07 Septiembre 2016
BUENOS AIRES.- El diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, fue imputado por presunto desvío de fondos públicos en la remodelación del anfiteatro de la ciudad cordobesa de Villa María, se informó hoy en los tribunales.
El requerimiento del fiscal federal Ramiro González alcanzó también al ex secretario de Inversión Pública y Servicios, Abel Fatala, que era el 'número tres' del ministerio detrás de José López, encarcelado luego de que trató de esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
A la vez resultaron imputados por el Ministerio Público el ex presidente del Concejo Deliberante de Villa María e intendente a cargo, Marcelo Javier Suppo; la ex secretaria comunal de Economía y Finanzas, Verónica Navarro Alegre; y el ex jefe del Tribunal de Cuentas, Carlos De Falco.
El fiscal pidió que se investigue a todos por la ejecución del convenio de colaboración y transferencia que el ministerio y la municipalidad de Villa María suscribieron el 12 de junio 2009, así como si existieron otras dos versiones de aquel acuerdo.
"El Ministerio de Planificación Federal había estimado el costo de las obras en casi 25 millones de pesos (...) la municipalidad las pudo realizar con fondos propios en la suma de 9.427.921 pesos", consignó González en el requerimiento al que DyN tuvo acceso.
El fiscal remarcó que la causa se inició porque José Benedicto Naselli, del partido villamariense, "denunció en la fiscalía federal de Villa María la presunta sustitución irregular" del convenio original "para justificar el desvío de fondos".
Entre otras medidas de prueba, González requirió al juzgado que solicite al Gobierno nacional que remita "el expediente número S010218753/2009", vinculado al convenio de asistencia y cooperación con la comuna cordobesa.
De Vido está procesado por los supuestos delitos de "descarrilamiento de tren" y "administración fraudulenta" en la causa por la tragedia de Once, que causó 51 muertos, y ya se encamina al juicio oral, además de afrontar otra imputación por los contratos de concesiones ferroviarias. (DYN)
El requerimiento del fiscal federal Ramiro González alcanzó también al ex secretario de Inversión Pública y Servicios, Abel Fatala, que era el 'número tres' del ministerio detrás de José López, encarcelado luego de que trató de esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
A la vez resultaron imputados por el Ministerio Público el ex presidente del Concejo Deliberante de Villa María e intendente a cargo, Marcelo Javier Suppo; la ex secretaria comunal de Economía y Finanzas, Verónica Navarro Alegre; y el ex jefe del Tribunal de Cuentas, Carlos De Falco.
El fiscal pidió que se investigue a todos por la ejecución del convenio de colaboración y transferencia que el ministerio y la municipalidad de Villa María suscribieron el 12 de junio 2009, así como si existieron otras dos versiones de aquel acuerdo.
"El Ministerio de Planificación Federal había estimado el costo de las obras en casi 25 millones de pesos (...) la municipalidad las pudo realizar con fondos propios en la suma de 9.427.921 pesos", consignó González en el requerimiento al que DyN tuvo acceso.
El fiscal remarcó que la causa se inició porque José Benedicto Naselli, del partido villamariense, "denunció en la fiscalía federal de Villa María la presunta sustitución irregular" del convenio original "para justificar el desvío de fondos".
Entre otras medidas de prueba, González requirió al juzgado que solicite al Gobierno nacional que remita "el expediente número S010218753/2009", vinculado al convenio de asistencia y cooperación con la comuna cordobesa.
De Vido está procesado por los supuestos delitos de "descarrilamiento de tren" y "administración fraudulenta" en la causa por la tragedia de Once, que causó 51 muertos, y ya se encamina al juicio oral, además de afrontar otra imputación por los contratos de concesiones ferroviarias. (DYN)
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