15 Septiembre 2016
La Municipalidad de Concepción no podrá recibir los $15 millones que se había comprometido a enviar la Nación para que avance la construcción de la nueva terminal. El dinero recién podrá ser liberado cuando eventualmente se determine el destino de $4 millones correspondientes a la primera etapa del proyecto, que fueron enviados durante la anterior gestión, encabezada por el actual legislador oficialista Osvaldo Morelli.
La Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, que conduce Jorge Osvaldo Sábato, intimó a la intendencia de Concepción para que remita lo antes posible la documentación que especifique el destino de los fondos que no fueron rendidos en tiempo y forma.
El intendente radical Roberto Sánchez confirmó el reclamo de la Casa Rosada, pero evitó referirse a los detalles.
El secretario de Gobierno, Julio César Herrera, advirtió que no están en condiciones de realizar la rendición porque no tienen los antecedentes de los trabajos que fueron ejecutados. “No sabemos nada sobre lo que se gastó. Y este hecho nos genera un enorme problema en las gestiones que realiza el intendente Sánchez para conseguir nuevos recursos que permitan concluir la terminal”, reconoció Herrera.
Fondos propios
La Intendencia resolvió reanudar algunos trabajos de la estación con recursos propios con la intención de terminarla en un año. Herrera informó que se efectúan tareas complementarias, que incluyen los caminos de acceso y de salida y el sector de estacionamiento de taxis y remises, entre otros. Por ahora no se continuará con el edificio, que tiene un avance de más del 50%.
Las primeras sospechas sobre presuntas irregularidades en los fondos vinculados con obras públicas habían surgido tras la decisión de Sánchez de auditar los trabajos emprendidos por su antecesor. Durante la revisión se detectó la presunta certificación de obras no ejecutadas por $2 millones en la terminal.
El informe explicó que la cerca perimetral de zócalo de hormigón con reja metálica de 1.300 metros de longitud que figura con certificación correspondiente a un trabajo ejecutado no existe y que sólo hay una antigua cerca olímpica. También se consigna que tampoco se encuentran instaladas las griferías en cuatro baños, a pesar de estar certificadas. Lo mismo ocurre con el cielorraso e instalaciones eléctricas que aparecen como concluidas. A la carpintería de aluminio, también asentada como terminada, le resta una ejecución del 50%, según la auditoría. Otra observación da cuenta de pagos de posibles sobreprecios en diferentes tramos de ejecución del proyecto. Los primeros bosquejos para la construcción de la terminal datan de la década del 60. Durante la gestión de Morelli la conclusión de la estación fue anunciada en reiteradas oportunidades.
Al ser consultado entonces, el ex intendente Morelli había asegurado que los recursos utilizados por su administración para ejecutar la obra de la terminal fueron aprobados por la Nación. “Que Sánchez deje de denunciar tonterías”, había dicho.
No es la primera posible anomalía detectada. Sánchez presentó una denuncia en la Justicia Federal por presuntas irregularidades al pagar obras públicas del Plan Más Cerca por más de $ 20 millones. Habrían sido ejecutadas, según las sospechas, por una cooperativa constituida por empleados municipales que utilizó maquinarias y materiales estatales. También se trata de determinar el destino incierto de unos $8 millones retirados desde una entidad bancaria de la capital dos días antes de la asunción de Sánchez.
La Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, que conduce Jorge Osvaldo Sábato, intimó a la intendencia de Concepción para que remita lo antes posible la documentación que especifique el destino de los fondos que no fueron rendidos en tiempo y forma.
El intendente radical Roberto Sánchez confirmó el reclamo de la Casa Rosada, pero evitó referirse a los detalles.
El secretario de Gobierno, Julio César Herrera, advirtió que no están en condiciones de realizar la rendición porque no tienen los antecedentes de los trabajos que fueron ejecutados. “No sabemos nada sobre lo que se gastó. Y este hecho nos genera un enorme problema en las gestiones que realiza el intendente Sánchez para conseguir nuevos recursos que permitan concluir la terminal”, reconoció Herrera.
Fondos propios
La Intendencia resolvió reanudar algunos trabajos de la estación con recursos propios con la intención de terminarla en un año. Herrera informó que se efectúan tareas complementarias, que incluyen los caminos de acceso y de salida y el sector de estacionamiento de taxis y remises, entre otros. Por ahora no se continuará con el edificio, que tiene un avance de más del 50%.
Las primeras sospechas sobre presuntas irregularidades en los fondos vinculados con obras públicas habían surgido tras la decisión de Sánchez de auditar los trabajos emprendidos por su antecesor. Durante la revisión se detectó la presunta certificación de obras no ejecutadas por $2 millones en la terminal.
El informe explicó que la cerca perimetral de zócalo de hormigón con reja metálica de 1.300 metros de longitud que figura con certificación correspondiente a un trabajo ejecutado no existe y que sólo hay una antigua cerca olímpica. También se consigna que tampoco se encuentran instaladas las griferías en cuatro baños, a pesar de estar certificadas. Lo mismo ocurre con el cielorraso e instalaciones eléctricas que aparecen como concluidas. A la carpintería de aluminio, también asentada como terminada, le resta una ejecución del 50%, según la auditoría. Otra observación da cuenta de pagos de posibles sobreprecios en diferentes tramos de ejecución del proyecto. Los primeros bosquejos para la construcción de la terminal datan de la década del 60. Durante la gestión de Morelli la conclusión de la estación fue anunciada en reiteradas oportunidades.
Al ser consultado entonces, el ex intendente Morelli había asegurado que los recursos utilizados por su administración para ejecutar la obra de la terminal fueron aprobados por la Nación. “Que Sánchez deje de denunciar tonterías”, había dicho.
No es la primera posible anomalía detectada. Sánchez presentó una denuncia en la Justicia Federal por presuntas irregularidades al pagar obras públicas del Plan Más Cerca por más de $ 20 millones. Habrían sido ejecutadas, según las sospechas, por una cooperativa constituida por empleados municipales que utilizó maquinarias y materiales estatales. También se trata de determinar el destino incierto de unos $8 millones retirados desde una entidad bancaria de la capital dos días antes de la asunción de Sánchez.
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