Alfaro frena permisos a constructoras que no cuentan con “final de obra” en sus edificios

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán no otorgará nuevos permisos de edificación a las empresas que construyeron edificios que no cuentan con el certificado de “final de obra”. La determinación se anunció cuatro semanas después de que trascendiera un informe de la Dirección de Catastro y Edificación, que relevó casi un centenar de edificios que carecen del apto.

“El municipio no otorgará más permisos para construir edificios a las empresas que son violadoras seriales del Código de Planeamiento Urbano (CPU). Llegamos a este extremo de no autorizar construcciones de estas firmas que todos conocemos, de esta sarta de inescrupulosos -por no llamarlos delincuentes-, para que no puedan construir más”, aseveró José Luis Avignone, secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad.

Avignone había dado a conocer a mediados de febrero un informe de Catastro que contabilizó 93 edificios de la capital sin el certificado de “Finalización de Obra”. Cuentan con la instalación de los servicios de agua, luz o gas y muchos, inclusive, están habitados pese a las ordenanzas vigentes. De acuerdo con el informe, remitido por el titular de Catastro, Juan Ledesma, 66 edificaciones del total están a cargo de las firmas Grandi y Mas.

Desde la Municipalidad habían culpado a la SAT, a EDET y a Gasnor por la provisión de agua potable, luz y gas a las edificiaciones sin el apto. “Tampoco puede el municipio poner un policía por cada edificio, se nos hace difícil”, había considerado el intendente Germán Alfaro. La ordenanza 4.639 establece que no pueden ocuparse los edificios que no posean el apto de “final de obra”. La multa por cada departamento o unidad habitada fuera de condiciones está fijada en 50.000 Urbanos o $ 71.500 (cada Urbano está fijado en $ 1,43). La ordenanza prevé que el valor del urbano se duplique por cada unidad ocupada con posterioridad a la primera multa. En cuanto a los servicios, la sanción a cada empresa por conexiones sin el “final de obra” asciende a los $ 35.750 (25.000 Urbanos).

Luego del primer informe, fuentes de Catastro habían remitido a este diario una planilla de informe Inspecciones Realizadas en Edificios de Altura, actualizado al 26 de agosto, en la que se consignan las faltas al CPU de más de una veintena de construcciones en altura. Entre las faltas, se destacó el caso de un edificio en San Lorenzo 1200 (Grandi) en donde se consigna que fue autorizado para siete pisos, pero lleva construidos 14.

Más controles

El titular de la Cámara de Empresarios de la Construcción Privada de Tucumán (Cecoprit), Guillermo Sobrino, aclaró que analizará el impacto de la medida anunciada por el municipio una vez que comience a aplicarse. “Me parece bárbaro que hagan todas las normas que se consideren que puedan regular el sector, pero de nada sirve si no se aplican luego”, adelantó Sobrino. El empresario aseveró que las víctimas de los edificios sin final de obra son los propietarios, que de buena fe adquirieron una unidad.

Este diario consultó a otros titulares de constructoras, que se mostraron reticentes con la medida. “Muy lindo todo pero esas empresas que construyen en la ilegalidad van cambiando de nombre constantemente. Hay que auditar con severidad”, explicó una empresaria, que pidió no divulgar su nombre.

Los riesgos de un edificio sin “final de obra”

Los edificios sin Final de Obra legalmente no pueden habitarse. Como la ordenanza se transgrede, muchos vecinos viven en edificios con garrafas instaladas en los pasillos, lo que constituye un peligro por las conexiones irregulares.

Sin el apto, el departamento o la unidad no puede escriturarse, por lo que la tenencia es precaria: es decir, nunca podrá adjudicarse la posesión del inmueble. No pueden legarse en testamento, pierden entre el 40% y el 60% de su valor. 

“¿Comprarías una moto sin papeles? Lo mismo debería pasar con los departamentos o cualquier unidad”. Así resumió Guillermo Sobrino, presidente del Cecoprit, la situación de los edificios sin final de obra. Indicó que las víctimas son los usuarios.