Por Abrehu Carlos
14 Febrero 2016
L pelea por el dinero entre el Estado nacional y las administraciones provinciales signó el primer quinquenio de la restauración democrática. Entre diciembre de 1983 y enero de 1988, el Gobierno de Raúl Alfonsín y las conducciones peronistas de los distritos del interior acordaron y deshicieron pactos influidos por el impacto de los virajes de la política económica y de los resultados electorales. La gestión de Fernando Riera cerró filas con sus pares justicialistas. Su sucesor, José Domato, compartió esa actitud.
En términos políticos, se dibujaba la confrontación de la Argentina peronista con el alfonsinismo en sus distintos matices. Los ministros Bernardo Grinspun y Juan Vital Sourrouille dejaron su impronta en ese ciclo. Ahora bien, ¿qué es la coparticipación federal? Hacia 1984, la entonces Dirección General Impositiva (DGI) se encargaba de la percepción de impuestos federales y locales, cuyo monto se repartía entre el fisco nacional y las jurisdicciones locales. Quien se llevara la tajada más grande de la torta, tendría chances de una gobernabilidad menos complicada.
No bien se sentaron en sus sillones, los gobernadores peronistas empezaron a construir un frente para condicionar a la Casa Rosada. Así, el 24 de febrero de 1984, en la Casa de Gobierno tucumana, el ministro Antonio Tróccoli (Interior) y Norberto Bertaina (secretario de Hacienda) dialogaron con el bloque peronista del noroeste. Ambas partes firmaron un documento con obligaciones recíprocas. Se determinó un régimen transitorio de reparto hasta que el Congreso sancionase una ley de coparticipación respetando los índices vigentes. A su vez, las provincias se comprometían a mejorar la recaudación impositiva para bajar el déficit fiscal. Con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se cubrirían los desequilibrios en las cuentas de aquellas.
Los mandatarios del PJ, en otro texto, plantearon la antinomia entre la Argentina opulenta del puerto con la postergada del interior. Mientras apoyaban al régimen democrático, reclamaban que se posibilite el acceso de gran parte del país al desarrollo nacional.
El acuerdo transitorio se basaba en la Ley 20.221 de 1973, que asignaba el 48,5% para la Nación, el 48,5% para las provincias y un 3% para el Fondo de Desarrollo Regional. Su vigencia acababa el 31 de diciembre de 1984. Tucumán recibía el 11% de los recursos. En julio de 1984, Bertaina pedía a las provincias que no aflojaran la presión impositiva. mientras se sostenía el flujo de partidas a las provincias. Pero el tiempo político de Grinspun se extinguía acosado por la inflación y los paros sindicales.
Acuerdo y shock
Alfonsín prorrogó por decreto el acuerdo transitorio del 84, lo que fue cuestionado por el diputado jujeño Roberto Domínguez, que representaba al NOA en la Comisión Federal de Impuestos. Entendía que el 65% de lo captado por la Nación beneficiaba a Buenos Aires y la Capital Federal. Esa polémica aconteció en los primeros días de enero de 1985. Al mes siguiente, Bertaina decía que los envíos a las provincias superaban el 50,45%.
Con el ministerio de Sourrouille se puso en práctica el Plan Austral. Tróccoli, Sourrouille y Mario Brodersohn (secretario de Hacienda) hablaron con los jefes de los Ejecutivos peronistas. Tróccoli explicó que se debía reestructurar la economía para consolidar las bases de la democracia. A su vez, Brodersohn tiró leña al fuego cuando anunció la necesidad de reducir un 12% los aportes a las provincias. Una poda equivalente había aplicado la Nación en sus gastos.
El 9 de septiembre de 1985, Tróccoli adelantó desde Tucumán que el Congreso debatiría un proyecto de ley de coparticipación. Alfonsín lo remitió el 28 de diciembre, pero el intento se frustró por la cerrada oposición de las provincias peronistas.
Al analizar la situación política de esos años, el sociólogo Marcos Novaro apuntó en Democracia, mercado y nación que la presión de las provincias más dependientes de los fondos coparticipables -identificadas con el PJ- limitaba fuertemente la acción del Poder Ejecutivo Nacional. Tucumán formaba parte de ese lote.
Alfonsín firmó otro convenio transitorio de reparto de impuestos con gobernadores peronistas. El 10 de marzo de 1986 fue un día histórico, según el presidente. El 56% de los recursos captados se distribuiría a las provincias. El 28 de noviembre, Osvaldo Cirnigliaro adelantaba que Tucumán denunciaría judicialmente a la Nación, en réplica a la interpretación arbitraria que hacía Brodersohn del convenio de marzo. Tras la derrota radical, el Congreso sancionó el 8 de enero de 1988 la ley reparto de fondos coparticipables con un esquema transitorio. Tucumán no obtuvo lo ideal, pero mejoró, según Rodolfo Vargas Aignasse.
