Según Trump, peligra la seguridad de EEUU

WASHINGTON.- La Corte de Apelaciones del 9° Circuito, con sede en San Francisco, en California, decidirá lo antes posible, pero sin fijar fechas, si vuelve a instaurar el polémico decreto migratorio del presidente, Donald Trump, tras escuchar los argumentos del Gobierno y de dos estados federados que se oponen a la normativa.

Trump, en tanto, tuiteó que su país “nunca” tendrá seguridad si su gobierno pierde la batalla legal abierta en torno a su polémico decreto. El tuit del mandatario llegó horas después de que la Corte de Apelaciones celebrara una última audiencia antes de decidir si mantiene el bloqueo al decreto migratorio emitido por Trump el mes pasado, que fue frenado días atrás por un fallo judicial de primera instancia.

“Si Estados Unidos no gana este caso, como es obvio que debería hacerlo, nunca podremos tener la seguridad a la que tenemos derecho. ¡Política!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario aumentó sus críticas contra el sistema judicial, al afirmar que los tribunales parecen estar “politizados”.

“Nunca quiero llamar sesgado a un tribunal”, dijo Trump ante varios cientos de jefes policiales y alguaciles de grandes ciudades reunidos en Washington. “Así que no lo llamaré sesgado. (...) Pero los tribunales parecen estar politizados. Y sería tan bueno para nuestro sistema judicial si fueran capaces de leer el comunicado y hacer lo correcto”, agregó.

En la reunión, Trump leyó extractos de la ley que usó para justificar su decreto. Aseguró que la ley permite que un mandatario suspenda la entrada de cualquier tipo de gente si determina que puede afectar a la seguridad nacional. “Un mal estudiante de secundaria lo entendería; cualquiera lo entendería”, afirmó Trump.

Los argumentos

Abogados del Departamento de Justicia y del estado de Washington presentaron sus casos ante esa Corte de Apelaciones (conformada por tres jueces) en una conferencia telefónica de una hora que el tribunal emitió on line debido al interés público. El representante de Washington, Noah Purcell, dijo a los jueces que reinstaurar la prohibición volvería a “arrojar al país al caos” que reinó en los aeropuertos después de que Trump firmara el decreto el 27 de enero. Purcell señaló que la orden ejecutiva dejó a estudiantes y decanos universitarios varados en el exterior, separó familias y dificultó a residentes el viajar al exterior.

Por su parte August Flentje, consejero especial del fiscal general, dijo que continuar con el bloqueo de la orden causará “un daño irreparable”. Flentje señaló que el decreto de Trump está basado en el poder delegado al Presidente por el Congreso y argumentó que “el deterioro de las condiciones en determinados países” creó la necesidad de mayores requisitos de seguridad.

Sin embargo, cuando el juez William Canby Jr le pidió que citara algún delito cometido por alguien que haya recibido una visa procedente de uno de los siete países de mayoría musulmana que menciona el decreto -Irán, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen-, Flentje admitió que no había ninguno registrado.

Flentje respondió que el veto es constitucional, y argumentó además que los siete países afectados fueron clasificados por el gobierno del anterior presidente, el demócrata Barack Obama, como naciones de riesgo por extremismo islámico.

El único magistrado conservador del panel, Richard Clifton, nominado por el ex presidente George W. Bush, llegó a definir los argumentos de Flentje como “bastante abstractos”.

El representante de Washington también aseguró que el veto discrimina a los musulmanes, un argumento que enfrentó muchas preguntas de Clifton por la clasificación de países en riesgo por islamismo. “¿Afirma usted que la decisión del anterior gobierno y del Congreso tuvo motivos religiosos?”, cuestionó Clifton.

Si el panel vuelve a rechazar la petición del gobierno, es muy posible que la batalla legal llegue hasta el Tribunal Supremo.

Una encuesta elaborada por la Universidad de Quinnipiac mostró que el 60% de estadounidenses se opone al veto, mientras que un 37% la apoya. Además, el 51% de los encuestados opina que el objetivo real de la medida es vetar a los musulmanes. (Télam-Reuters-DPA)