Jaldo tiene hasta mañana para enviar recibos de ayudas sociales a un fiscal federal

Casi dos semanas esperó el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Alfredo Brito, la respuesta del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, al oficio que le había enviado -en carácter de “urgente”- para que le remita toda la documentación respaldatoria de las ayudas sociales a personas otorgadas por la Legislatura en junio, julio y agosto de 2015 (es decir, durante el último tramo de la gestión del entonces vicegobernador y actual titular del Poder Ejecutivo, Juan Manzur).

Ante la falta de respuestas del presidente del Poder Legislativo, el fiscal reiteró el lunes el pedido, en el marco de la causa que investiga la presunta evasión mediante el régimen conocido como “gastos sociales”, recientemente eliminado. Según el nuevo oficio, al cual accedió LA GACETA, Brito le otorgó un plazo de tres días a Jaldo para que le gire todos los papeles utilizados para requerir, gestionar, habilitar y justificar los subsidios repartidos de forma discrecional por la Cámara en los meses previos a los comicios provinciales del año pasado. Los informes de la cuenta bancaria afectada a los gastos sociales -según pudo constatar este diario- indican que fueron extraídos en efectivo, en esos tres meses, más de $ 200 millones.
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El escrito fue sellado en Mesa de Entradas de la Legislatura el lunes a las 11.50, por lo que el presidente del cuerpo colegiado tiene hasta mañana para cumplimentar con el requerimiento del fiscal.

La causa fue abierta luego de que LA GACETA revelara el traslado en valijas del efectivo del cuerpo colegiado en el año electoral. El abogado Oscar López, ex candidato por un acople del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), denunció en la Justicia Federal -en paralelo a su demanda en el fuero penal provincial, recientemente archivada y desarchivada- que el Poder Legislativo utilizaba el régimen de subsidios para ocultar “sobresueldos” o pagos en negro entre parlamentarios y autoridades administrativas. De esta manera, según el letrado, se habría concretado una posible evasión sobre impuestos federales, como Ganancias.

El juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, resolvió desde el inicio delegar la pesquisa en el fiscal federal. Para dilucidar la hipótesis de López, Brito solicitó diversos informes a reparticiones oficiales. Así, según fuentes tribunalicias, la Cámara habría ratificado que el único ingreso que percibían los legisladores era el reconocido por la Constitución Nacional (es decir, la dieta, que hoy ronda los $ 32.000). Además, el Poder Legislativo indicó las cinco normas que regulan la entrega de los subsidios extraídos de la subpartida presupuestaria 514, denominada “ayudas sociales a personas”. Entre esas normas figura el acuerdo N° 2.489/08 del Tribunal de Cuentas, que estipula toda la documentación requerida para solicitar y justificar esos subsidios. El año pasado, la Cámara repartió $ 615,6 millones en “gastos sociales”. Pero debido a la cantidad de papeles que implican esas rendiciones, el fiscal federal puso la lupa sobre tres meses previos. Según la cuenta N° 200 980 43/8 del Banco Tucumán-Grupo, en junio fueron extraídos $ 52 millones; en julio, $ 63 millones; y en agosto, mes de los comicios provinciales y de las PASO nacionales, el monto alcanzó los $ 92,7 millones.

Brito le marcó a Jaldo que, “atento no haber devuelto (el oficio anterior) debidamente diligenciado”, enviaba ese nuevo pedido y le recordaba que, según la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, los organismos públicos deben “prestar la colaboración” que sea requerida por el fiscal federal. Bajo esas nuevas condiciones, el presidente de la Cámara debe contestar antes de mañana a las 13.