14 Febrero 2015
Se viven horas de incertidumbre en el Poder Judicial local. Sucede que el 1 de marzo entrará en vigencia la Ley 8.664 que traspasó a los Tribunales provinciales la competencia para perseguir a los vendedores de droga para el consumo o dealers, pese a que una comisión integrada por miembros de los tres poderes del Estado concluyó que no estaban dadas las condiciones para asumir esa función.
Si bien el artículo 5 de la Ley 8.664 faculta al Poder Ejecutivo (PE) a prorrogar la entrada en vigor, el gobernador José Alperovich no hizo uso aún de esa facultad. Por esta razón y frente a la inminencia del vencimiento del plazo legal, el Ministerio Público Fiscal y Pupilar encabezado por Edmundo Jiménez baraja la posibilidad de entablar una acción judicial para paralizar momentánea o indefinidamente la aplicación de la norma. Fuentes de esa institución explicaron que hay motivos para considerar inconstitucional la transferencia de la competencia para perseguir el narcomenudo (hasta ahora en manos de la Justicia Federal).
“No llegaremos a marzo porque queremos hacer un buen trabajo”, admitió en noviembre Paul Hofer, secretario de Seguridad y presidente del comité creado por la Ley 8.664. “Necesitamos datos precisos sobre el volumen de causas existentes en la Justicia Federal y sobre la experiencia de las provincias que ya asumieron la potestad para investigar el ‘narcomenudeo’”, precisó. La comisión ad hoc está integrada por dos miembros del Gobierno (Hofer y Lucas Haurigot Posse, secretario de Estado de Prevención y Asistencia a las Adicciones); dos del Poder Judicial (Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la magistrada Juana Juárez) y tres del Poder Legislativo (los legisladores oficialistas Graciela Suárez y José Alberto León, y la parlamentaria Nancy Bulacio, del Partido de los Trabajadores -aliado del alperovichismo-).
“Hasta ahora veo dificultades porque no contamos con números ajustados respecto de los casos que ingresarían. No avizoro cuándo asumiremos esta competencia”, dijo Gandur a comienzos de este mes. Desde antes de la sanción de la ley, el titular de la Corte sostiene que el traspaso de la competencia requiere de la creación de centros para adictos; más fiscalías; una fuerza policial especializada; un laboratorio, etc. Según la norma, los recursos destinados a cubrir tales necesidades deben ser transferidos por diferentes órganos de la Nación, pero hasta el presente no hubo novedades al respecto.
El gobernador Alperovich anunció la decisión de adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes a comienzos de 2014. La iniciativa obedeció a un pedido del Gobierno nacional, que pretendía así liberar a la Justicia Federal de los casos “chicos” para que esta institución concentre sus energías en la persecución del narcotráfico. La oposición, expertos y un grupo de fiscales rechazaron la iniciativa con el argumento de que no había dado resultado en otras provincias y de que no había posibilidades de atender las numerosas causas de “narcomenudeo”. Aún así, el bloque oficialista sancionó la polémica norma.
Si bien el artículo 5 de la Ley 8.664 faculta al Poder Ejecutivo (PE) a prorrogar la entrada en vigor, el gobernador José Alperovich no hizo uso aún de esa facultad. Por esta razón y frente a la inminencia del vencimiento del plazo legal, el Ministerio Público Fiscal y Pupilar encabezado por Edmundo Jiménez baraja la posibilidad de entablar una acción judicial para paralizar momentánea o indefinidamente la aplicación de la norma. Fuentes de esa institución explicaron que hay motivos para considerar inconstitucional la transferencia de la competencia para perseguir el narcomenudo (hasta ahora en manos de la Justicia Federal).
“No llegaremos a marzo porque queremos hacer un buen trabajo”, admitió en noviembre Paul Hofer, secretario de Seguridad y presidente del comité creado por la Ley 8.664. “Necesitamos datos precisos sobre el volumen de causas existentes en la Justicia Federal y sobre la experiencia de las provincias que ya asumieron la potestad para investigar el ‘narcomenudeo’”, precisó. La comisión ad hoc está integrada por dos miembros del Gobierno (Hofer y Lucas Haurigot Posse, secretario de Estado de Prevención y Asistencia a las Adicciones); dos del Poder Judicial (Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la magistrada Juana Juárez) y tres del Poder Legislativo (los legisladores oficialistas Graciela Suárez y José Alberto León, y la parlamentaria Nancy Bulacio, del Partido de los Trabajadores -aliado del alperovichismo-).
“Hasta ahora veo dificultades porque no contamos con números ajustados respecto de los casos que ingresarían. No avizoro cuándo asumiremos esta competencia”, dijo Gandur a comienzos de este mes. Desde antes de la sanción de la ley, el titular de la Corte sostiene que el traspaso de la competencia requiere de la creación de centros para adictos; más fiscalías; una fuerza policial especializada; un laboratorio, etc. Según la norma, los recursos destinados a cubrir tales necesidades deben ser transferidos por diferentes órganos de la Nación, pero hasta el presente no hubo novedades al respecto.
El gobernador Alperovich anunció la decisión de adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes a comienzos de 2014. La iniciativa obedeció a un pedido del Gobierno nacional, que pretendía así liberar a la Justicia Federal de los casos “chicos” para que esta institución concentre sus energías en la persecución del narcotráfico. La oposición, expertos y un grupo de fiscales rechazaron la iniciativa con el argumento de que no había dado resultado en otras provincias y de que no había posibilidades de atender las numerosas causas de “narcomenudeo”. Aún así, el bloque oficialista sancionó la polémica norma.
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