02 Junio 2016
BIENES. En su última declaración, Manzur exhibió $ 34,1 millones.
El expediente de la nueva investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito del gobernador Juan Manzur se engrosa por estos días en la Fiscalía Federal N°2.
Desde fines del año pasado, la pesquisa está en manos del titular de esa oficina, Pablo Camuña. “Después de unos pocos meses de investigación, ya contamos con la misma cantidad de prueba que se reunió en la causa precedente, cuyo trámite llevó varios años”, consignó Camuña a LA GACETA.
Según el fiscal, se obtuvo información registral de varias provincias y de empresas, informes bancarios e impositivos, y otra documentación para comparar con las declaraciones juradas.
Camuña explicó que hay dos tipos de declaraciones juradas para analizar: las públicas (que son abiertas y se dan a conocer) y las reservadas (sólo se puede acceder a ellas mediante órdenes judiciales). El fiscal precisó que de las primeras, falta que le remitan las de principios de 2015. Mientras que el juez N°1, Daniel Bejas, debe ordenar la apertura de las que son cerradas. “Una vez que eso ocurra y, en base a los datos que se obtengan, se ordenarán nuevas medidas de prueba. En esa instancia estaré en condiciones de convocar a expertos contables o a especialistas en asuntos patrimoniales para que la analicen”, adelantó.
El 29 de octubre, día que Manzur asumió la gobernación, el entonces fiscal general Diego Velasco dictaminó, a pedido del juez Bejas, que debía intervenir la Fiscalía de Camuña por ser la que había investigado el expediente anterior (sobre los periodos previos). Bejas retiró entonces el expediente de la Fiscalía Federal Nº 1, que encabeza Carlos Brito, tal como pretendía la defensa de Manzur.
Segunda parte
El ex ministro de Salud de la Nación había sido sobreseído respecto de la evolución patrimonial registrada en el término 2009-2010. La Justicia Federal había decidido formar una nueva causa con las denuncias posteriores, a partir de que quedara firme la declaración de inocencia. La pesquisa en marcha abarca desde 2011 en adelante. Manzur estaba entonces de licencia como vicegobernador y se desempeñaba como ministro de Salud de la Nación. Para asumir su segundo período como número dos de José Alperovich, renunció por algunos días a la cartera para luego reasumir.
La primera parte del caso se había iniciado en agosto de 2010, por una presentación del peronista disidente Oscar López. Había sucedido luego de que publicaciones periodísticas dieran cuenta de que, con base en las declaraciones juradas, Manzur era el ministro más rico del gabinete de Cristina Fernández, con un patrimonio de $ 5.057.489. La causa acumula una decena de ampliaciones efectuadas por López.
El patrimonio del titular del Ejecutivo, según la última declaración presentada en la Oficina Anticorrupción, es de $ 34,1 millones. La documentación corresponde al año de cese como ministro. A partir de ahora, el gobernador queda sujeto al régimen provincial, que otorga carácter secreto a las declaraciones juradas de funcionarios.
Desde fines del año pasado, la pesquisa está en manos del titular de esa oficina, Pablo Camuña. “Después de unos pocos meses de investigación, ya contamos con la misma cantidad de prueba que se reunió en la causa precedente, cuyo trámite llevó varios años”, consignó Camuña a LA GACETA.
Según el fiscal, se obtuvo información registral de varias provincias y de empresas, informes bancarios e impositivos, y otra documentación para comparar con las declaraciones juradas.
Camuña explicó que hay dos tipos de declaraciones juradas para analizar: las públicas (que son abiertas y se dan a conocer) y las reservadas (sólo se puede acceder a ellas mediante órdenes judiciales). El fiscal precisó que de las primeras, falta que le remitan las de principios de 2015. Mientras que el juez N°1, Daniel Bejas, debe ordenar la apertura de las que son cerradas. “Una vez que eso ocurra y, en base a los datos que se obtengan, se ordenarán nuevas medidas de prueba. En esa instancia estaré en condiciones de convocar a expertos contables o a especialistas en asuntos patrimoniales para que la analicen”, adelantó.
El 29 de octubre, día que Manzur asumió la gobernación, el entonces fiscal general Diego Velasco dictaminó, a pedido del juez Bejas, que debía intervenir la Fiscalía de Camuña por ser la que había investigado el expediente anterior (sobre los periodos previos). Bejas retiró entonces el expediente de la Fiscalía Federal Nº 1, que encabeza Carlos Brito, tal como pretendía la defensa de Manzur.
Segunda parte
El ex ministro de Salud de la Nación había sido sobreseído respecto de la evolución patrimonial registrada en el término 2009-2010. La Justicia Federal había decidido formar una nueva causa con las denuncias posteriores, a partir de que quedara firme la declaración de inocencia. La pesquisa en marcha abarca desde 2011 en adelante. Manzur estaba entonces de licencia como vicegobernador y se desempeñaba como ministro de Salud de la Nación. Para asumir su segundo período como número dos de José Alperovich, renunció por algunos días a la cartera para luego reasumir.
La primera parte del caso se había iniciado en agosto de 2010, por una presentación del peronista disidente Oscar López. Había sucedido luego de que publicaciones periodísticas dieran cuenta de que, con base en las declaraciones juradas, Manzur era el ministro más rico del gabinete de Cristina Fernández, con un patrimonio de $ 5.057.489. La causa acumula una decena de ampliaciones efectuadas por López.
El patrimonio del titular del Ejecutivo, según la última declaración presentada en la Oficina Anticorrupción, es de $ 34,1 millones. La documentación corresponde al año de cese como ministro. A partir de ahora, el gobernador queda sujeto al régimen provincial, que otorga carácter secreto a las declaraciones juradas de funcionarios.
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