20 Octubre 2014
RECLAMO. "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", fue la consigna con la que marcharon miles de mexicanos para pedir el regreso de los estudiantes. FOTOS DE REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales asumieron hoy tareas de seguridad en 13 municipios en el estado de Guerrero y en el Estado de México, en tanto sigue la búsqueda de 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala en un incidente en el que están involucrados policías y delincuentes, informó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El trágico destino de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue la muerte, según denunció el sacerdote Alejandro Solalinde, activista y defensor de los derechos humanos. Fueron asesinados, algunos de ellos quemados vivos, y los testigos de la tragedia no quieren denunciar porque temen ser los siguientes, dijo el religioso.
Estos datos le fueron revelados al sacerdote por testigos directos de los hechos, según afirmó la agencia rusa de noticias RT. El clérigo aclaró que desconoce el lugar de la supuesta masacre y que sus fuentes están aterrorizadas hasta tal punto que no quieren ir a denunciar por temor de ser las siguientes víctimas de los verdugos.
La Policía Federal, con el apoyo del Ejército mexicano, será la institución encargada de brindar la seguridad pública en 12 municipios del estado de Guerrero y en el de Ixtapan de Sal, en el Estado de México, dijo el titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido.
Rubido agregó que la medida se debe a la "presunta infiltración del crimen organizado en corporaciones policíacas" en el sureste y el centro del país.
También destacó que los integrantes de las corporaciones de seguridad de los 13 municipios, entre ellos Iguala, serán trasladados al estado de Tlaxcala "para practicarles los exámenes de control de confianza, hacer la valoración respectiva de su actuación y de su responsabilidad".
"El Estado mexicano ha resguardado las armas de dichas corporaciones con el objetivo de llevar a cabo una revisión puntual" y "realizar las pruebas de balística y ponerlas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de corraborar su posible uso en actos ilíocitos".
Acompañado por el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, Rubido dijo que el síndico de Iguala, Oscar Chávez Pineda, fue detenido con fines de presentación.
La CNS afirmó que en la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos se han desplegado 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, seis buzos, así como cuatro laboratorios móviles y se han realizado 500 recorridos de búsqueda, así como 70 sobrevuelos de reconocimiento en zonas rurales.
"La instrucción del presidente Enrique Peña Nieto a todas las instituciones que integran el gabinete de seguridad ha sido trabajar permanentemente en la localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural Rául Isidro Burgos y la identificación, ubicación y aprehensión de todos los responsables", expresó.
Asimismo, Rubido dijo el gobierno mexicano "ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas".
Los jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre pasado de la ciudad de Iguala tras ser atacados por policías municipales e integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos. En los incidentes murieron seis personas, tres de ellos estudiantes, y 25 resultaron heridas.
Delincuentes que han sido capturados en las últimas semanas han informado a las autoridades sobre la ubicación de fosas clandestinas en las que afirman sepultaron a los estudiantes. Sin embargo, hasta el momento se ha descartado que 28 cuerpos hallados en la primera fosa localizada el 4 de octubre correspondan a los de los jóvenes.
Solalinde también ha asegurado que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, está al corriente de esos hechos. Por otro lado, Sidronio Casarrubias Salgado, el líder del grupo criminal Guerreros Unidos detenido el viernes, dice que él no ordenó la agresión contra los jóvenes, pero aclara que sí que le informaron de ello.
El titular de la Procuraduría General de la República de México, Jesús Murillo Karam, no ha dado más detalles del interrogatorio policial para no afectar la investigación. Por ahora las autoridades han detenido a 36 policías (tanto en Iguala como en una localidad vecina), así como a 17 presuntos miembros del cártel.
El anuncio se produjo horas después de que miles de manifestantes volvieran a salir a las calles, esta vez en Acapulco, para exigir el retorno de los estudiantes. (DPA)
El trágico destino de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue la muerte, según denunció el sacerdote Alejandro Solalinde, activista y defensor de los derechos humanos. Fueron asesinados, algunos de ellos quemados vivos, y los testigos de la tragedia no quieren denunciar porque temen ser los siguientes, dijo el religioso.
Estos datos le fueron revelados al sacerdote por testigos directos de los hechos, según afirmó la agencia rusa de noticias RT. El clérigo aclaró que desconoce el lugar de la supuesta masacre y que sus fuentes están aterrorizadas hasta tal punto que no quieren ir a denunciar por temor de ser las siguientes víctimas de los verdugos.
La Policía Federal, con el apoyo del Ejército mexicano, será la institución encargada de brindar la seguridad pública en 12 municipios del estado de Guerrero y en el de Ixtapan de Sal, en el Estado de México, dijo el titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido.
Rubido agregó que la medida se debe a la "presunta infiltración del crimen organizado en corporaciones policíacas" en el sureste y el centro del país.
También destacó que los integrantes de las corporaciones de seguridad de los 13 municipios, entre ellos Iguala, serán trasladados al estado de Tlaxcala "para practicarles los exámenes de control de confianza, hacer la valoración respectiva de su actuación y de su responsabilidad".
"El Estado mexicano ha resguardado las armas de dichas corporaciones con el objetivo de llevar a cabo una revisión puntual" y "realizar las pruebas de balística y ponerlas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de corraborar su posible uso en actos ilíocitos".
Acompañado por el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, Rubido dijo que el síndico de Iguala, Oscar Chávez Pineda, fue detenido con fines de presentación.
La CNS afirmó que en la búsqueda de los 43 jóvenes desaparecidos se han desplegado 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, seis buzos, así como cuatro laboratorios móviles y se han realizado 500 recorridos de búsqueda, así como 70 sobrevuelos de reconocimiento en zonas rurales.
"La instrucción del presidente Enrique Peña Nieto a todas las instituciones que integran el gabinete de seguridad ha sido trabajar permanentemente en la localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural Rául Isidro Burgos y la identificación, ubicación y aprehensión de todos los responsables", expresó.
Asimismo, Rubido dijo el gobierno mexicano "ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas".
Los jóvenes desaparecieron el 26 de septiembre pasado de la ciudad de Iguala tras ser atacados por policías municipales e integrantes del grupo delincuencial Guerreros Unidos. En los incidentes murieron seis personas, tres de ellos estudiantes, y 25 resultaron heridas.
Delincuentes que han sido capturados en las últimas semanas han informado a las autoridades sobre la ubicación de fosas clandestinas en las que afirman sepultaron a los estudiantes. Sin embargo, hasta el momento se ha descartado que 28 cuerpos hallados en la primera fosa localizada el 4 de octubre correspondan a los de los jóvenes.
Solalinde también ha asegurado que el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, está al corriente de esos hechos. Por otro lado, Sidronio Casarrubias Salgado, el líder del grupo criminal Guerreros Unidos detenido el viernes, dice que él no ordenó la agresión contra los jóvenes, pero aclara que sí que le informaron de ello.
El titular de la Procuraduría General de la República de México, Jesús Murillo Karam, no ha dado más detalles del interrogatorio policial para no afectar la investigación. Por ahora las autoridades han detenido a 36 policías (tanto en Iguala como en una localidad vecina), así como a 17 presuntos miembros del cártel.
El anuncio se produjo horas después de que miles de manifestantes volvieran a salir a las calles, esta vez en Acapulco, para exigir el retorno de los estudiantes. (DPA)
Lo más popular
