Largada a los alaridos del año electoral

Por Álvaro José Aurane 14 Abril 2017

En el peor de los contextos posibles, como es el drama de los miles de comprovincianos arruinados por las inundaciones, los tucumanos asistieron esta semana a la largada oficial del año electoral. Los comicios para la renovación parcial del Congreso son la clave a partir de la cual interpretar el comportamiento mezquino de las autoridades nacionales y provinciales durante la visita del Presidente a las zonas de desastre. Una incursión rodeada de episodios patéticos, como los esfuerzos chicaneros del macrismo por diferenciar la ayuda nacional de la asistencia provincial; y también de episodios violentos, como los insultos contra Mauricio Macri.

Precisamente, el Gobierno tucumano tiene que explicar los abucheos proferidos al mandatario nacional por parte de personas que, según denunció Cambiemos, no residen en los anegados territorios sureños y que aparecieron junto con legisladores y funcionarios del oficialismo.

Pero esos no fueron los únicos gritos soltados contra el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Los mismísimos funcionarios y legisladores tucumanos se encargaron de reprobar ruidosamente la visita presidencial, pero esta vez en la forma de declaraciones a la prensa. Para ellos sólo queda que Macri vino a Tucumán sin anuncios ni obras, lo que equivale a que sólo vino para la foto.

Justamente, es la clave electoral la que permite elucidar unas cuantas cuestiones en torno del último aterrizaje presidencial en territorio tucumano.
 
La banquina
Que Macri dijese en la víspera de su arribo que los tucumanos deben votar en 2019 al radical José Cano para la gobernación fue una manifestación de un oportunismo deleznable. Los inundados, antes de perderlo todo, tenían casi nada. Ya eran tucumanos acostumbrados a la indecente rutina de preparar, con la llegada de las lluvias, un atado de ropas y enseres de primera necesidad para correr a la ruta. Ya eran argentinos que cargaban toda su vida dentro de un bolso de mano. Los evacuados del sur no viven al día: viven a la hora, para saber cuándo volver a la casa arrasada enlodada; y cuándo correr a los viejos vagones del ferrocarril. No se “fueron a la banquina”, como lo hizo el Presidente dándoles instrucciones acerca de cómo votar; sino que los empujaron a las banquinas de la 157 las décadas de administraciones nacionales y provinciales convencidas de que gobernar es construir cordones cuneta y de que pagar los sueldos al día significa paz social.

En 2000, durante la gobernación de Julio Miranda, Alberto Calliera publicó una viñeta memorable en LA GACETA, en la cual aparecía un hombre arriba de un bote navegando las calles de la nuevamente inundada La Madrid, preguntando “¿Qué necesitan?” a los pobladores que aparecían dibujados arriba de los techos de las casas. Uno contestaba “colchones”, otro respondía “frazadas” y el tercero gritaba “que reformen la Constitución”. Esa misma irrealidad trasunta la idea macrista de que lo que necesitan en este momento las familias del sur, que han perdido hasta sus mascotas por los desbordes de los ríos, es pensar en los comicios que serán convocados dentro de dos años.
 
Lo que nunca los ofendió
La airada reacción del funcionariado tucumano, tan hondamente ofendido porque el Presidente no llegó cargado de anuncios y de subsidios, es una hipocresía divorciada de la memoria de corto plazo. Macri, en definitiva, ha venido a visitar en persona las zonas inundadas y a poner la cara incluso para los insultos, aun cuando la enorme parte del desastre que no es responsabilidad de la naturaleza tampoco es culpa de su administración, sino de las anteriores.

En contraste, el 10 de diciembre de 2013, cuando la Policía de Tucumán se declaró en huelga y la Provincia era un solo saqueo y decenas de comprovincianos morían en las calles, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, bailaba en Plaza de Mayo. De eso no se ofendieron los actuales funcionarios tucumanos, que ya eran funcionarios durante la gestión de José Alperovich, el gobernador que tampoco apareció por Casa de Gobierno durante el horror de esos días. Tampoco se declararon agraviados cuando la misma Policía reprimió con violencia no a los delincuentes, sino a los ciudadanos que fueron a la plaza Independencia a pedir seguridad.

Manzur, por caso, siguió siendo ministro de Salud de la bailarina de la Casa Rosada, para la cual el estallido de esta provincia no era ni remotamente un motivo para suspender su fiesta de júbilo hervido con trapo y lentejuela. De hecho, el actual gobernador siguió acompañando a la mandataria danzante durante todo 2014, porque sólo a fines de febrero de 2015 dejó el Ejecutivo nacional para volver a la vicegobernación, de la que se había ido en 2009 con abuso de licencia.
 
Más por menos
¿Por qué los que aplaudían que una jefa de Estado cante y ría mientras Tucumán se desangraba se ofenden con la visita de otro Presidente a las áreas castigadas por el agua y el desgobierno? La respuesta a ese interrogante es profundamente electoral.

Tucumán ya ha recibido de la administración nacional la ampliación de la plataforma comercial del aeropuerto, lo cual fue una gran noticia para los productores de arándanos; el aumento del 2% de bioetanol en la mezcla con las naftas, un acontecimiento histórico para la producción alcoholera; y el compromiso de no importar azúcar de Brasil, lo cual fue un bálsamo para la industria azucarera. Este último hecho, por cierto, contrasta con la eliminación de las barreras arancelarias para el azúcar de Brasil, impulsada por la presidencia de Eduardo Duhalde y frenada por el Senado en una trascendental sesión a la que Alperovich, como parlamentario por Tucumán, no asistió.

