21 Marzo 2017
WASHINGTON.- El gobierno argentino defendió ayer en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su política de derechos humanos y de respeto a la libertad de expresión. En su representación estuvieron el secretario de DDHH de la Nación, Claudio Avruj, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, y el diputado provincial, Ramiro Tizón.
La audiencia había sido peticionada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy, además del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, entre otros organismos sociales que denunciaron la represión a la protesta y la sindicalización en Jujuy.
Entre las denuncias que hicieron los peticionantes, plantearon que se somete a los trabajadores a procesos penales por defender sus derechos laborales y que el código contravencional vulnera el derecho a la protesta.
Por su parte, Miranda expresó que en Jujuy no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social y especificó que durante el 2016 se realizaron 1.191 manifestaciones de protesta, de las cuales se labraron actuaciones judiciales en el 0,75% de los casos, un total de 9 causas. En tanto, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, señaló que “la situación no se reduce a lo que pasa con Milagro Sala, a quien intentan demonizar, sino que es una situación generalizada en toda la provincia”, dijo el periodista y fue la única mención que hizo sobre la dirigente de la Tupac Amaru.
La CIDHC se encuentra trabajando en forma paralela el pedido de medidas cautelares sobre las causas del arresto y las condiciones de retención de Sala, quien se encuentra encarcelada desde enero del año pasado por varios delitos. Paulo Abrão, el secretario ejecutivo de la CIDH, había expresado a los medios que el motivo de la audiencia “tiene que ver con un contexto de represión de las protestas que ha llamado mucho la atención de las organizaciones de la sociedad civil en el país, sobre un ambiente represivo en el estado”. (Télam)
La audiencia había sido peticionada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy, además del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, entre otros organismos sociales que denunciaron la represión a la protesta y la sindicalización en Jujuy.
Entre las denuncias que hicieron los peticionantes, plantearon que se somete a los trabajadores a procesos penales por defender sus derechos laborales y que el código contravencional vulnera el derecho a la protesta.
Por su parte, Miranda expresó que en Jujuy no existe mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social y especificó que durante el 2016 se realizaron 1.191 manifestaciones de protesta, de las cuales se labraron actuaciones judiciales en el 0,75% de los casos, un total de 9 causas. En tanto, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, señaló que “la situación no se reduce a lo que pasa con Milagro Sala, a quien intentan demonizar, sino que es una situación generalizada en toda la provincia”, dijo el periodista y fue la única mención que hizo sobre la dirigente de la Tupac Amaru.
La CIDHC se encuentra trabajando en forma paralela el pedido de medidas cautelares sobre las causas del arresto y las condiciones de retención de Sala, quien se encuentra encarcelada desde enero del año pasado por varios delitos. Paulo Abrão, el secretario ejecutivo de la CIDH, había expresado a los medios que el motivo de la audiencia “tiene que ver con un contexto de represión de las protestas que ha llamado mucho la atención de las organizaciones de la sociedad civil en el país, sobre un ambiente represivo en el estado”. (Télam)
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