10 Octubre 2016
DE UNA MANO A OTRA. El 29 de octubre, Alperovich delegó el poder en Manzur; antes le había girado recursos. la gaceta / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La Provincia tendrá que responder ante la Justicia acerca del decreto que mantuvo oculto durante más de un año y mediante el que se reasignaron partidas presupuestarias al Poder Legislativo. Ayer, el fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila, libró oficios a la Casa de Gobierno, a partir de una publicación de LA GACETA.
Este diario dio a conocer que el viernes, exactamente 387 días después de haber sido firmado, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto 2.941/3 (SH). El instrumento, rubricado el 16 de septiembre de 2015 por el entonces gobernador, José Alperovich, dispuso la extracción de $ 550 millones del programa “Obligaciones a cargo del Tesoro de la Provincia” y su envío al Poder Legislativo, en aquel momento presidido por el actual mandatario provincial, Juan Luis Manzur. Ese dinero estaba destinado a la partida principal 100, denominada “gastos en personal”, y puntualmente a la partida subparcial 111, “retribución del cargo”. Es decir, había sido girada para que la Legislatura afrontara sueldos. Sin embargo, mediante una serie de decretos del Legislativo, la gestión de Manzur redistribuyó gran parte de esos recursos y los cargó en la subpartida 514, “ayudas sociales a personas”.
Ayer, el fiscal Navarro Dávila, que se encuentra de turno, dispuso el inicio de una investigación de oficio. Y confirmó que tomó conocimiento de esos movimientos a través de la publicación de LA GACETA, por lo que adjuntó copias del artículo en los oficios girados. Los destinatarios de esas diligencias del fiscal fueron el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin; y el director del Boletín Oficial, Pablo Ignacio Loandos.
A otras manos
El decreto de Alperovich, que permaneció oculto durante un año y 20 días, dejó en evidencia cuál fue el origen financiero de los subsidios millonarios otorgados de forma discrecional por la Legislatura en el 2015 electoral. Si bien las ayudas sociales a personas fueron eliminadas en agosto pasado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, las sospechas generadas por el manejo de esos fondos públicos generaron denuncias en el fuero penal (tanto provincial como federal) y demandas en el fuero contencioso administrativo.
En 2015, la Legislatura había previsto un presupuesto anual de $ 959 millones, pero el 9 de septiembre de ese año, el bloque oficialista Tucumán Crece impuso en sesión la ampliación de los recursos del Estado provincial y de la Cámara, que pasó a contar con $ 1.529 millones. Lo llamativo es que la partida que más se incrementó no fue la destinada a los sueldos, sino a subsidios: estaban previstos $ 156 millones para esos auxilios financieros, y a finales de 2015 habían sido ejecutados $ 615,6 millones.
Si bien los $ 570 millones enviados desde el PE (hay otro decreto por el que se giraron $ 20 millones extra a los $ 550 millones) estaban previstos para sueldos, la gestión de Manzur efectuó reasignaciones presupuestarias a través de decretos, que no fueron publicados, y engrosó las asistencias sociales.
LA GACETA había revelado en noviembre pasado, con fotos y registros bancarios, cómo era el manejo “físico” de esa plata. Varias veces a la semana, un empleado legislativo concurría a una sucursal céntrica del Banco del Tucumán-Grupo Macro y extraía por ventanilla sumas millonarias. Luego transportaba el dinero en valijas (en cada una cabían $ 6 millones) hasta la sede legislativa de Muñecas 951, donde los subsidios se entregaban en mano, en efectivo.
Idas y vueltas judiciales
En septiembre, el fiscal Navarro Dávila había dispuesto el archivo de las actuaciones por el presunto manejo irregular de aquellos $ 615,6 millones bajo la figura de “ayudas sociales a personas”.
Según el representante del Ministerio Público, no se habían detectado posibles delitos en el uso de esos fondos públicos, que representaron un reparto discrecional promedio -considerando los 365 días del año- de $ 1,68 millón diarios, supuestamente destinados a subsidios a ciudadanos necesitados. La falta de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas (TC) sobre los millonarios “gastos sociales” y el testimonio de empleados del ente de control, quienes negaron haber detectado anomalías, fueron evidencias clave sobre las cuales se apoyó el magistrado. Incluso, Navarro Dávila consideró que “no existen elementos de convicción para la apertura de una investigación jurisdiccional”.
No obstante, cinco días después, el ministro fiscal Edmundo Jiménez resolvió reactivar la pesquisa y giró el expediente a la fiscalía de turno, en ese momento a cargo del fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Claudio Bonari. Ahora, Navarro Dávila retomó el impulso por el controvertido asunto de los fondos que administró el Poder Legislativo en 2015.
“En cualquier país serio debería ser citado de oficio el ex gobernador y su sucesor, quien era el responsable de la Legislatura en la gestión anterior, por la extracción de $ 550 millones del Tesoro de la Provincia en tiempos electorales, y por mantener hasta ahora ese documento oculto”, bramó el diputado nacional Federico Masso (Libres del Sur). El opositor “Si un documento público permanece escondido por 15 meses, cómo no pensar que al Padre Viroche lo mataron”, conjeturó el opositor. “José Alperovich tiene que responder por qué ocultó el decreto de los millones de las valijas para la Legislatura. Que nos diga que ese dinero no fue a parar al clientelismo y a la corrupción”, finalizó Masso.
