Por Juan Manuel Asis
08 Enero 2015
Son rehenes y van a seguir siéndolo. Nacieron así, morirán así, extorsionados, aunque pataleen. Ese es el mensaje, prístino, que conlleva la decisión del Poder Ejecutivo de dar de baja al Pacto Social, por el cual la Provincia se hacía cargo de las deudas de los municipios a cambio de asegurarles el pago de los sueldos a sus empleados y la concreción de obras públicas. Nació para institucionalizar la esclavitud política y, por si alguno no se había dado cuenta, hoy se muestra en plenitud la orientación que tuvo la génesis de este plan, pergeñado allá por fines de los noventa, comienzos de 2000, por el entonces ministro de Economía de Julio Miranda, José Alperovich. Clientelismo instaurado desde las propias instituciones democráticas, para nada justificable, pero con una gran dosis de pragmatismo. Además, políticamente, la medida económica sirvió para que desaparecieran los caudillos territoriales y aparecieran en su lugar los acopiadores de recursos que supieron fortalecer sus propios espacios políticos con el dinero del Estado.
La iniciativa, en síntesis, centralizó la acción de gobierno. El federalismo municipal desapareció en aras del unitarismo del Ejecutivo. Pero, aunque parece que los destinatarios son todos los municipios, la iniciativa del Gobierno tiene un objetivo central. Porque si bien el convenio servía para docilizar, comprar lealtades y asegurar fidelidades, ahora, con esta real amenaza, lo que se intenta es quebrar la voluntad de una persona en especial: la del intendente capitalino. Los “mellizos” Orellana son un caso perdido para el oficialismo, ya que han jugado todas sus fichas por el massismo. Para los famaillenses no hay vuelta atrás posible. Hasta los van a sacar del PJ si es necesario. Para que escarmienten. Sólo les cabe renegar del alperovichismo que los intenta ahogar por tratar de ser librepensadores políticos.
En cambio, con el jefe municipal de San Miguel de Tucumán el trato del alperovichismo fue distinto. Primero le abrió una puerta, aunque le pusiera un plazo de vencimiento a la maniobra. Se trató de una cordial invitación, a través del ministro de Seguridad, a mantenerse en la estructura del PJ para pelear por el “modelo” en contra del diputado nacional José Cano (UCR). Un gesto de delicadeza que no se condijo luego con la determinación del fin de ciclo del Pacto Social. En la jugada, hasta el propio legislador del radicalismo vino a favorecer al oficialismo, ya que dejó fuera de su plan de acción al intendente, al calificarlo como un kirchnerista que sigue acompañando las políticas del gobernador. En la Casa de Gobierno deben haber sonado como caricias las palabras de Cano, ya que obstaculizó cualquier posible acuerdo electoral con el jefe municipal, algo que temía de sobremanera el oficialismo, porque sería una sociedad peligrosa para la aspiración de continuismo en el poder. Aunque, claro, en política nunca está dicha la última palabra. Para esta actividad no caben las sorpresas, el asombro -como se dice por ahí- es para los tontos.
Cerrar el grifo del dinero oficial para asfixiar las arcas municipales es el último de los recursos, tal vez el más desesperado por parte del alperovichismo por convencer a Amaya para que regrese al redil y se encolumne cual obediente ovejita, so pena de terminar su gestión contra las cuerdas. Es una amenaza, y no velada, sino a cara descubierta. Claro, antes hubo aquel paso previo, una acción más elegante: un convite formal al jefe municipal para que siga en el consejo provincial justicialista -como vicepresidente-, algo que al parecer no lo sedujo demasiado. Esta movida tiene fecha de vencimiento: el 5 de febrero, que es cuando deben presentarse las listas de candidatos para cubrir los distintos espacios políticos partidarios del PJ. Se sabe, Beatriz Rojkés, encabezará la nómina. ¿Estará Amaya en la boleta? Es lo que se pretende desde el seno del alperovichismo para mostrar una unidad que no es tal y que el PJ no llega fracturado a los comicios de renovación de autoridades. Es difícil que el acuerdo prospere cuando primero lo palmean y luego lo acusan de traidor en el propio PJ. Así, cuando el 8 de marzo se elijan las autoridades del Partido Justicialista, mucho se estará diciendo desde el lado del oficialismo, ya que mostrará su realidad crudamente. Un quiebre implica un serio riesgo para enfrentar las elecciones de agosto. ¿Pacto Social? Una excusa para el apriete.
