05 Abril 2016
A CARGO DE LA CAUSA. Casanello deberá determinar los vínculos entre Báez y el dinero que se manejaba en "La Rosadita". ARCHIVO
BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Casanello sostuvo en la resolución en la que ordenó la detención de Lázaro Báez, que los recursos que aparecen contabilizando el hijo del empresario y otras personas en un video difundidos en las últimas semanas, provendrían de “una ganancia ilícita obtenida mediante la utilización de facturas apócrifas”.
La resolución firmada por Casanello, en la cuál ordenó la detención de Lázaro Báez y de Daniel Pérez Gadín, precisa cuál es para el magistrado el origen de los fondos que aparecen contando en un video de seguridad Martín Báez, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo, Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín en la financiera “SGI Argentina S.A.” de Puerto Madero, apuntó Télam.
Al considerar que la partición de Báez en Austral Construcciones SA es del 95 % y el restante 5 % corresponde su hijo Martín, Casanello señala que "se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma de la que es accionista mayoritario, mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal”.
Además, indica que la sospecha de origen ilícito se deduce también de "la importantísima cantidad de dinero, la forma de traslado y disposición -en efectivo-", durante la vigencia del comúnmente denominado 'cepo cambiario', y el lugar escogido para ocultarlo y disimularlo, a través de “cuevas” financieras no autorizadas, agregó el juez".
El titular del Juzgado Federal 7 dio por probado también que el dinero, que según los cálculos judiciales supera los 5 millones de dólares, “habría sido trasladado a la sede de la SGI a dichos fines, mediante aviones adjudicados a la firma “Top Air S.A.”, en la cual Báez era accionista a través de Austral Construcciones SA, y su presidente, Walter Zanzot, poseía el 51 %.
La resolución firmada por Casanello, en la cuál ordenó la detención de Lázaro Báez y de Daniel Pérez Gadín, precisa cuál es para el magistrado el origen de los fondos que aparecen contando en un video de seguridad Martín Báez, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo, Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín en la financiera “SGI Argentina S.A.” de Puerto Madero, apuntó Télam.
Al considerar que la partición de Báez en Austral Construcciones SA es del 95 % y el restante 5 % corresponde su hijo Martín, Casanello señala que "se presume que dichos fondos provienen de una ganancia ilícita obtenida por aquella firma de la que es accionista mayoritario, mediante la utilización de facturas apócrifas y la generación -a través de ese ardid- de un fraude fiscal”.
Además, indica que la sospecha de origen ilícito se deduce también de "la importantísima cantidad de dinero, la forma de traslado y disposición -en efectivo-", durante la vigencia del comúnmente denominado 'cepo cambiario', y el lugar escogido para ocultarlo y disimularlo, a través de “cuevas” financieras no autorizadas, agregó el juez".
El titular del Juzgado Federal 7 dio por probado también que el dinero, que según los cálculos judiciales supera los 5 millones de dólares, “habría sido trasladado a la sede de la SGI a dichos fines, mediante aviones adjudicados a la firma “Top Air S.A.”, en la cual Báez era accionista a través de Austral Construcciones SA, y su presidente, Walter Zanzot, poseía el 51 %.
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