Para eludir controles, médicos exigen dos órdenes de consulta como pago

El Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) parece no encontrar la vuelta para erradicar el cobro del plus médico porque, a cada medida anunciada, los prestadores parecen hallarle rápidamente un atajo.

El mes pasado, por ejemplo, la obra social provincial tuvo que afrontar el pago de 30.000 órdenes de consulta por fuera del techo prestacional previsto con el Colegio Médico, según indicó el subinterventor del Subsidio de Salud, Ricardo Acosta. Es en ese contexto en el que el funcionario justificó la última disposición oficial, que generó numerosas quejas de los afiliados. Se trata de una fecha de vencimiento relativamente corta para las órdenes de consulta. El argumento oficial es que se buscan evitar “picardías” por parte de los médicos.

La nueva medida impide a los beneficiarios renovar de forma gratuita las órdenes de consulta vencidas y no utilizadas. La medida entró en vigencia el 16 de noviembre del año pasado y aquellas órdenes de consulta emitidas a partir del 1 de diciembre del 2016 comenzaron a tener una validez de sólo 60 días corridos. Las que habían sido emitidas antes de esa fecha, aún pueden ser utilizadas hasta el 31 de este mes. En aquel entonces, el interventor del Ipsst, Fernando Avellaneda, había explicado que la nueva medida atendía a la preocupación de que las ordenes viejas, que tenían más de dos años de antigüedad, habían sido utilizadas durante el 2016. “Suponemos que se usaron como forma de compensar el plus médico, es decir que en vez de eso se pedían dos órdenes”, había dicho.

En esta línea, Acosta manifestó que desde el año pasado se iniciaron una serie de investigaciones administrativas porque se habrían detectado “maniobras” por parte de algunas personas que se presentaron a comprar ordenes con boletas de sueldo falsas y de diferentes titulares. “Estos hechos encendieron la alarma”, expresó el subinterventor del Ipsst.

A los hechos del año pasado, se sumó una nueva complicación con uno de los principales prestadores, el Colegio Médico. “En febrero teníamos previsto con ellos 125.000 órdenes y después se presentaron al cobro 155.000. Es decir, 30.000 ordenes más que no eran del todo justificadas. Se iniciaron entonces una serie de medidas, entre las cuales está la fecha de caducidad para las órdenes de consulta”, se explayó.

Por cada orden de consulta, el Ipsst le paga al médico que presta el servicio $ 210. Las 30.000 órdenes que no estaban contempladas dentro del techo prestacional que el Subsidio mantenía con el cuerpo colegiado le significaron a la obra social un costo extra de más de $ 6 millones. En noviembre de 2015, la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y de la Seguridad Social (Atepyss) informó que los médicos facturaban por mes unos $15 millones en negro extra, sólo con las órdenes de consulta del Subsidio de Salud.

Aval sindical

Andrés Jaime, referente del gremio, ratificó aquella apreciación: “el robo es el plus médico que se cobra hace años”. El dirigente, no obstante, resaltó la labor del interventor Avellaneda. “Está llevando un combate frontal contra el plus médico”, y se comprometió a que desde el gremio ayudarán a profundizar los controles en sanatorios y consultorios. “Es una picardía que estafa a la obra social y al afiliado”, y explicó que la medida de fijar vencimiento a las órdenes de consulta es “instrumental y provisoria”. “La intención y el objetivo es combatir el cobro del plus, más allá de que ocasiona ciertas molestias”, señaló Jaime. “Los médicos se sienten más controlados ahora”, aseguró.

La queja y la desinformación de los beneficiarios no estuvieron ausentes. Desde el gremio admitieron que recibieron reclamos de afiliados por la nueva medida y manifestaron que se está trabajando en la revisión de algunos puntos de la disposición.

En septiembre del año pasado, el Subsidio de Salud había lanzado una campaña que consistía en la colocación de carteles en consultorios médicos, farmacias y todos aquellos prestadores que trabajaran con la obra social provincial -cuenta con casi medio millón de afiliados- en los que se especificaba que en ese establecimiento no se cobraba plus. La iniciativa surgió además, ante la preocupación por parte de las autoridades del Ipsst de que los usuarios no se animaran a hacer denuncias formales y los reclamos no quedaran asentados. El cobro de plus, un extra que comenzaron a percibir muchos profesionales de la salud a raíz de la crisis económica en la década del ‘80, se mantiene hasta nuestros días pese a ser una medida ilegal penada por la llamada “Ley Fierro” (Ley 6.061, sancionada en 1990).