La iniciativa, en síntesis, centralizó la acción de gobierno. El federalismo municipal desapareció en aras del unitarismo del Ejecutivo. Pero, aunque parece que los destinatarios son todos los municipios, la iniciativa del Gobierno tiene un objetivo central. Porque si bien el convenio servía para docilizar, comprar lealtades y asegurar fidelidades, ahora, con esta real amenaza, lo que se intenta es quebrar la voluntad de una persona en especial: la del intendente capitalino. Los “mellizos” Orellana son un caso perdido para el oficialismo, ya que han jugado todas sus fichas por el massismo. Para los famaillenses no hay vuelta atrás posible. Hasta los van a sacar del PJ si es necesario. Para que escarmienten. Sólo les cabe renegar del alperovichismo que los intenta ahogar por tratar de ser librepensadores políticos.
En cambio, con el jefe municipal de San Miguel de Tucumán el trato del alperovichismo fue distinto. Primero le abrió una puerta, aunque le pusiera un plazo de vencimiento a la maniobra. Se trató de una cordial invitación, a través del ministro de Seguridad, a mantenerse en la estructura del PJ para pelear por el “modelo” en contra del diputado nacional José Cano (UCR). Un gesto de delicadeza que no se condijo luego con la determinación del fin de ciclo del Pacto Social. En la jugada, hasta el propio legislador del radicalismo vino a favorecer al oficialismo, ya que dejó fuera de su plan de acción al intendente, al calificarlo como un kirchnerista que sigue acompañando las políticas del gobernador. En la Casa de Gobierno deben haber sonado como caricias las palabras de Cano, ya que obstaculizó cualquier posible acuerdo electoral con el jefe municipal, algo que temía de sobremanera el oficialismo, porque sería una sociedad peligrosa para la aspiración de continuismo en el poder. Aunque, claro, en política nunca está dicha la última palabra. Para esta actividad no caben las sorpresas, el asombro -como se dice por ahí- es para los tontos.
Cerrar el grifo del dinero oficial para asfixiar las arcas municipales es el último de los recursos, tal vez el más desesperado por parte del alperovichismo por convencer a Amaya para que regrese al redil y se encolumne cual obediente ovejita, so pena de terminar su gestión contra las cuerdas. Es una amenaza, y no velada, sino a cara descubierta. Claro, antes hubo aquel paso previo, una acción más elegante: un convite formal al jefe municipal para que siga en el consejo provincial justicialista -como vicepresidente-, algo que al parecer no lo sedujo demasiado. Esta movida tiene fecha de vencimiento: el 5 de febrero, que es cuando deben presentarse las listas de candidatos para cubrir los distintos espacios políticos partidarios del PJ. Se sabe, Beatriz Rojkés, encabezará la nómina. ¿Estará Amaya en la boleta? Es lo que se pretende desde el seno del alperovichismo para mostrar una unidad que no es tal y que el PJ no llega fracturado a los comicios de renovación de autoridades. Es difícil que el acuerdo prospere cuando primero lo palmean y luego lo acusan de traidor en el propio PJ. Así, cuando el 8 de marzo se elijan las autoridades del Partido Justicialista, mucho se estará diciendo desde el lado del oficialismo, ya que mostrará su realidad crudamente. Un quiebre implica un serio riesgo para enfrentar las elecciones de agosto. ¿Pacto Social? Una excusa para el apriete.
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