Pinamar, en guerra contra “trapitos” tucumanos

“Si quieren que nos vayamos, que nos den un subsidio de $ 15.000 a cada uno”. Esa fue la amenaza que recibió el intendente de la localidad balnearia de Pinamar, Martín Yeza, de parte de un grupo de “trapitos” tucumanos de los que no puede deshacerse. En diálogo telefónico con LA GACETA, el jefe municipal dijo que este grupo de personas, que aseguran haber viajado desde nuestra provincia en un contingente de obreros “golondrina”, se resiste a cumplir con una ordenanza que les prohibe seguir trabajando como “cuidacoches” en su ciudad. Según Yeza, el conflicto llegó a su punto de mayor tensión ayer a la mañana, cuando intentaron agredirlo físicamente. “Eran aproximadamente 30 trapitos, en la mayoría tucumanos, que me quisieron agarrar a piñas y me exigieron que les pague $ 15.000 por persona para irse de Pinamar, que según ellos es lo que cada uno iba a ganar esta temporada”, relató Yeza.

El jefe municipal, quien tiene 30 años y proviene del PRO, aseguró que los trapitos dijeron que los había enviado el Gobierno de Tucumán, que les pagó el pasaje en ómnibus a la costa para que trabajen cuidando coches durante la temporada turística.

El intendente explicó: “el tema de los trapitos explotó exponencialmente con el inicio de la temporada de verano y obligó a tomar algunas medidas, como la sanción de una ordenanza que entró en vigencia la semana pasada y establece un mínimo de dos años de residencia en Pinamar para poder trabajar en esa actividad”. La norma, agregó, también consiste en la creación de un registro de 37 personas, que son las que venían desarrollando el trabajo de cuidacoches, en su mayoría ancianos oriundos de Pinamar y cuya actividad necesita ser preservada, lo que dejó al margen de este circuito a cerca de 160 personas. Yeza añadió: “este grupo que viene generando problemas desde la semana pasada actúa como una mafia y, según las denuncias de vecinos, podrían estar involucradas en otras actividades ilícitas que la justicia ya está investigando”.

Desmentida oficial

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado, negó terminantemente que la Provincia haya financiado el traslado o enviado a algún contingente de trabajadores a la Costa Atlántica para desarrollar ese tipo de actividades. El funcionario explicó: “los traslados de obreros temporarios del limón, de la caña y del sector gastronómico se hacen en el marco de la ley 7.542, que establece como requisito que esas personas viajen solamente si tienen en el lugar de destino un contrato que les garantice trabajo”. Además, Amado indicó que la norma establece que los listados de estos trabajadores deben ser elaborados por los gremios de dichos sectores para evitar que se beneficien personas ajenas a esas actividades.

El ministro indicó: “todos los trabajadores que viajan a la Costa para la temporada de verano, a través de Uthgra, lo hacen para trabajar como mozos o en restaurantes y hoteles, pero siempre con contrato”.

De todas maneras, Amado advirtió: “se van a reforzar los controles en las empresas de transporte para que no salga ningún viaje que pueda incluir en el pasaje a personas que no estén dentro de los listados obreros temporarios aportados por los gremios y que no tengan autorización de la Dirección de Planes de Trabajo de la Provincia”.

Uno de los voceros del grupo de “trapitos” tucumanos que se niega a dejar Pinamar se identificó como Carlos Rafael Chapero y, al ser entrevistado por un canal de cable de esa ciudad balnearia, justificó la postura del grupo: “necesitamos trabajar. Tengo cuatro hijos, vivo de esto y no se hacer nada más. En Tucumán cosecho limones, en enero vengo acá y en febrero y marzo voy a trabajar a la cosecha de manzanas y peras (en Río Negro)”.

El hombre informó que antes de los operativos iniciados la semana pasada en Pinamar cada trapito obtenía una ganancia de entre $ 500 y $ 600 diarios. “Ahora no podemos trabajar; todos son golpes de la Policía. Si el intendente nos quiere correr, que nos dé un subsidio de $ 15.000 a cada uno de los 40 trapitos que fuimos sacados para poder volver a Tucumán”, reclamó.