Legisladores advierten que no se debería multar ni detener con la actual Ley de Contravenciones

Carlos “Isa” Assán, quien hace un mes tomó licencia como legislador del bloque Tucumán Crece para asumir en la Secretaría de Saneamiento del PE, anunció que se apoyará en la vigilancia policial para la prevención de basurales en los accesos y otros espacios públicos de la ciudad.

Pero el método que escogió el dirigente capitalino ha generado rechazo entre sus ex colegas de la Legislatura. Diferentes sectores del parlamento criticaron que, para perseguir a quienes ensucien, desde esa repartición se haya pensado en la aplicación del Código de Contravenciones Policiales (Ley N° 5.140), una normativa que data de la última dictadura militar y que no satisface las garantías constitucionales mínimas, según un fallo dictado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Los cuestionamientos llegaron incluso desde el propio oficialismo. Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, destacó que “si bien la intención es buena, la norma actual es de imposible cumplimiento para la Policía”. “La sola apelación a la contravención imputada alcanza para que sea girada al juez de Instrucción, y ya sabemos cuál es el resultado, porque la jurisprudencia nacional y provincial cuestionan el procedimiento. Así, ni la Provincia va a poder cobrar la multa ni se va a poder detener a la persona. En ese sentido, es una ley muerta”, señaló Caponio, quien formuló uno de los proyectos para cambiar el régimen.

“Muy severos”

“Seremos muy severos a partir de hoy con los que arrojen basura, tierra o escombros en los lugares que no están permitidos”, afirmó Assán el lunes, en Casa de Gobierno. Acababa de reunirse con el jefe de Policía, Dante Bustamante, quien anunció que se aplicará la Ley N° 5.140 a los que ensucien estos espacios públicos. “Es una contravención”, ratificó el comisario general. Las norma prevé sanciones de hasta 20 días de arresto (o $ 400, a razón de $ 20 por día) para estos casos.

El radical Ariel García fue el primero de la actual conformación de la Cámara en proponer una reforma a la Ley de Contravenciones. Y criticó el mecanismo anunciado por Assán. “La Policía, al tener la potestad de detener personas sin ningún reparo, violando garantías constitucionales como el derecho de defensa y juez natural, pone al ciudadano tildado de infractor en la disyuntiva de pagar la multa o cumplir con los días de arresto, sin darle la posibilidad a hacer valer su derecho a un debido proceso y a defensa”, apuntó el opositor. Y advirtió que la norma, vigente desde 1980, no fue modificada en los 11 años de alperovichismo. y que fue utilizada como “una caja más de recaudación”. “Esto sucede por la complicidad de la mayoría alperovichista de la Legislatura, que sólo justifica su ‘no hacer’ en declaraciones obsecuentes con el gobernador (José Alperovich)”, agregó García.

Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) recordó que la CSJN cuestionó las garantías constitucionales en el proceso contravencional, aunque “no fulminó la ley misma”. Agregó que por ello ha presentado un proyecto para reformar estas disposiciones del actual Código, y que si se respetara el derecho a defensa, se podría utilizar el régimen de faltas “para mantener el orden, la paz y la convivencia ciudadana”. “Es necesario empezar a aplicar la ley, no se puede vivir en tamaño desorden”, planteó el referente de FR.

Desde el massismo también llegaron objeciones. “Todos queremos una ciudad limpia, pero no creo que utilizar como mecanismo represivo como la inconstitucional Ley de Contravenciones sea el mejor camino”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse (Frente Renovador). Opinó que existe “un problema cultural”, además de “un Estado municipal ausente”. “Deben trabajar en conjunto la Provincia y el Municipio, sin pensar en las elecciones de 2015, sino en que la ciudad deje de ser un basural a cielo abierto”, dijo el ex diputado.