Nuevo código procesal penal: se busca la ampliación de fueros, según opositores

El proyecto final para la reforma íntegra del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) tenía consenso absoluto en todos los temas. Menos en uno: la cuestión de los fueros para funcionarios del PE y magistrados judiciales. Las miradas disímiles sobre las inmunidades evidenciaron diferencias en la oposición. Mientras un sector elaboró un dictamen en minoría, otro grupo adhirió a la propuesta que había rubricado el oficialismo, y que llegaba con el visto bueno de los magistrados, profesionales y académicos consultados para la elaboración del anteproyecto.

La normativa que regula el proceso penal en los tribunales provinciales rige desde los 90. Hace unos cuatro años comenzaron las reuniones para renovar el CPPT. Así se conformó una comisión especial, integrada por la Legislatura, el PE, el Poder Judicial, entidades profesionales y otros organismos. Entre otras novedades, se prevé la eliminación del expediente escrito, la oralidad en la etapa de instrucción, la posibilidad de vías alternativas de resolución de conflictos y el rediseño de la estructura judicial en general.

El miércoles, las comisiones de Asuntos Constitucionales (a cargo del oficialista Marcelo Caponio) y de Seguridad y Justicia (presidida por el peronista Javier Pucharras) se reunieron y le dieron dictamen al anteproyecto definitivo. Apoyaron ese texto los demás integrantes del bloque Tucumán Crece de esos grupos de trabajo, y el radical Fernando Valdez (afín al espacio que encabeza Ariel García, vicepresidente de la UCR y de la Legislatura) y Eduardo Bourlé (bloque unipersonal Trabajo y Dignidad).

Por otra parte, el radical José María Canelada (responde a la senadora Silvia Elías), la peronista disidente Stella Maris Córdoba y el bussista Claudio Viña rubricaron un dictamen de minoría, en el que proponían reemplazar uno de los más de 400 artículos del proyecto: el referido a las inmunidades.

La cuestión de los fueros separó así las aguas entre legisladores.

“La mayoría de las provincias tienen leyes de fueros especiales o figuran en los códigos de procedimiento. Desde lo constitucional, los fueros son para legisladores, convencionales constituyentes y defensor del Pueblo. Por vía legal, se extienden a funcionarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales sujetos a juicio político. Más allá de no aparezca en la Carta Magna, la doctrina de la Corte nacional lo prevé porque hace al sistema republicano de gobierno. Los fueros no hacen al juzgamiento de una persona, sino a su arresto”, afirmó el oficialista Caponio. Aseguró que funcionarios y jueces “seguirán siendo investigados en las circunstancias actuales”. Y garantizó: “no son nuevos fueros ni nada; aquí no se está creando nada de eso”.

Córdoba, jefa del bloque Peronismo del Bicentenario, aclaró que está en contra de esa postura. “No podemos permitir que se intente utilizar este Código Procesal, una herramienta de tanta trascendencia para eficientizar la administración de Justicia, para extender por encima de la Constitución los fueros y las inmunidades parlamentarias a otros funcionarios que no las poseen”, afirmó la ex diputada nacional. Y señaló que ese beneficio alcanzaría a funcionarios y magistrados sujetos a juicio político. “Esa incorporación, de aprobarse, es inconstitucional y abusiva. Desnaturaliza los fueros y la inmunidad de arresto, transformándolo en una ‘impunidad’ de proceso. Es decir, impone obstáculos para que directamente se impida investigar a funcionarios públicos de alto rango”, señaló la legisladora, afín al espacio que conduce el intendente Germán Alfaro. Aseguró que la iniciativa oficialista “va a contrapelo de todo lo que se promueve como ‘reforma política’”.

Viña consideró que el dictamen de minoría “se ajusta más a lo dispuesto por la Constitución provincial”. “Las inmunidades extendidas arrancan forzadas y pueden ser cuestionadas a futuro”, aseguró el titular del bloque Fuerza Republicana. Y puso énfasis en el consenso generalizado sobre el futuro CPPT. “Podría el oficialismo ceder en un artículo, teniendo en cuenta que se coincide en los más de 400 restantes. Nuestro dictamen, asimismo, permite un proceso sin privilegios para los que tengan la inmunidad establecida por Carta Magna provincial”, añadió.

Canelada afirmó que “no debe haber funcionarios ni personas intocables”. “Queremos que cualquier funcionario pueda ser investigado y sea tratado por la Justicia como cualquier ciudadano”, sostuvo el jefe del bloque de la UCR.