Este diario dio a conocer que el viernes, exactamente 387 días después de haber sido firmado, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el decreto 2.941/3 (SH). El instrumento, rubricado el 16 de septiembre de 2015 por el entonces gobernador, José Alperovich, dispuso la extracción de $ 550 millones del programa “Obligaciones a cargo del Tesoro de la Provincia” y su envío al Poder Legislativo, en aquel momento presidido por el actual mandatario provincial, Juan Luis Manzur. Ese dinero estaba destinado a la partida principal 100, denominada “gastos en personal”, y puntualmente a la partida subparcial 111, “retribución del cargo”. Es decir, había sido girada para que la Legislatura afrontara sueldos. Sin embargo, mediante una serie de decretos del Legislativo, la gestión de Manzur redistribuyó gran parte de esos recursos y los cargó en la subpartida 514, “ayudas sociales a personas”.
Ayer, el fiscal Navarro Dávila, que se encuentra de turno, dispuso el inicio de una investigación de oficio. Y confirmó que tomó conocimiento de esos movimientos a través de la publicación de LA GACETA, por lo que adjuntó copias del artículo en los oficios girados. Los destinatarios de esas diligencias del fiscal fueron el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin; y el director del Boletín Oficial, Pablo Ignacio Loandos.
A otras manos
El decreto de Alperovich, que permaneció oculto durante un año y 20 días, dejó en evidencia cuál fue el origen financiero de los subsidios millonarios otorgados de forma discrecional por la Legislatura en el 2015 electoral. Si bien las ayudas sociales a personas fueron eliminadas en agosto pasado por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, las sospechas generadas por el manejo de esos fondos públicos generaron denuncias en el fuero penal (tanto provincial como federal) y demandas en el fuero contencioso administrativo.
En 2015, la Legislatura había previsto un presupuesto anual de $ 959 millones, pero el 9 de septiembre de ese año, el bloque oficialista Tucumán Crece impuso en sesión la ampliación de los recursos del Estado provincial y de la Cámara, que pasó a contar con $ 1.529 millones. Lo llamativo es que la partida que más se incrementó no fue la destinada a los sueldos, sino a subsidios: estaban previstos $ 156 millones para esos auxilios financieros, y a finales de 2015 habían sido ejecutados $ 615,6 millones.
Si bien los $ 570 millones enviados desde el PE (hay otro decreto por el que se giraron $ 20 millones extra a los $ 550 millones) estaban previstos para sueldos, la gestión de Manzur efectuó reasignaciones presupuestarias a través de decretos, que no fueron publicados, y engrosó las asistencias sociales.
LA GACETA había revelado en noviembre pasado, con fotos y registros bancarios, cómo era el manejo “físico” de esa plata. Varias veces a la semana, un empleado legislativo concurría a una sucursal céntrica del Banco del Tucumán-Grupo Macro y extraía por ventanilla sumas millonarias. Luego transportaba el dinero en valijas (en cada una cabían $ 6 millones) hasta la sede legislativa de Muñecas 951, donde los subsidios se entregaban en mano, en efectivo.
Idas y vueltas judiciales
En septiembre, el fiscal Navarro Dávila había dispuesto el archivo de las actuaciones por el presunto manejo irregular de aquellos $ 615,6 millones bajo la figura de “ayudas sociales a personas”.
Según el representante del Ministerio Público, no se habían detectado posibles delitos en el uso de esos fondos públicos, que representaron un reparto discrecional promedio -considerando los 365 días del año- de $ 1,68 millón diarios, supuestamente destinados a subsidios a ciudadanos necesitados. La falta de observaciones por parte del Tribunal de Cuentas (TC) sobre los millonarios “gastos sociales” y el testimonio de empleados del ente de control, quienes negaron haber detectado anomalías, fueron evidencias clave sobre las cuales se apoyó el magistrado. Incluso, Navarro Dávila consideró que “no existen elementos de convicción para la apertura de una investigación jurisdiccional”.
No obstante, cinco días después, el ministro fiscal Edmundo Jiménez resolvió reactivar la pesquisa y giró el expediente a la fiscalía de turno, en ese momento a cargo del fiscal de Instrucción de la II° Nominación, Claudio Bonari. Ahora, Navarro Dávila retomó el impulso por el controvertido asunto de los fondos que administró el Poder Legislativo en 2015.
“En cualquier país serio debería ser citado de oficio el ex gobernador y su sucesor, quien era el responsable de la Legislatura en la gestión anterior, por la extracción de $ 550 millones del Tesoro de la Provincia en tiempos electorales, y por mantener hasta ahora ese documento oculto”, bramó el diputado nacional Federico Masso (Libres del Sur). El opositor “Si un documento público permanece escondido por 15 meses, cómo no pensar que al Padre Viroche lo mataron”, conjeturó el opositor. “José Alperovich tiene que responder por qué ocultó el decreto de los millones de las valijas para la Legislatura. Que nos diga que ese dinero no fue a parar al clientelismo y a la corrupción”, finalizó Masso.
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