En la Legislatura esperan definiciones sobre los recursos

A seis meses del fin de los “gastos sociales” -un sistema discrecional para la entrega de subsidios a personas supuestamente necesitadas-, los legisladores todavía esperan definiciones con respecto a la distribución de los casi $ 2.000 millones que tiene presupuestados el cuerpo colegiado para 2017.

Así lo manifestaron ayer a LA GACETA -en estricto off the record- distintos representantes del pueblo, tras la reunión informal que mantuvieron los jefes de algunos de los bloques políticos con autoridades de la Cámara legislativa.

En el encuentro no oficial -el segundo de estas características en las últimas dos semanas- se discutió sobre la agenda parlamentaria para las próximas semanas. Pero el tema central estuvo referido a los recursos que se les asigna a los legisladores, detallaron las fuentes consultadas por este diario.

Las conversaciones se extendieron por más de una hora (comenzaron antes de las 13 y concluyeron pasadas las 14). De todas maneras, parece difícil que desde la sede de Muñecas 951 salga “humo blanco” en el corto plazo, ya que la postura de la conducción del cuerpo colegiado sería la de aguardar el resultado de las paritarias estatales para definir la eventual suba porcentual de la dieta, única paga que habilita la Constitución provincial por la labor legislativa.

Mientras las charlas avanzan, las partes habrían acordado no efectuar declaraciones públicas sobre la cuestión. Pero en las “segundas líneas” de los bloques políticos el descontento parece ir en crecimiento. Uno de los “disgustados” remarcó que la dieta no llega a $ 50.000 por mes y consideró que el monto debería crecer de forma significativa. “Es casi la tercera parte de lo que gana un juez, pero a diferencia de ellos nosotros pagamos Impuesto a las Ganancias. Además, por ser políticos, la gente nos pide alguna ayuda para costear medicamentos, pasajes, colchones...”, protestó un informante.

El fin de un sistema

El 22 de agosto de 2016, por decreto, el vicegobernador Osvaldo Jaldo derogó el sistema de ayudas sociales a personas, más conocido como “gastos sociales” o “gastos de bloque”. Este régimen, creado en la década de 1990, permitía la entrega arbitraria de dinero en efectivo a ciudadanos necesitados. Pero “colapsó” tras las elecciones de 2015, cuando la Legislatura repartió más de $ 615,6 millones en subsidios. Gran parte de esos fondos fueron llevados en valijas desde una sede bancaria céntrica hasta el palacio legislativo, según reveló LA GACETA mediante fotos y otros documentos. La operatoria derivó en distintas denuncias judiciales. La sospecha principal es que legisladores y funcionarios de la Cámara recibían pagos en negro o “sobresueldos” en paralelo a sus haberes en blanco. En ese sentido, el manzurista Reneé Ramírez admitió en agosto -antes del fin de los “gastos sociales- que percibía $ 150.000 al mes bajo ese concepto y que no le alcanzaba para cubrir todos los pedidos de los vecinos.

Así, desde que Jaldo derogó ese sistema, los recursos comenzaron a resultarles escasos a algunos representantes del pueblo. Por ello, los jefes de algunos de los bloques políticos solicitaron reuniones con las autoridades para plantear el tema. Ayer, las partes volvieron a reunirse para analizar la cuestión.

Según trascendió, de esa “mesa de diálogo” informal estarían participando el presidente del bloque oficialista Tucumán Crece, Ramón Santiago Cano; el titular del bloque de la UCR, José Canelada; la jefa del Peronismo del Bicentenario, Stella Maris Córdoba; el macrista Alberto Colombres Garmendia; y Claudio Viña, de Fuerza Republicana. Por parte de la conducción de la Cámara los interlocutores serían Jaldo y el vicepresidente 2° del cuerpo, el radical Ariel García.

Hasta ahora, las autoridades de la Legislatura se habrían mostrado reacias a incrementar la dieta de forma significativa, al menos en el corto plazo. Según las fuentes consultadas, el argumento para rechazar la suba sería que adoptar una medida de esas características en un año signado por las elecciones para diputado nacional podría tener un costo político elevado. Un informante destacó otro dato que la “mesa de diálogo” considera relevante: cualquier aumento que reciban los legisladores terminará impactando en el pago de Ganancias. Por eso, la intención es buscar una forma alternativa, algo que no asoma como una tarea simple.

Una de las opciones bajo análisis habría sido reforzar los equipos de asesores con los que cuenta cada representante del pueblo, aunque esto habría sido descartado porque quedaría evidenciado en caso de que se filtre algún informe de ejecución presupuestaria de la Legislatura. Otras ideas que se lanzaron habrían sido las de fortalecer los viáticos o las de aplicar becas. También fueron desechadas. Así, los legisladores seguirán a la espera.

En agenda
La próxima sesión sería en dos semanas y se debatiría el Estatuto del Empleado Legislativo

La Legislatura comenzó el miércoles su 112° período de sesiones ordinarias. Pese a que será un año marcado por las elecciones nacionales, la intención de las autoridades de la Legislatura es que no baje de forma notoria la producción legislativa del año pasado. Por eso, el primer debate de 2017 tendría lugar en dos semanas. Según comentaron fuentes legislativas, el viernes próxima se celebraría una reunión de Labor Parlamentaria para definir el temario que sería debatido dentro de dos semanas. En carpeta aparecen los proyectos para crear el estatuto del empleado legislativo, un tema que se disputan oficialistas y opositores.

Propuesta I 
Elevan un proyecto para tratar de reactivar el Observatorio Meteorológico Tucumán

Los legisladores Raúl Albarracín, Fernando Valdez y Ariel García (todos de la UCR) presentaron un proyecto para instar al Ejecutivo a que gestione ante el Ministerio de Defensa de la Nación la puesta en funcionamiento de la sede del Observatorio Meteorológico Tucumán, situado Las Talitas. En la iniciativa, los radicales remarcaron que esa institución operó 1946 y 1978, y que allí “se efectuaban observaciones climatológicas, sinópticas y geofísicas”. Destacaron que el Observatorio “llegó a ser modelo en Sudamérica por el nivel de mediciones que realizaba” y que su reapertura sería “de gran relevancia en el aspecto científico”.

Propuesta II 
Una iniciativa apunta a otorgarles subsidios a menores “víctimas colaterales de femicidios”

Un oficialista elevó un proyecto de ley que prevé la creación de un sistema de subsidios para menores de 18 años que hayan sido “víctimas colaterales de femicidios”. La propuesta apunta a proteger a niños cuyos padres hayan sido víctimas o victimarios de hechos violentos trágicos y que hayan quedado desamparados por sus consecuencias. “El estipendio será abonado por el PE y coexistirá con otras asignaciones de carácter no remunerativo, siendo equivalente a una jubilación mínima”, indica el proyecto de ley, elevado por el oficialista Emiliano Vargas Aignasse. En la actualidad rige el estado de Emergencia por Violencia contra la Mujer.