En términos políticos, se dibujaba la confrontación de la Argentina peronista con el alfonsinismo en sus distintos matices. Los ministros Bernardo Grinspun y Juan Vital Sourrouille dejaron su impronta en ese ciclo. Ahora bien, ¿qué es la coparticipación federal? Hacia 1984, la entonces Dirección General Impositiva (DGI) se encargaba de la percepción de impuestos federales y locales, cuyo monto se repartía entre el fisco nacional y las jurisdicciones locales. Quien se llevara la tajada más grande de la torta, tendría chances de una gobernabilidad menos complicada.
No bien se sentaron en sus sillones, los gobernadores peronistas empezaron a construir un frente para condicionar a la Casa Rosada. Así, el 24 de febrero de 1984, en la Casa de Gobierno tucumana, el ministro Antonio Tróccoli (Interior) y Norberto Bertaina (secretario de Hacienda) dialogaron con el bloque peronista del noroeste. Ambas partes firmaron un documento con obligaciones recíprocas. Se determinó un régimen transitorio de reparto hasta que el Congreso sancionase una ley de coparticipación respetando los índices vigentes. A su vez, las provincias se comprometían a mejorar la recaudación impositiva para bajar el déficit fiscal. Con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se cubrirían los desequilibrios en las cuentas de aquellas.
Los mandatarios del PJ, en otro texto, plantearon la antinomia entre la Argentina opulenta del puerto con la postergada del interior. Mientras apoyaban al régimen democrático, reclamaban que se posibilite el acceso de gran parte del país al desarrollo nacional.
El acuerdo transitorio se basaba en la Ley 20.221 de 1973, que asignaba el 48,5% para la Nación, el 48,5% para las provincias y un 3% para el Fondo de Desarrollo Regional. Su vigencia acababa el 31 de diciembre de 1984. Tucumán recibía el 11% de los recursos. En julio de 1984, Bertaina pedía a las provincias que no aflojaran la presión impositiva. mientras se sostenía el flujo de partidas a las provincias. Pero el tiempo político de Grinspun se extinguía acosado por la inflación y los paros sindicales.
Acuerdo y shock
Alfonsín prorrogó por decreto el acuerdo transitorio del 84, lo que fue cuestionado por el diputado jujeño Roberto Domínguez, que representaba al NOA en la Comisión Federal de Impuestos. Entendía que el 65% de lo captado por la Nación beneficiaba a Buenos Aires y la Capital Federal. Esa polémica aconteció en los primeros días de enero de 1985. Al mes siguiente, Bertaina decía que los envíos a las provincias superaban el 50,45%.
Con el ministerio de Sourrouille se puso en práctica el Plan Austral. Tróccoli, Sourrouille y Mario Brodersohn (secretario de Hacienda) hablaron con los jefes de los Ejecutivos peronistas. Tróccoli explicó que se debía reestructurar la economía para consolidar las bases de la democracia. A su vez, Brodersohn tiró leña al fuego cuando anunció la necesidad de reducir un 12% los aportes a las provincias. Una poda equivalente había aplicado la Nación en sus gastos.
El 9 de septiembre de 1985, Tróccoli adelantó desde Tucumán que el Congreso debatiría un proyecto de ley de coparticipación. Alfonsín lo remitió el 28 de diciembre, pero el intento se frustró por la cerrada oposición de las provincias peronistas.
Al analizar la situación política de esos años, el sociólogo Marcos Novaro apuntó en Democracia, mercado y nación que la presión de las provincias más dependientes de los fondos coparticipables -identificadas con el PJ- limitaba fuertemente la acción del Poder Ejecutivo Nacional. Tucumán formaba parte de ese lote.
Alfonsín firmó otro convenio transitorio de reparto de impuestos con gobernadores peronistas. El 10 de marzo de 1986 fue un día histórico, según el presidente. El 56% de los recursos captados se distribuiría a las provincias. El 28 de noviembre, Osvaldo Cirnigliaro adelantaba que Tucumán denunciaría judicialmente a la Nación, en réplica a la interpretación arbitraria que hacía Brodersohn del convenio de marzo. Tras la derrota radical, el Congreso sancionó el 8 de enero de 1988 la ley reparto de fondos coparticipables con un esquema transitorio. Tucumán no obtuvo lo ideal, pero mejoró, según Rodolfo Vargas Aignasse.
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