Los "gastos sociales" son la primera disidencia entre el Concejo de Yerba Buena y Campero

Los concejales de Yerba Buena tienen entre sus manos un proyecto para aumentarse la planta de personal y el presupuesto de sus bloques. Si prospera, pasarán a tener más empleados por edil y dinero para los denominados gastos sociales. La idea, que anda dando vueltas por sus cabezas desde hace tres semanas, ha sido impulsada por el edil radical Benjamín Zelaya.

Sin embargo, no es su iniciativa la que piensan debatir en el recinto de sesiones -probablemente esta semana- sino otra que había sido presentada en abril de 2012 por los otrora ediles peronistas Marcelo Albaca, Antonio Pisano y Mauricio Marcoccia. Uno podría preguntarse por qué analizan una sugerencia de hace tres años y ajena? Pues bien, resulta que, según el reglamento del cuerpo yerbabuenense, los proyectos no pierden estado parlamentario, a menos que hayan sido archivados. Entonces, cuando ingresa una idea similar a alguna existente, se toma como válida la antigua.

Así las cosas, cuando Zelaya le dio curso a su propuesta, los empleados le sacudieron el polvo al expediente anterior y lo pusieron a disposición de las comisiones.

En su empeño, que por aquel entonces no prosperó, Albaca, Pisano y Marcoccia decían que era necesario adecuar el Concejo Deliberante a lo que su propio reglamento establecía. Y contaban que en 2011, ellos y sus pares habían decidido reducir, en carácter transitorio, la planta de empleados, llevándola de siete a dos cargos. Esos contratos les habían sido prestados, de palabra, al ex intendente Daniel Toledo. Debido a que el Ejecutivo reforzó luego su personal, creían que era hora de que les devolvieran el crédito.

Por ello, recomendaban que el artículo 25 del reglamento quedara redactado como estaba antes: “los concejales tendrán un presupuesto equivalente a la sumatoria de siete básicos de la categoría 15 del escalafón municipal”.

Pero dejemos lo pasado ahí mismo. Y veamos qué ocurre hoy con esa idea. La actual composición del Concejo es partidaria de reflotarla, casi tal cual está. Pero las discusiones aparecen a la hora de definir cuántos empleados son necesarios por edil. ¿Por qué no les alcanza con dos? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué funciones cumplen esas personas?

En la voz de Zelaya, se debe retornar a lo reglamentado. “Necesitamos que el Concejo funcione como una institución”, afirma. Javier Jantus -su compañero de banca y presidente del cuerpo- considera que, tal vez, podrían contar con cinco nombramientos cada uno, en vez de siete. “Pero con dos, definitivamente, es difícil trabajar”, añade. También aclara que, aunque el proyecto se aprobaría ahora, postergarían su aplicación para marzo, porque creen que se debe contemplar la situación financiera de la Municipalidad.

Marcelo Rojas -electo por un partido vecinal- explica que un concejal requiere, para su desempeño, la asesoría de profesionales, especialmente en temas referidos a la urbanización, al tránsito, a las finanzas y a las leyes.

Rojas inicia su segundo período como edil, ya que estuvo durante la intendencia de Roberto Martínez Zavalía, entre 2003 y 2007. En aquellos tiempos, cada edil contaba con tres empleados de las categorías 20, 22 y 24 (las más altas). Después, Toledo arrancó con 11 designaciones, y luego las bajó a siete y a las actuales dos.

Los concejales analizan, además, que se modifique el artículo del reglamento referido a los gastos políticos y asistenciales. Actualmente, la norma establece que ese dinero puede ser “hasta un sueldo de un concejal”. Estarían de acuerdo en quitarle la palabra “hasta”, con el objetivo de que cada uno de ellos reciba el equivalente a un sueldo bruto.