¿Qué le pidió, a cambio, la Nación a la Provincia? Algo que, en realidad, el actual gobernador prometió el 29 de octubre de 2015, antes, incluso, de que Macri fuera electo Presidente, en el balotaje del 22 de noviembre de ese año. En su discurso de asunción, Manzur se comprometió a concretar una reforma política. Cargaba con una de las mayores vergüenzas de la historia tucumana: los comicios de agosto, que fueron una enciclopedia de delitos electorales. La sospecha del uso de recursos públicos para financiar el acarreo de electores y la compra de votos con dinero y bolsones empaña esos comicios, que hasta fueron declarados nulos por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Luego, cuando LA GACETA reveló que la partida “Transferencias” del Poder Legislativo (financió durante 12 años los “Gastos Sociales” eliminados por la actual Legislatura) había pasado de $ 150 millones en 2014 a $ 600 millones en el año de las elecciones, la presunción comenzó a adquirir certeza. Ni hablar cuando, también este diario, mostró el retiro de $ 200 millones de la cuenta oficial del parlamento en valijas cargadas en vehículos oficiales.

¿Qué hizo el Gobierno tucumano con la promesa de su conductor y con el pedido del Presidente? Publicó un libro: “Tucumán Dialoga”. Fin.

Entonces, el Gobierno tucumano, que lleva 18 meses haciéndose el otario con la modificación de un sistema que permite usar la plata de los tucumanos para consagrar electoralmente la continuidad sin cambios del funcionariado, ¿pretende que la Nación le entregue $ 600 millones a seis meses de las elecciones nacionales, en nombre de los pobladores inundados del sur por los cuales ni siquiera hizo un proyecto de obra en 13 años? Hacerse los ofendidos y hasta insultar presidentes debe parecerles la mejor de las opciones, antes que ensayar cualquier explicación.

La Constitución de la Provincia establece, en su artículo 157, que “antes de la finalización del año 2006” debía ser aprobada la ley reglamentaria del sistema de voto electrónico. El artículo 158, además, da un plazo de 120 días desde la sanción de la reforma de la Ley Fundamental (operó el 6 de junio de 2006, es decir, el 6 del 6 del 6) para dictar “la Ley sobre Régimen Electoral y de los Partidos Políticos”. Manzur presidió la Convención Constituyente que alumbró ese texto y, ahora, el incumplimiento constitucional ya cumplió una década. Una década ganada sólo por el Estado de Excepción, que es la instancia en que el derecho rige pero no se aplica.

Como consecuencia de ello, seguirá siendo posible quemar urnas, vaciar urnas, refajar urnas, embarazar urnas… A lo que se suma el hecho, peligrosamente ridículo, de que Tucumán, el distrito geográficamente más pequeño de la Argentina, triplica para sus comicios provinciales el número de partidos políticos en comparación con todo el país para las elecciones nacionales. A marzo, el número de agrupaciones reconocida por la Cámara Nacional Electoral es 624. En 2015, según la Junta Electoral Provincial, compitieron en Tucumán 454 partidos con sus propias listas, más 1.657 acoples, es decir, partidos que “acoplaron” a otros sus listas de concejales  o de legisladores. La propia Junta Electoral advirtió también a la Legislatura, en su informe de diciembre de 2015, que para 2019 la cifra de partidos será de 1.051. Si ese incremento del 130% se traslada a los acoples, estos rondarán los 3.800. ¿No piensan hacer nada al respecto las autoridades provinciales?

En el oficialismo, se ve, a nadie le ofende ultrajar los mandatos de la Constitución.
 
Prueba de nombres
La largada del año electoral que supuso para Tucumán la visita presidencial de esta semana también ha echado a andar un nuevo capítulo de especulaciones políticas.

La primera de ellas es que Cano tiene ahora más chances que nunca antes para liderar la lista de candidatos a diputados del oficialismo.

La segunda es que la Nación baraja como cierta una advertencia que el propio Cano formula desde el año pasado, tal y como se avisó aquí: Alperovich quiere ser candidato y quienes lo descartan de plano “se están comiendo un amague”. La exposición mediática y publicitaria del ex mandatario fundamenta la tesis del radical. Es eso o el ex gobernador devino filántropo de la política, que gusta de mostrar sus actividades asistenciales para puro regocijo de su alma, nomás. Y “si Alperovich es candidato, Cano es candidato”, reza el mantra de Cambiemos.

La tercera es que si Cano es candidato, el manzurismo tiene que encontrar un postulante que oponerle. Como ya se ha dicho, el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, es el hombre consensuado por la troika oficialista (Manzur, Osvaldo Jaldo y Alperovich) si la oposición postula a cualquier dirigente… con la excepción de Cano. Si no va a ser Alperovich quien enfrente a su ex correligionario, ya sea porque el senador sólo se enfoca en 2019, ya porque Manzur y Jaldo prefieren que no sea él, ¿quién lo hará?

Lo que acaba de comenzar, justamente, es el período de prueba de nombres en el oficialismo. Y en esta Semana Santa (sólo a los fines espirituales), desde las más altas usinas del poder político echaron a correr un nombre. El del mismísimo Jaldo. Claro que a estas alturas de la contienda, todo lo que se propone es un ensayo. Pero las primeras reacciones han sido de sorpresa; y las segundas no han sido de rechazo.

Con ese calibre se dirimirá la batalla en las urnas.
Si esta semana se produjo la largada del año electoral, con la Nación y la Provincia a los alaridos, ya se puede avizorar que el pronóstico va a ser varias veces más catastrófico que el del inundado sur de la provincia.