Las partes acordaron las reglas y está todo listo para juzgar al “Clan Ale” por lavado de activos

Todo listo. El miércoles se vieron por primera vez en el marco del caso contra el “Clan Ale” los jueces, defensores, fiscales y querellantes que llevarán adelante ese juicio, el primero por lavado de activos en la historia de Tucumán. Y aunque todos fueron respetuosos en sus formas durante la audiencia preliminar que pidió la fiscalía para acordar ciertas normas, también dejaron en claro que no cederán ni un centímetro a la hora de defender sus posiciones.

Serán 16 las personas que el viernes 16 se sentarán en el banquillo de los acusados. El juez federal Fernando Poviña expuso en la solicitud de elevación a juicio que todos se dedicaron a lavar dinero (unos $ 40 millones) proveniente de la presunta producción y comercialización de estupefacientes, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros ajenos a éste y tenencia ilegítimas de armas de fuego, pese a que la denuncia que abrió el proceso -la hizo Susana Trimarco- fue por trata de personas. Las caras más reconocibles del grupo son las del ex presidente de San Martín Rubén Ale, su hermano Ángel, su ex esposa María Jesús Rivero y Roberto Dilascio, ex directivo de la empresa que gerenció a San Martín.

Pese a que varios de los 14 defensores adelantaron a LA GACETA que ese día saldrían con “los tapones de punta” por la decisión de que todos los imputados con prisión preventiva sigan en esa situación durante el juicio, aceptaron dos de las propuestas de la fiscalía, integrada por Pablo Camuña y Agustín Chit: acortar la lista de testigos y solicitar que las citaciones no sean hechas por la Policía de Tucumán o Gendarmería.

“En los 55 allanamientos hubo 374 testigos. Si lográramos que hablen 20 por audiencia, cosa casi imposible, a un ritmo de un debate por semana terminaríamos en cinco meses, y eso sin contar la declaración de los acusados”, explicó Camuña.

Sin embargo, no todo llegó a buen puerto entre los defensores y los fiscales. Camuña también expuso su intención de que los testigos con identidad reservada (conocidos en la causa como “JTP” e “IF”) declaren mediante una videoconferencia, sin dar sus datos personales y manteniendo una reserva de su rostro. Luego solicitó que las presuntas víctimas de los delitos de trata de personas declaren en cámara gesell y que las presuntas víctimas de otros delitos por parte de los acusados, como amenazas o extorsión, sean cuidadas de una forma especial.

Casi todos los defensores se pronunciaron en contra. “No existen en esta causa víctimas de delitos de trata”, expuso Ernesto Baaclini, defensor de Dilascio. “Tienen que estar en la audiencia, es la única manera de hacer un control eficaz de esa testimonial. La identidad reservada es para la Instrucción, no para el debate”, agregó Marcos Juárez, abogado de Ernesto Catulo. Él único que no se pronunció al respecto fue Juan Robles, quien sorpresivamente pidió que a su defendido (José Lucero) lo separaran del proceso. “Lo encontraron con menos de dos gramos de cocaína, va a tener que venir a 1.000 udiencias por un tema que se resuelve en 10 minutos”, argumentó.

Luego de unos 20 minutos de deliberación, la presidenta del tribunal Alicia María Noli informó que junto a los vocales Carlos Enrique Jiménez Montilla y Gabriel Eduardo Casas habían decidido que no comparecerá la totalidad de los testigos si existe un acuerdo entre las partes, que la Policía Federal realizará las citaciones y que la documentación que sirve como prueba en este proceso estará disponible para todos los letrados. No se pronunciaron sobre el resto de las solicitudes.

Una cita por semana

Desde la Justicia se informó que la segunda audiencia por este caso será el viernes 3 de febrero y de allí en más se reunirán todos los miércoles. Se estima que el juicio durará, al menos, seis meses.

Además de Chit y Camuña, la parte acusatoria también estará integrada por los abogados Martín Olari Ugrote y Gabriel Mérola de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y las letradas Lucía Tabadelo y Daniela Artaza de la AFIP.

La UIF, de hecho, fue uno de los organismos que investigó codo a codo a los Ale con el juez Poviña durante meses. El ex jefe José Sbatella encabezó en persona el megaoperativo de los 40 allanamientos de octubre de 2014, junto al entonces fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella. Para la nueva administración -a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico- “hay elementos para condenar de forma ejemplar al Clan Ale”.