Un radical planteó dudas en el uso de $ 3.930 millones

Un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) viajó a Buenos Aires para solicitar una auditoría a la Secretaría de Hacienda de la Nación sobre la aplicación por parte del Gobierno provincial de los recursos recibidos entre 2009 y 2016 por el Fondo Federal Solidario (o Fondo Soja).

“El planteo obedece a que, pese a la multimillonaria suma de dinero recibida por la Provincia por el Fondo Soja en ese período, existe una carencia en infraestructura adecuada en materia sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. La situación quedó expuesta en toda su dimensión durante las últimas inundaciones”, manifestó el legislador Eudoro Aráoz en su presentación. Y explicó que el monto total que llegó a Tucumán entre 2009 y 2016 asciende a más de $ 3.930 millones.

Aráoz requirió al organismo nacional que efectúe controles con respecto a esos recursos. Fundamentó que había solicitado en diciembre pasado, junto a algunos de sus pares de la oposición, que el gobernador Juan Manzur indique en un informe el destino de ese dinero. Según el radical, “la falta de respuestas” fue absoluta. Sin embargo, consignó que detectó presuntas maniobras irregulares en la aplicación el Fondo Federal Solidario, dado que -según la normativa que regula ese programa- las partidas presupuestarias no pueden ser transferidas a otros propósitos. “En 2015, la Provincia ha desviado recursos del Fondo Federal Solidario para destinos ajenos a los ordenados. Por ejemplo, a través del decreto provincial 2.539 de 2015, se dispuso la extracción de $ 60 millones para la ampliación y remodelación del edificio de los Tribunales (donde tiene sede la Corte Suprema de Tucumán)”, indicó Aráoz. Aseguró luego que, durante la gestión del ex gobernador José Alperovich, “se pergeñó” en la Legislatura un sistema de leyes “que permitían al PE provincial utilizar esos recursos, que correspondían a comunas y municipios, sin el debido control”.

Según Aráoz, la Provincia recibió por el Fondo Federal Solidario $ 135 millones en 2009, $ 342 millones en 2010, $ 333 millones en 2011, $ 336 millones en 2012, $ 443 millones en 2013, $ 675 millones en 2014, $ 722 millones en 2015 y $ 942 millones en 2016. “A la fecha no se sabe si el dinero recibido fue usado en su totalidad para realizar las obras de infraestructura que debían ejecutarse”, planteó el legislador radical.