10 Noviembre 2014
BOGOTÁ.- Un tribunal indígena colombiano condenó ayer a penas que van desde 60 años de prisión hasta 20 latigazos a siete miembros de la guerrilla de las FARC que el miércoles mataron a dos guardias de la comunidad Nasa, asentada en el suroeste del país.
Con la presencia de cerca de 5.000 indígenas, los dirigentes de 19 cabildos aborígenes del departamento de Cauca aplicaron la mayor condena, de 60 años, a un guerrillero identificado con el alias de “Fercho”, sindicado de ser el autor material del doble asesinato.
Además, los nasa condenaron a 40 años de prisión a otros cuatro guerrilleros que también dispararon contra los indígenas, aunque se estableció que sus proyectiles no fueron los que les causaron la muerte. Dos menores de edad, de 14 y 17 años, que también formaban parte del grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que atacaron a los nativos, fueron sentenciados a 20 “fuetazos” (latigazos) y serán sometidos a un segundo juicio cuando cumplan la mayoría de edad: los 18 años.
Los condenados a prisión purgarán sus penas en cárceles del Estado colombiano, que por una norma constitucional autoriza a las comunidades indígenas a aplicar sus propias normas de justicia.
El caso ocurrió cuando dos miembros de la guardia indígena de la comunidad Nasa fueron asesinados en momentos en que intentaban desmontar una pancarta puesta por las FARC en el municipio de Toribío, 305 kilómetros al suroeste de Bogotá. Entre 350 y 400 miembros de la guardia indígena reaccionaron de inmediato y lograron atrapar a los siete guerrilleros involucrados en el hecho, que habían huido a una montaña.
Los indígenas arrestaron a los guerrilleros no sólo por el doble homicidio, sino porque los nasa no permiten que sus territorios sean escenario del conflicto armado que azota a Colombia desde hace cinco décadas. Después de la detención de los siete guerrilleros empezó a circular en varias comunidades indígenas de la región un panfleto supuestamente escrito por las FARC con amenazas de muerte contra 26 líderes aborígenes bajo acusaciones de que colaboran con el Ejército y la Policía.
Las FARC desmintieron desde La Habana ser las autoras de las amenazas, a la vez que aseguraron tener un “profundo respeto” por los pueblos originarios. (DPA)
Con la presencia de cerca de 5.000 indígenas, los dirigentes de 19 cabildos aborígenes del departamento de Cauca aplicaron la mayor condena, de 60 años, a un guerrillero identificado con el alias de “Fercho”, sindicado de ser el autor material del doble asesinato.
Además, los nasa condenaron a 40 años de prisión a otros cuatro guerrilleros que también dispararon contra los indígenas, aunque se estableció que sus proyectiles no fueron los que les causaron la muerte. Dos menores de edad, de 14 y 17 años, que también formaban parte del grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que atacaron a los nativos, fueron sentenciados a 20 “fuetazos” (latigazos) y serán sometidos a un segundo juicio cuando cumplan la mayoría de edad: los 18 años.
Los condenados a prisión purgarán sus penas en cárceles del Estado colombiano, que por una norma constitucional autoriza a las comunidades indígenas a aplicar sus propias normas de justicia.
El caso ocurrió cuando dos miembros de la guardia indígena de la comunidad Nasa fueron asesinados en momentos en que intentaban desmontar una pancarta puesta por las FARC en el municipio de Toribío, 305 kilómetros al suroeste de Bogotá. Entre 350 y 400 miembros de la guardia indígena reaccionaron de inmediato y lograron atrapar a los siete guerrilleros involucrados en el hecho, que habían huido a una montaña.
Los indígenas arrestaron a los guerrilleros no sólo por el doble homicidio, sino porque los nasa no permiten que sus territorios sean escenario del conflicto armado que azota a Colombia desde hace cinco décadas. Después de la detención de los siete guerrilleros empezó a circular en varias comunidades indígenas de la región un panfleto supuestamente escrito por las FARC con amenazas de muerte contra 26 líderes aborígenes bajo acusaciones de que colaboran con el Ejército y la Policía.
Las FARC desmintieron desde La Habana ser las autoras de las amenazas, a la vez que aseguraron tener un “profundo respeto” por los pueblos originarios. (DPA)
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