Hay más decretos que no se publicaron

El anuncio de la renovada versión digital del Boletín Oficial (BO) significa, según manifestó el secretario de la Gobernación, Pablo Yedlin, la “despapelización” del sistema y un camino hacia la transparencia. Ahora las impresiones sólo serán por pedido y la web contendrá las versiones enteras (no las resumidas como hasta ahora) de todos los decretos, leyes y resoluciones públicas.

“La ley de transparencia prevé algunos ítems particulares para la no publicación, pero son muy pocos así que consideramos que casi el 100% de los decretos deben y deberán ser publicados”, anunció Yedlin, haciendo mención a la reciente promulgación, por parte del Congreso, de la Ley de Acceso a la Información Pública.

El lanzamiento de este nuevo formato (que también mantendrá su correlato en papel) fue ayer en Casa de Gobierno con funcionarios del área de la Secretaría General de la Gobernación, y se da dos días después de que LA GACETA revelara que el Poder Ejecutivo había demorado 387 días en publicar el decreto 2.941/3 (SH) por el cual se giraron varios millones a la Legislatura.

En septiembre del año pasado, durante la gestión de José Alperovich, desde el Tesoro de la Provincia fueron enviados $ 550 millones a la partida para sueldos del Poder Legislativo. Gran parte de ese dinero fue destinado a subsidios, luego de reasignaciones presupuestarias.

“La transparencia es un camino”, manifestó Yedlin cuando se lo consultó por este tema. Y, sin dudarlo, explicó que la administración anterior también dejó decretos sin publicar y que ellos lo harán a partir de hoy. “Ninguno tiene la relevancia de estos dos”, aclaró en referencia a la anterior omisión del Ejecutivo de no haber publicado la designación de Alperovich como asesor ad honorem, con rango ministerial, del Poder Ejecutivo provincial.

Frente a esto, Yedlin minimizó el hecho de no haber publicado la asignación de los $550 millones a la Legislatura. Dijo que se trató de una “ampliación presupuestaria que surge de una ley por la cual también se mandó dinero al Poder Judicial y éste (el decreto que no salió en el BO) es uno de esos decretos”. Además, explicó que antes ya se había enviado más dinero y que ese decreto sí había sido publicado. “No queremos que se omita ninguno y que no estén a disposición. No hay un tiempo de publicación, pero evidentemente no puede ser después de un año”, reflexionó.

El funcionario deberá dar explicaciones sobre esta demora ante el fiscal Washington Navarro Dávila, quien abrió una causa de oficio. Le pidió que detalle cómo es la cadena desde que el gobernador firma el decreto hasta que se publica en el Boletín oficial y quiénes son los responsables de cada área.

Transparencia

Durante la presentación del nuevo BO, Yedlin dijo que ya no se imprimirán más los 380 ejemplares regulares que se enviaban a distintos organismos porque podrá bajarse la versión PDF, que tendrá validez legal porque contará con firma digital. Esto colaborará a la “despapelización” y sólo se imprimirá por pedido especial.

Yedlin hizo hincapié en la Ley de Acceso a la Información Pública que promulgó hace unas semanas el presidente, Mauricio Macri, y a la cual cada provincia debe adherir. “Creemos en esta ley de transparencia, nuestros diputados y senadores votaron a favor. Hay dos o tres proyectos de leyes provinciales y soy optimista de que se apruebe”, manifestó. El funcionario opinó que más que una adhesión, en la provincia se necesita una adaptación ya que hay casos particulares que la Ley Nacional no tiene regulados. Por ejemplo, mencionó que en Tucumán hay Tribunal de Cuentas, un organismo que no tiene la Nación. De todas maneras, dijo que la Ley da como plazo un año para la adecuación, por lo tanto cree que en ese tiempo la Provincia también podrá aprobar su propia norma.

“Nosotros tenemos pensado que dentro de la Secretaría General de la Gobernación y de la Subsecretaría de Modernización (a cargo de Sergio Epstein) podrá funcionar una unidad tucumana para que se genere lo que la ley también prevé, que es un consejo federal de personas en cada jurisdicción encargadas de la transparencia”, agregó.

Desde esa unidad deberán gestionarse y contestarse los pedidos de información que lleguen y que, según la norma nacional, deben ser respondidos en un plazo de 15 días.

Características

La digitalización -anunció Yedlin- permitirá hacer un seguimiento de todos los documentos, contener el archivo completo en poco espacio, eficientizar los trámites y acercar el Estado a la gente.

La publicación del BO en forma PDF (versión digital) y con firma digital del director será legal por la ley Nº 8927. Su acceso, gratuito y la versión de los textos estará completa. Se accederá al mismo a través del sitio oficial de la página del gobierno o, directamente, desde la web del BO.

El próximo paso serán los edictos judiciales y los particulares que podrán ser abonados a través de la web.