02 Agosto 2014
El asesinato del agricultor Ramón Cazorla, ocurrido en las primeras horas del jueves en una finca de Cebil Redondo, ha sido el horroroso corolario de una serie de hechos de inseguridad que desde hace tiempo vienen sacudiendo a la provincia, y que han motivado protestas de vecinos y movimientos estratégicos en la organización de la Policía, sin que hasta ahora se puedan avizorar salidas claras hacia una sociedad más segura.
Entre los episodios ocurridos recientemente se pueden mencionar el asalto a una citrícola en la zona de Tafí Viejo, el robo en las casas de un empresario en Yerba Buena y de una familia en Barrio Jardín, así como múltiples denuncias por hurtos a manos de oportunistas y de los temidos motoarrebatadores, que tanto pueden sorprender a sus víctimas en las paradas de ómnibus o caminando distraídas por las calles, como asaltarlas con cuchillos o armas de fuego para quitarles desde el celular hasta el auto, como le ocurrió a una vecina de Bolívar al 100, en Barrio Sur. La cantidad de episodios que se conocieron en los días pasados dan cuenta de una situación que parece desmadrada y que explica la sensación de inseguridad que impera, pese a que en el microcentro se ven policías en las calles y a que se anunció la incorporación de 53 agentes más a la patrulla urbana.
Ahora se añade, a este cuadro, la denuncia de las empresas de ómnibus de que los asaltos a choferes se han trasladado al interior de la provincia, debido a que las líneas que circulan por San Miguel de Tucumán ya no usan dinero sino la tarjeta ciudadana, y en cambio las interurbanas siguen con el viejo sistema de venta de boletos a cambio de efectivo. Esto permite visualizar un área enorme que encontraba desguarnecida por falta de agentes y de patrullas, como fue denunciado en los últimos tiempos, tanto en el caso de los critricultores que en mayo hicieron público que existen violentas bandas organizadas para robos en las fincas de citrus, como en el de comunidades del interior y alejadas como Simoca, que padece insuficiencia de móviles y agentes.
Las autoridades han respondido que están actuando en el marco del plan de seguridad anunciado hace poco más de un mes, que contemplaba tanto la inclusión de los mencionados 53 nuevos policías, como el inminente ingreso a la tarea de calle de 300 agentes más (hasta diciembre); la rotación de comisarios y la compra de 10 vehículos. También se prometieron más cámaras de vigilancia y se puso énfasis en la respuesta que da el servicio de emergencias 911. Pero en dos de los casos más llamativos de estos días ha quedado puesta en duda la eficiencia de las cámaras (en el robo al empresario de Yerba Buena no funcionaban) y del 911 (en el Barrio Jardín se explicó que las líneas estaban saturadas y por eso no se atendía las quejas de los vecinos).
La muerte del agricultor de Cebil Redondo plantea que, además de la investigación en busca de los autores de este horroroso crimen, se produzca una fuerte reflexión de las autoridades acerca del plan de seguridad. Sobre todo ahora que ha cambiado el organigrama del Gobierno y el Ministerio de Seguridad ha quedado sumido en un Ministerio de Gobierno y Justicia, lo cual, más allá de que esto pueda significar que se potencia o bien que se quita poder al área de seguridad, debería dar lugar al debate acerca de la verdadera estrategia para garantizar a la sociedad que mejorará la convivencia y que se hará verdadera prevención y combate contra el delito.
Entre los episodios ocurridos recientemente se pueden mencionar el asalto a una citrícola en la zona de Tafí Viejo, el robo en las casas de un empresario en Yerba Buena y de una familia en Barrio Jardín, así como múltiples denuncias por hurtos a manos de oportunistas y de los temidos motoarrebatadores, que tanto pueden sorprender a sus víctimas en las paradas de ómnibus o caminando distraídas por las calles, como asaltarlas con cuchillos o armas de fuego para quitarles desde el celular hasta el auto, como le ocurrió a una vecina de Bolívar al 100, en Barrio Sur. La cantidad de episodios que se conocieron en los días pasados dan cuenta de una situación que parece desmadrada y que explica la sensación de inseguridad que impera, pese a que en el microcentro se ven policías en las calles y a que se anunció la incorporación de 53 agentes más a la patrulla urbana.
Ahora se añade, a este cuadro, la denuncia de las empresas de ómnibus de que los asaltos a choferes se han trasladado al interior de la provincia, debido a que las líneas que circulan por San Miguel de Tucumán ya no usan dinero sino la tarjeta ciudadana, y en cambio las interurbanas siguen con el viejo sistema de venta de boletos a cambio de efectivo. Esto permite visualizar un área enorme que encontraba desguarnecida por falta de agentes y de patrullas, como fue denunciado en los últimos tiempos, tanto en el caso de los critricultores que en mayo hicieron público que existen violentas bandas organizadas para robos en las fincas de citrus, como en el de comunidades del interior y alejadas como Simoca, que padece insuficiencia de móviles y agentes.
Las autoridades han respondido que están actuando en el marco del plan de seguridad anunciado hace poco más de un mes, que contemplaba tanto la inclusión de los mencionados 53 nuevos policías, como el inminente ingreso a la tarea de calle de 300 agentes más (hasta diciembre); la rotación de comisarios y la compra de 10 vehículos. También se prometieron más cámaras de vigilancia y se puso énfasis en la respuesta que da el servicio de emergencias 911. Pero en dos de los casos más llamativos de estos días ha quedado puesta en duda la eficiencia de las cámaras (en el robo al empresario de Yerba Buena no funcionaban) y del 911 (en el Barrio Jardín se explicó que las líneas estaban saturadas y por eso no se atendía las quejas de los vecinos).
La muerte del agricultor de Cebil Redondo plantea que, además de la investigación en busca de los autores de este horroroso crimen, se produzca una fuerte reflexión de las autoridades acerca del plan de seguridad. Sobre todo ahora que ha cambiado el organigrama del Gobierno y el Ministerio de Seguridad ha quedado sumido en un Ministerio de Gobierno y Justicia, lo cual, más allá de que esto pueda significar que se potencia o bien que se quita poder al área de seguridad, debería dar lugar al debate acerca de la verdadera estrategia para garantizar a la sociedad que mejorará la convivencia y que se hará verdadera prevención y combate contra el delito.
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