Pese a las prohibiciones, esperan una ola de bolsones

Fuera de micrófono, los dirigentes que hablan de bolsones parecen referirse a brujas: ninguno admite su existencia -al menos, ninguno admite que les pertenezcan-; pero que los habrá en la jornada electoral de hoy, los habrá.

Según estimaciones -no hay cifras “oficiales” de cuánto se invierte en esta maquinaria electoral-, los acoples de la Capital con más recursos cuentan con un stock de entre 20.000 y 80.000 bolsones (estos últimos, según versiones, son algunos de los más cercanos a la Casa de Gobierno). Hay dos clases de paquetes: el común, que contiene alimentos por $ 40 (arroz, fideos, aceite, polenta, azúcar y sal); y el “VIP”, que tiene productos por $ 70 (además de los anteriores, puré de tomates, yerba mate y vinagre).

La dirigencia también se hará cargo del traslado de votantes, como se vio en las Primarias Abiertas de hace dos semanas. Esto implicará una doble erogación. Por un lado, el “alquiler” del automóvil (cada uno cuesta unos $ 1.300); por otro, se les abonarán unos $ 500 a los “movilizadores”, quienes se encargarán de recoger al ciudadano, y de llevarlo y traerlo del lugar de votación. Además, deberán anotar datos de interés para su candidato (cuántos viajes hicieron, hacia qué escuelas, cuántas personas trasladaron, etcétera).

Los fiscales partidarios, que tendrán la misión de velar por los votos de los armados que defienden, también percibirán $ 500 por esta tarea, según las previsiones de dirigentes de la Capital.

Este sistema ya funcionó en las elecciones provinciales de 2011 y en las nacionales de 2013. De hecho, tras los comicios de hace dos años la Justicia federal abrió una causa penal a raíz de una nota de LA GACETA, que consignaba el circuito del traslado del elector hasta la entrega del bolsón. La pesquisa no halló responsables de presuntos delitos.

Atento a estos hechos y a las versiones de que hoy habrá una “ola” de bolsones y de movilizadores en los distintos puntos de Tucumán, la Junta Electoral Provincial (JEP) dictó la resolución N° 961/15, del 30 de julio. El órgano con jurisdicción sobre los comicios dispuso mediante ese instrumento “que los veedores judiciales supervisen el desenvolvimiento de la actividad en las escuelas electorales en las que fueron designados y en los alrededores de las mismas (80 metros), a fin de evitar que se produzcan las prácticas clientelares o de fraude electoral”. Se señala que los veedores deberán además “adoptar las medidas que consideren pertinentes -en ejercicio de su autoridad y con el auxilio de la fuerza pública- a fin de neutralizar y denunciar” las maniobras ilegales que puedan advertir.

También vía esa resolución se les recordó a las fuerzas de seguridad “la obligación de llevar adelante las tareas necesarias para prevenir e investigar la comisión de cualquier ilícito electoral, evitando que se consumen prácticas clientelares o de fraude electoral el día de los comicios”. Por último, la Junta Electoral instó “a la sociedad en general a denunciar frente a las autoridades pertinentes cualquier situación que pudiese constituir una práctica clientelar o de fraude electoral”.

En esa resolución, la JEP consignó que los delitos electorales (ver el recuadro “Qué está prohibido”) tienen penas previstas en el Código Electoral Nacional. “El artículo 139 tipifica el comportamiento de quien impidiera el ejercicio del derecho al sufragio, ya sea con violencia o intimidación, o privándolo de su libertad”, remarcó la Junta.

En ese artículo también se contemplan castigos para quien afecte “la sinceridad” en la emisión del voto. “Se penará con prisión de uno a tres años a quien (...) compeliere a un elector a votar de manera determinada”, expresa la norma, según citó la JEP. El órgano añadió luego el artículo 140, que impone penas “a quien con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma”.

Pese a estas previsiones, para hoy se espera la aparición de incontables bolsones y movilizadores. Más allá de que nadie se haga cargo de su existencia.