11 Octubre 2016
El legislador macrista Luis Brodersen, a través de su abogado, Carlos Correa, objetó los planteos judiciales formulados por el asesor letrado de la Legislatura, Manuel Ángel Vigliano, quien había rechazado que se acepte como prueba el envío de toda la documentación respaldatoria por los subsidios legislativos otorgados entre junio de 2015 y agosto de 2016 (13 meses).
“Del propio escrito (firmado por el abogado Vigliano) se desprende con claridad la evidente disposición a solicitar cualquier vía recursiva existente, con tal de que se posibilite a la Legislatura eludir o demorar el acceso de la ciudadanía al detalle del gasto legislativo”, señaló el macrista, a través de su abogado. Y agregó que la conducta mostrada por la Cámara “no se ajusta a lo dispuesto” por la ley nacional de Acceso a la Información Pública, que comentará a regir el año próximo. “Lo verdaderamente importante y apremiante resulta (en este caso) tener la posibilidad de no presentar la documentación requerida en la Justicia”, añadió el macrista.
En el 2015 electoral, desde la sede legislativa de calle Muñecas 951 salieron al menos $ 615,6 millones bajo la forma de supuestos subsidios para personas necesitadas.
En junio, Brodersen concurrió a la sala II del fuero Contencioso Administrativo y planteó una acción declarativa de certeza. En ese marco, solicitó la remisión de la documentación respaldatoria de esos subsidios. Según el abogado de la Legislatura, como la partida “ayudas sociales a personas” fue eliminada -siguen los aportes a instituciones-, la causa devino en abstracta. Vigliano objetó también la oportunidad para requerir esa prueba.
“Del propio escrito (firmado por el abogado Vigliano) se desprende con claridad la evidente disposición a solicitar cualquier vía recursiva existente, con tal de que se posibilite a la Legislatura eludir o demorar el acceso de la ciudadanía al detalle del gasto legislativo”, señaló el macrista, a través de su abogado. Y agregó que la conducta mostrada por la Cámara “no se ajusta a lo dispuesto” por la ley nacional de Acceso a la Información Pública, que comentará a regir el año próximo. “Lo verdaderamente importante y apremiante resulta (en este caso) tener la posibilidad de no presentar la documentación requerida en la Justicia”, añadió el macrista.
En el 2015 electoral, desde la sede legislativa de calle Muñecas 951 salieron al menos $ 615,6 millones bajo la forma de supuestos subsidios para personas necesitadas.
En junio, Brodersen concurrió a la sala II del fuero Contencioso Administrativo y planteó una acción declarativa de certeza. En ese marco, solicitó la remisión de la documentación respaldatoria de esos subsidios. Según el abogado de la Legislatura, como la partida “ayudas sociales a personas” fue eliminada -siguen los aportes a instituciones-, la causa devino en abstracta. Vigliano objetó también la oportunidad para requerir esa prueba.
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