carlos quedó sin fueros y privilegios. REUTERS
MADRID.- Coincidiendo con el estudio de una causa penal en contra del rey Juan Carlos, el Congreso de los Diputados español aprobó ayer la reforma “exprés” que le concede el aforamiento tras su reciente abdicación. El Partido Popular (PP) del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sacó adelante la medida en la Comisión de Justicia del Congreso gracias a su mayoría absoluta. El trámite continuará mañana en esa Cámara Baja -donde ya no se debatirá- y luego pasará al Senado, que aprobaría la norma la próxima semana.
En España, la mayoría de los altos funcionarios públicos, entre ellos los diputados, están aforados, lo que implica que todas las causas civiles y penales en su contra son resueltas por el Tribunal Supremo español o de las comunidades autónomas.
En abril de este año, el PP aprobó el aforamiento de la reina Sofía y los Príncipes de Asturias en el marco del trámite de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no tuvo en cuenta la situación del rey en caso de abdicación, por lo que el monarca quedó desamparado.
La protección de la familia real fue cuestionada porque llegó a raíz del caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina, hermana del actual monarca, Felipe VI. La abdicación de Juan Carlos (2 de junio) dejó al ex monarca ante un vacío legal, ya que la Constitución le concede al Jefe de Estado el privilegio de la “inviolabilidad”, pero no dice nada cuando abandona el trono.
Ante esta situación, Rajoy impulsó una “reforma exprés” introduciendo una modificación en la ley de racionalización del sector público, un tema muy diferente. Los socialistas criticaron la norma y se abstuvieron. Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares acusó al PP de querer “blindar” a la familia real en un contexto con “olor” al caso Nóos, en referencia a la causa en la que está implicada la infanta Cristina.
La reforma legal establece el aforamiento de Juan Carlos y de las reinas Letizia y Sofía, además de la Princesa de Asturias, Leonor. Se introdujo una enmienda para que en caso de que algún tribunal esté tramitando una causa contra los “nuevos aforados” reales, la misma se suspenda y sea remitida al Supremo.
De hecho, la Audiencia Nacional tenía previsto estudiar ayer un recurso de apelación contra un juez por no tramitar una querella contra el rey Juan Carlos y otras personas presuntamente involucradas en la “trama civil” del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La demanda fue rechazada “porque los hechos están prescriptos” y porque el rey gozaba de “la condición de inviolabilidad”. (Télam)
En España, la mayoría de los altos funcionarios públicos, entre ellos los diputados, están aforados, lo que implica que todas las causas civiles y penales en su contra son resueltas por el Tribunal Supremo español o de las comunidades autónomas.
En abril de este año, el PP aprobó el aforamiento de la reina Sofía y los Príncipes de Asturias en el marco del trámite de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no tuvo en cuenta la situación del rey en caso de abdicación, por lo que el monarca quedó desamparado.
La protección de la familia real fue cuestionada porque llegó a raíz del caso de corrupción en el que está imputada la infanta Cristina, hermana del actual monarca, Felipe VI. La abdicación de Juan Carlos (2 de junio) dejó al ex monarca ante un vacío legal, ya que la Constitución le concede al Jefe de Estado el privilegio de la “inviolabilidad”, pero no dice nada cuando abandona el trono.
Ante esta situación, Rajoy impulsó una “reforma exprés” introduciendo una modificación en la ley de racionalización del sector público, un tema muy diferente. Los socialistas criticaron la norma y se abstuvieron. Por su parte, el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares acusó al PP de querer “blindar” a la familia real en un contexto con “olor” al caso Nóos, en referencia a la causa en la que está implicada la infanta Cristina.
La reforma legal establece el aforamiento de Juan Carlos y de las reinas Letizia y Sofía, además de la Princesa de Asturias, Leonor. Se introdujo una enmienda para que en caso de que algún tribunal esté tramitando una causa contra los “nuevos aforados” reales, la misma se suspenda y sea remitida al Supremo.
De hecho, la Audiencia Nacional tenía previsto estudiar ayer un recurso de apelación contra un juez por no tramitar una querella contra el rey Juan Carlos y otras personas presuntamente involucradas en la “trama civil” del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La demanda fue rechazada “porque los hechos están prescriptos” y porque el rey gozaba de “la condición de inviolabilidad”. (Télam)
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