El “paco” sigue llevándose la vida de los jóvenes

Por LA GACETA 19 Agosto 2016

Dolor, desamparo, marchas de protesta, petitorios, procesiones para pedirle a Dios que dejen de morir jóvenes ahorcados o por sobredosis. Es una secuencia que se repite desde hace varios años. Es un flagelo que ataca cada vez con mayor potencia a los distintos sectores de la sociedad, especialmente a los más pobres y desprotegidos. El “paco” se ha convertido en un enemigo poderoso que destruye todo a su paso. Sólo en el barrio Antena, ubicado en Alderetes, en los primeros ocho meses de 2016, han muerto 10 chicos.

El último deceso se produjo el jueves; se trata de un joven de 29 años, que estuvo en estado vegetativo durante nueve meses como consecuencia de una sobredosis de “paco”. “El Estado me debe a mi hermano. Con lo que los políticos no hacen, se llenó de droga. Y con lo que los políticos tampoco hacen, se mueren fin de semana tras fin de semana chicos porque no hay equipos de salud que trabajen en los barrios para brindar contención y asistencia”, dijo su hermano y referente barrial de la Asociación Civil Solidaridad Alderetes.

En noviembre pasado, en el barrio Antena, los pobladores destrozaron las casas de una familia de “transas” y la obligaron a irse. También pobladores de “El Sifón” organizaron una procesión para pedirle a Dios que dejaran de morir jóvenes ahorcados o por sobredosis. A comienzos de diciembre, vecinos de 12 villas marcharon y entregaron al Gobierno un petitorio para exigir una política de Estado integral contra el narcotráfico y las adicciones. Se solicitaban equipos de trabajo territoriales en salud, comunidades terapéuticas y centros de internación estatales para mujeres, guardias de salud mental en todos los centros de salud, la ampliación de cupos en el centro Las Moritas, la integración del sistema educativo al abordaje de la problemática de las adicciones e intensificar las tareas de asistencia y prevención.

A comienzos de este mes, adictos en recuperación, Madres del Pañuelo Negro y moradores de la Costanera habían tomado pacíficamente el Centro de Prevención Local de Adicciones que se halla en construcción, para reclamar que se destrabaran los fondos para proseguir la obra, que se halla paralizada desde enero (se ha construido un 43%). “Sólo quiero que nos digan si se terminará la obra o no; estamos cansados de promesas”, dijo una madre del Pañuelo Negro. “Señor Presidente, con hambre y paco no hay revolución de la alegría”, rezaba un cartel. Funcionarios nacionales anunciaron que los trabajos podrían reiniciarse a fin de mes. Parece inexplicable que el Gobierno provincial no haya avanzado en los últimos años en el diseño de una política de Estado en esta materia, pese a contar con una importante herramienta como la ley N° 8.267 sobre la Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones, promulgada en 2010. Se establecía la elaboración de una política integral y sistémica orientada a la prevención y asistencia de los afectados por el consumo de sustancias químicas psicoactivas adictivas y demás conductas adictivas, considerándose la investigación, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social, el desarrollo de programas, la educación, la capacitación y la acción comunitaria. La iniciativa no entró en vigencia porque no se reglamentó. Mientras la muerte viaja a diario en un auto veloz con la droga, las acciones estatales para contrarrestarla parecieran ir en carreta.