17 Marzo 2015
El futuro del denominado “voto joven” se dirime por estas horas en la Justicia. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Ebe López Piossek y Sergio Gandur) debe resolver una medida cautelar presentada por el PRO la semana pasada para que se suspenda la aplicación de la Ley 8.532, que modificó el Código Electoral Provincial e implementó el voto optativo para los chicos desde los 16 años.
El PRO viene accionando por vía judicial por este asunto desde fines de 2012, cuando el Gobierno de José Alperovich decidió seguir el criterio de la Nación y ampliar el espectro de votantes. En las últimas semanas, sin embargo, la agrupación opositora tuvo que tomar nuevas medidas porque el gobernador convocó a los tucumanos a las urnas para el 23 de agosto y se puso en marcha el cronograma.
El legislador macrista Alberto Colombres Garmendia recordó que en 2012, antes de que la Legislatura tratara los cambios, los apoderados de su partido habían planteado un amparo. La Corte lo había rechazado. Entre las razones por las que no hizo lugar, el máximo Tribunal había señalado: “si lo que se pretende poner en cuestión es el contenido probable, futuro, y eventual de un acto que todavía no ha advenido al mundo de las realidades, nunca podría ser impugnable. La actividad todavía se está desarrollando, y por lo tanto, aún no se ha agotado. De lo contrario, un Poder del Estado, en este caso, el Judicial, estaría interfiriendo en la actividad que es propia de otros dos poderes”. Había dejado abierta entonces la posibilidad de nuevas presentaciones.
El presidente de la asamblea provincial y apoderado del PRO, Arturo Forenza (h), detalló lo que sucedió después. “Presentamos una acción declarativa de certeza. Una ley inferior no puede modificar lo dispuesto por la Constitución de la Provincia. En el artículo 42, establece que los ciudadanos votarán desde los 18”, subrayó. Explicó que en el contexto de ese juicio, que se encuentra en etapa de alegatos, es que se presentó la cautelar para que se suspenda la vigencia de la norma hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Requirió que los comicios se desarrollen bajo las disposiciones de la Ley 7.876, antes de ser modificada.
El letrado diferenció la situación provincial de la del ámbito nacional. Sucede que en la Constitución Nacional no figura la edad de los electores.
Al ser consultado por LA GACETA, el constitucionalista Luis Iriarte había manifestado no tener dudas de que la norma era inconstitucional. El ex convencional constituyente federal había manifestado que lo era también el hecho de que fuera opcional. “La legislación nacional y provincial establecen que el voto es obligatorio”, precisó.
En octubre de 2012, por impulso de la Casa Rosada, el Congreso había aprobado el denominado “voto joven” (Ley Nacional Nº 26.774). Ese mismo mes, la Legislatura tucumana avaló el proyecto que modificó el Régimen Electoral Provincial y que habilitó a los ciudadanos de esas edades a votar, si así lo desearan, a cargos provinciales. Desde entonces, sin embargo, no se habían renovado los puestos de la administración local.
Por lo tanto, en agosto sería la primera vez que los chicos de 16 y 17 concurrirían al cuarto oscuro. Los tucumanos de esa edad sí habían sufragado en los comicios que en 2013 renovaron parcialmente el Congreso.
“Mal uso”
Si bien se mostró a favor de la “ampliación de derechos”, el legislador radical Fernando Valdez advirtió sobre cómo el oficialismo afrontará a los nuevos votantes. “Estoy seguro de que el Gobierno lo mal usará. Hay que trabajar, con seriedad y con campañas informativas, para que los chicos decidan con libertad. Para que no se haga el mismo uso que se hace, por ejemplo, de los programas de asistencia social. No son una política de Estado, se piensa en los beneficios partidarios”, consideró.
El PRO viene accionando por vía judicial por este asunto desde fines de 2012, cuando el Gobierno de José Alperovich decidió seguir el criterio de la Nación y ampliar el espectro de votantes. En las últimas semanas, sin embargo, la agrupación opositora tuvo que tomar nuevas medidas porque el gobernador convocó a los tucumanos a las urnas para el 23 de agosto y se puso en marcha el cronograma.
El legislador macrista Alberto Colombres Garmendia recordó que en 2012, antes de que la Legislatura tratara los cambios, los apoderados de su partido habían planteado un amparo. La Corte lo había rechazado. Entre las razones por las que no hizo lugar, el máximo Tribunal había señalado: “si lo que se pretende poner en cuestión es el contenido probable, futuro, y eventual de un acto que todavía no ha advenido al mundo de las realidades, nunca podría ser impugnable. La actividad todavía se está desarrollando, y por lo tanto, aún no se ha agotado. De lo contrario, un Poder del Estado, en este caso, el Judicial, estaría interfiriendo en la actividad que es propia de otros dos poderes”. Había dejado abierta entonces la posibilidad de nuevas presentaciones.
El presidente de la asamblea provincial y apoderado del PRO, Arturo Forenza (h), detalló lo que sucedió después. “Presentamos una acción declarativa de certeza. Una ley inferior no puede modificar lo dispuesto por la Constitución de la Provincia. En el artículo 42, establece que los ciudadanos votarán desde los 18”, subrayó. Explicó que en el contexto de ese juicio, que se encuentra en etapa de alegatos, es que se presentó la cautelar para que se suspenda la vigencia de la norma hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Requirió que los comicios se desarrollen bajo las disposiciones de la Ley 7.876, antes de ser modificada.
El letrado diferenció la situación provincial de la del ámbito nacional. Sucede que en la Constitución Nacional no figura la edad de los electores.
Al ser consultado por LA GACETA, el constitucionalista Luis Iriarte había manifestado no tener dudas de que la norma era inconstitucional. El ex convencional constituyente federal había manifestado que lo era también el hecho de que fuera opcional. “La legislación nacional y provincial establecen que el voto es obligatorio”, precisó.
En octubre de 2012, por impulso de la Casa Rosada, el Congreso había aprobado el denominado “voto joven” (Ley Nacional Nº 26.774). Ese mismo mes, la Legislatura tucumana avaló el proyecto que modificó el Régimen Electoral Provincial y que habilitó a los ciudadanos de esas edades a votar, si así lo desearan, a cargos provinciales. Desde entonces, sin embargo, no se habían renovado los puestos de la administración local.
Por lo tanto, en agosto sería la primera vez que los chicos de 16 y 17 concurrirían al cuarto oscuro. Los tucumanos de esa edad sí habían sufragado en los comicios que en 2013 renovaron parcialmente el Congreso.
“Mal uso”
Si bien se mostró a favor de la “ampliación de derechos”, el legislador radical Fernando Valdez advirtió sobre cómo el oficialismo afrontará a los nuevos votantes. “Estoy seguro de que el Gobierno lo mal usará. Hay que trabajar, con seriedad y con campañas informativas, para que los chicos decidan con libertad. Para que no se haga el mismo uso que se hace, por ejemplo, de los programas de asistencia social. No son una política de Estado, se piensa en los beneficios partidarios”, consideró.
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