31 Marzo 2017
El pedido de informes de un legislador de la oposición sobre el destino del presupuesto de la Legislatura motivó una nueva presentación judicial sobre los fondos de la Cámara.
El dirigente peronista Oscar López amplió la denuncia penal por evasión fiscal contra el gobernador Juan Luis Manzur. López abrió hace más de un año una pesquisa en la Justicia federal para que se investigue el destino de $ 615 millones que entregó la Legislatura en 2015 a modo de subsidios (denominados “gastos sociales”). La causa, que comenzó a instruir el fiscal federal Carlos Brito, y en la que entiende el juez federal Daniel Bejas, aguarda por el fallo en la Cámara de Apelación Federal de Tucumán por una serie de impugnaciones interpuestas por el presidente subrogante de la Cámara, Julio Silman.
En la semana, trascendió que el radical Eudoro Aráoz había solicitado un pedido de informes al vicegobernador Osvaldo Jaldo sobre la transferencia de partidas legislativas en 2015. Según el escrito, el 21 de septiembre de ese año -un mes después de los comicios provinciales- el entonces presidente de la Legislatura y actual gobernador Manzur firmó el decreto 922-HLT-2015 que habilitó la transferencia de $112 millones que estaban presupuestados como Gastos de Personal (partida 100) para que fueran ejecutados como Asistencia Social al Personal (subpartida 151). Aráoz había solicitado los recibos que acrediten el destino de esos fondos, porque sospechaba que ese dinero haya sido empleado para la campaña del oficialismo en la provincia.
López pidió que se cite a declarar al legislador radical y que se incorpore la investigación de esos $ 112 millones por la presunta evasión al fisco nacional mediante el cobro de sobresueldos o de pagos en negro a través del sistema de gastos sociales (fue derogado desde agosto pasado, pero siguen las ayudas a personas jurídicas) a legisladores. El peronista aprovechó la ampliación de la denuncia para criticar duramente al juez Bejas y lo acusó de buscar “esterilizar la investigación y garantizar la impunidad del poder político tucumano”.
El dirigente peronista Oscar López amplió la denuncia penal por evasión fiscal contra el gobernador Juan Luis Manzur. López abrió hace más de un año una pesquisa en la Justicia federal para que se investigue el destino de $ 615 millones que entregó la Legislatura en 2015 a modo de subsidios (denominados “gastos sociales”). La causa, que comenzó a instruir el fiscal federal Carlos Brito, y en la que entiende el juez federal Daniel Bejas, aguarda por el fallo en la Cámara de Apelación Federal de Tucumán por una serie de impugnaciones interpuestas por el presidente subrogante de la Cámara, Julio Silman.
En la semana, trascendió que el radical Eudoro Aráoz había solicitado un pedido de informes al vicegobernador Osvaldo Jaldo sobre la transferencia de partidas legislativas en 2015. Según el escrito, el 21 de septiembre de ese año -un mes después de los comicios provinciales- el entonces presidente de la Legislatura y actual gobernador Manzur firmó el decreto 922-HLT-2015 que habilitó la transferencia de $112 millones que estaban presupuestados como Gastos de Personal (partida 100) para que fueran ejecutados como Asistencia Social al Personal (subpartida 151). Aráoz había solicitado los recibos que acrediten el destino de esos fondos, porque sospechaba que ese dinero haya sido empleado para la campaña del oficialismo en la provincia.
López pidió que se cite a declarar al legislador radical y que se incorpore la investigación de esos $ 112 millones por la presunta evasión al fisco nacional mediante el cobro de sobresueldos o de pagos en negro a través del sistema de gastos sociales (fue derogado desde agosto pasado, pero siguen las ayudas a personas jurídicas) a legisladores. El peronista aprovechó la ampliación de la denuncia para criticar duramente al juez Bejas y lo acusó de buscar “esterilizar la investigación y garantizar la impunidad del poder político tucumano”.
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