Como intuyen que la sola mención de un sueldo más por edil (es decir, 10 sueldos extras por mes) podría sonarle como un baldazo de agua fría al intendente Mariano Campero, trascendió que barajan la posibilidad de pedirle que esos gastos les sean pagados de manera escalonada. Es decir, pretenden empezar este año con el equivalente al 25% de una remuneración bruta. El salario bruto de un edil rondaría los $ 15.000.

Con o sin escalones, Campero les ha anticipado que no le cuaja la idea. “Pidan lo que quieran. Daré lo que pueda”, le responde a este diario. Y enseguida añade: “cuando fui concejal, nunca cobré gastos sociales. Estoy en contra de esa práctica. Creo que el manejo discrecional de fondos no le hace bien a la política”.

- ¿Qué piensa sobre el incremento de empleados?

- De mi parte, tengo la voluntad de que el Concejo funcione de manera autónoma. Creo que lo lógico sería volver a los siete empleados, que es un número importante. Pero también debemos ser prudentes, y esperar hasta que nos acomodemos en el aspecto financiero.

Otra postura en contra de los gastos sociales es la que ostenta Marcoccia -uno de los autores, justamente, del proyecto que circula por los escritorios-. El ex concejal califica a ese ítem de vidrioso. "La plata del Estado debe usarse de modo transparente. El Ejecutivo no puede están dándole dinero al Legislativo para asistencialismo. Es una locura. Para eso existen las áreas de desarrollo social", opina.

En cambio Marcelo Albaca -coautor de la iniciativa-, piensa que esos fondos son necesarios, aunque cree que deberían ser distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada edil. "Hay que administrar los recuros del Estado con eficacia y sin discrecionalidad", dice, y recuerda que en la anterior gestión, el ex presidente del cuerpo, Antonio Caferro, se "burlaba" de ellos dándoles $ 100, de vez en cuando.

Con respecto a la planta de personal, los funcionarios salientes coinciden en que, con los dos empleados actuales, un concejal "no tiene margen de acción". Luciano Villegas -también del equipo de los salientes- cree que son necesarios al menos dos asesores (un abogado y un contador) para llevar adelante una gestión.

A sus 26 años, el actual concejal justicialista Walter “Kabuby” Aráoz defiende los gastos asistenciales. “Yo les digo que sí a los gastos de bloque. Porque en política, hay asistencias sociales que uno tiene que atender. A diario, alguien te pide pañales o remedios. Son cosas que nos suceden, especialmente a los peronistas”, cuenta.

En definitiva, hasta aquí hay coincidencias entre los concejales en que el Concejo necesita más asesores. De lo contrario, seguirá siendo un apéndice del Ejecutivo, aducen. El gasto social, en cambio, genera discusiones. Y se ha transformado en la primera disidencia del nuevo gobierno.

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Según pasan los años

Entre 2003 y 2007, durante la gestión del ex intendente Roberto Martínez Zavalía, el Concejo Deliberante contaba con tres empleados por edil, de categoría 20, 23 y 24 (las más altas del escalafón municipal). En caso de que algún edil quisiera, podía dividir ese dinero en más contrataciones de categorías menores.

Entre 2007 y 2011, durante la primera gestión del ex intendente Daniel Toledo, cada concejal contaba con 11 contratos de categorías inferiores.

Luego, a comienzos de 2011, se estableció por reglamento que cada edil tendría siete cargos de la categoría 15 del escalafón.

Meses después, Toledo redujo la planta de siete a dos empleados por edil.  Eso se tradujo en casi $ 2,5 millones menos, a plata de aquel tiempo, de ahorro para el Ejecutivo municipal.

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Para comparar

En la otrora composición del Concejo Deliberante de la capital había 2.700 empleados políticos. Ese cuerpo deliberante cuenta con 18 concejales. El cuerpo legislativo de Yerba Buena, en cambio, está compuesto por 10 concejales, puesto que es considerado un municipio de segunda categoría dentro del Régimen Orgánico de las Municipalidades