La oposición aumentó la presión sobre Maduro

CARACAS.- Miles de opositores y seguidores del gobierno se manifestaron ayer en las principales ciudades de Venezuela, en una nueva demostración de fuerzas que acentúa la tensión social por un referendo revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro.

Con banderas venezolanas y pancartas, opositores y chavistas se concentraron en calma en plazas, parques y calles cercanas a las 24 sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el país, cerradas y fuertemente resguardadas por la policía. Sólo hubo algunos breves escaramuzas, donde el blanco fueron los opositores.

“Le decimos a la cúpula corrupta e ineficiente que desgobierna: están rodeados por un país que quiere cambio. Así que cedan, abran paso que aquí lo que viene es un revocatorio”, dijo el vocero de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, en la Plaza Brión, al este de Caracas, donde la oposición realizó un “cacerolazo”.

Pero el dirigente chavista Elías Jaua aseguró que no habrá referendo este año: “No habrá porque lo hicieron tarde, por sus contradicciones y divisiones”, dijo en una concentración en Barcelona, en el estado norcentral de Anzoátegui. En algunas ciudades, los opositores no lograron llegar a las oficinas del CNE.

Pero en Caracas, Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López, se acercó a las puertas de la sede central con varios seguidores, mientras oficialistas le gritaban “Fuera”, “Payasa, vete pa’ tu casa”. “Algo tenemos que hacer, el voto y la protesta pacífica son las únicas armas que tenemos. El Gobierno controla casi todos los poderes y no ve qué más inventar para evitar el revocatorio”, dijo Rosmina Castillo, de 52 años, en Los Teques, a 30 km de Caracas, en el estado Miranda (norte), que gobierna el líder opositor Henrique Capriles.

A escasos 100 metros, divididos por una baranda metálica y una fila de policías, los chavistas vestidos de rojo apoyaron al Presidente: “El fascismo no volverá. Estamos en una guerra económica que nos tiene pasando hambre, pero estamos resteados (firmes) con el legado del comandante Hugo Chávez (1999-2013)”, afirmó Elías Pedraza, de 44 años.

Estrategia golpista

Maduro, quien enfrenta un impopularidad del 75% según encuestas privadas, achaca la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una “guerra” de empresarios y políticos de derecha que buscan darle un “golpe de Estado” e instalar un gobierno neoliberal, tras casi 18 años de socialismo.

La MUD, que arrasó en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, asegura que revocar a Maduro es la única forma de salir de la crisis, que agobia a los venezolanos con una escasez de alimentos y medicinas del 80% y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año.

“Estoy cansado. Tengo dos hijos pequeños y no quiero para ellos un país como el que tenemos ahora. Estamos demostrando al Gobierno que queremos un cambio ya”, declaró Carlos Vivas, de 47 años, que marchó en San Cristóbal, en el conflictivo estado Táchira.

Posición firme

Animada por la marcha multitudinaria del pasado 1 de septiembre (el jueves pasado) en Caracas, que según la MUD reunió a un millón de personas aunque el gobierno afirma que a 30.000, la oposición convocó a protestar ayer y el próximo 14 de septiembre, pero las manifestaciones de esta jornada fueron modestas.

Para Diego Moya-Ocampos, analista del IHS Markit Country Risk -con sede en Londres-, si las movilizaciones no son suficientemente concurridas pueden “desmoralizar a la población”.

“La oposición tiene el reto de mantener movilizada a la gente, que no caiga en la desesperanza. La única forma en que se puede realizar el referendo es con presión de calle”, aseguró el analista Asdrúbal Oliveros.

Pero “a la oposición se le hace difícil mantener el impulso de la gente en la calle”, si el gobierno “nervioso” responde con más agresiones”, opinó la consultora privada Eurasia Group, con sede en Nueva York, al referirse a arrestos breves en la marcha del 1 de septiembre y en un toque de cacerolas el viernes pasado cuando Maduro recorría a pie Villa Rosa, en la isla de Margarita (norte).

La MUD sigue presionando y acusa al CNE de retrasar el proceso para que el Gobierno gane tiempo: si el referendo tiene lugar antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, habrá nuevas elecciones presidenciales, pero si se realiza después y es revocado, le sustituiría su vicepresidente.

La oposición reclama al poder electoral que fije la fecha y condiciones que regirán la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para que el revocatorio sea convocado, aunque ya el CNE ha dicho que eso lo anunciará el 13 de septiembre. El poder electoral asegura que esa etapa se realizará a fines de octubre, lo cual aleja la posibilidad de que el referendo sea este año. (Especial)

El presidente del Parlamento descarta acatar una sentencia judicial

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, descartó acatar una sentencia judicial que anula todos los actos del Parlamento mientras estén presentes tres diputados cuyo nombramiento está en discusión.

El político lamentó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “haya tomado por costumbre” anular todas las leyes sancionadas por la Asamblea, que desde enero cuenta con una mayoría opositora.

“Lo único que hace la Sala Constitucional es dictar sentencia contra la AN, prácticamente es lo que hace por una razón o por otra”, declaró Ramos Allup, tras conocerse la sentencia que anulaba la Ley de Explotación Minera, porque en su discusión habían estado presentes los diputados en cuestión.

La Sala Constitucional del TSJ fue incluso más allá e informó que todos los actos emanados del legislativo serían nulos mientras se mantenga el “desacato” por el tema de los diputados de Amazonas. Estos legisladores resultaron electos en diciembre, pero una sentencia de la Sala Electoral anuló el nombramiento tras una denuncia por supuesta compra de votos de una organización oficialista.

“Resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato”, advirtió la sentencia.

Ramos Allup aseguró que la Ley de Explotación Minera fue anulada porque “toca negocios muy gruesos donde está involucrada gente del gobierno”, a quienes habría “tocado el bolsillo”, ya que el instrumento legal buscaba poner fin a las mafias de la minería ilegal.

El presidente del Parlamento aseguró que la Sala Constitucional es “un poder írrito, (en el cual) seis de sus siete magistrados no tienen facultades ni credenciales para ser magistrados, incluyendo a la propia presidenta”, por lo cual descartó acatar la sentencia. (DPA)